(Cabo Rojo, Puerto Rico) – En una respuesta técnica de 86 páginas, la firma de arquitectura Álvarez-Díaz & Villalón contestó las objeciones del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) al borrador de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del megaproyecto Esencia, propuesto para Boquerón, Cabo Rojo. El documento, revisado por Marea Ecologista, revela una batalla técnica plagada de greenwashing (o eco impostura) sobre el destino de uno de los ecosistemas costeros más valiosos y frágiles del archipiélago de Puerto Rico.
El megaproyecto Esencia, impulsado por Cabo Rojo Land Acquisition, LLC, propone un desarrollo masivo que incluiría 530 unidades de hotel, 1,132 residencias turísticas y dos campos de golf, entre otras amenidades de ultralujo, en un área de 1,549 cuerdas (aproximadamente 6.1 millones de m²).
La zona colinda con la Reserva Natural del Bosque Estatal de Boquerón y el Refugio de Vida Silvestre Iris L. Alameda Martínez, hábitat crítico para especies en peligro de extinción como la mariquita de Puerto Rico (Agelaius xanthomus) y el guabairo (Antrostomus noctitherus), según el DRNA.
La agencia también destacó la presencia de flora endémica y en peligro como la Cobana Negra (Libidibia monosperma). Asimismo, criticó que el plano del proyecto no delimita claramente estas zonas para evitar daños durante la etapa de construcción.
Diseño controversial
Detrás del proyecto están empresarios de dudoso perfil internacional, representados por una de las firmas de arquitectura y permisología más influyentes de Puerto Rico, Álvarez-Díaz & Villalón, con oficinas en San Juan, Nueva York, Miami y Chicago.
Su estrategia está centrada en presentar a Esencia como un modelo de “desarrollo sustentable”, con certificaciones Audubon Signature Platinum y Dark Sky para sus campos de golf, generación de energía solar y un diseño que, aseguran, prioriza la conservación.
Sin embargo, la respuesta del DRNA desnuda la realidad. La agencia señala que el proyecto causaría “impactos significativos” por la pérdida y fragmentación de hábitat, especialmente para el forrajeo de las especies en peligro de extinción, como la mariquita y el guabairo.
Los arquitectos replican que las medidas de mitigación —como corredores ecológicos, la compra de terrenos para transferir al DRNA y la exclusión de algunas áreas— son suficientes y cumplen con la reglamentación.
Uno de los puntos más álgidos es la clasificación del hábitat. El DRNA alega que toda el área es Hábitat Crítico designado para la mariquita, lo que activaría una compensación de 3:1 por terreno impactado.
La firma niega esta postura gubernamental con un argumento legal: alegan que la designación copiada del USFWS de 1977 no cumple con los requisitos procesales del Reglamento 6766 del DRNA y que incluye zonas urbanizadas, por lo que es “incorrecta en derecho, infundada en hecho”.
Vaya maravilla. Los abogados y arquitectos de Esencia cacarean tener más conocimientos científicos y legales que el propio DRNA y su batería de expertos de todo tipo, entre los que figuran abogados especializados en derecho ambiental, biólogos, geólogos o personas expertas en manejo de vida silvestre, entre otros.
Oposición científica y comunitaria
Estas respuestas técnicas contrastan con las alertas reiteradas de biólogos, ecólogos y la comunidad local, documentadas y publicadas en Marea Ecologista. Científicos independientes señalan que el valor ecológico del área va más allá de la presencia puntual de especies registradas; se trata de un corredor biológico esencial para la conectividad entre ecosistemas costeros y terrestres.
La comunidad de Boquerón y organizaciones ecologistas llevan meses movilizándose. Señalan la ironía de promover el “ecoturismo” mediante el desarrollo de este megaproyecto que, en la práctica, destruiría el paisaje natural que pretende vender.
Asimismo, las comunidades alertan sobre el impacto adverso que el megaproyecto provocará a la infraestructura ya deficiente — de agua, electricidad, carreteras e internet— y la privatización de facto de la costa.
El documento de los arquitectos aborda tangencialmente esta oposición al defender el concepto de “turismo sostenible” (que no es necesariamente “ecoturismo”) y destacar la generación de empleos.
En Puerto Rico, la firma de arquitectura quiere repetir la misma receta que ejecutaron los inversionistas desarrolladores en otras jurisdicciones: grandes inversiones inmobiliarias en zonas de alto valor ecológico, con promesas de “sostenibilidad” y certificaciones verdes como Audubon International y DarkSky, cuyos estándares son criticados por ser insuficientes ante la magnitud del impacto.
Greenwashing o eco impostura, clarísima.
Según la Universidad del Entorno Construido, con sede en Inglaterra, “el lavado de imagen verde o greenwashing ocurre cuando una organización realiza afirmaciones vagas, engañosas o incluso falsas sobre sus productos u operaciones y su consiguiente impacto ambiental. […] en el contexto del entorno construido, una empresa constructora podría estar equipando sus edificios con paneles solares para intentar desviar la atención sobre el carácter perjudicial de su desarrollo para el medio ambiente”.
Persiste la preocupación de fondo: ¿puede ser realmente compatible con la conservación de ecosistemas tan frágiles un megadesarrollo de esta escala?
Dunas, cuevas y humedales: negación de impacto
Otras objeciones del DRNA incluyen la presencia de una cueva con potencial arqueológico y ecológico —que los proponentes reconocen, pero dicen que no la impactarán—, la reclasificación de dunas costeras como “remanentes antrópicos”, y el riesgo de sedimentación sobre praderas de hierbas marinas y arrecifes de coral adyacentes, considerados por la NOAA como área prioritaria de conservación.
La firma alega que su diseño ajustado “elimina por completo” el impacto a los humedales, reduce la huella de construcción y amplía zonas de amortiguamiento. No obstante, el DRNA cuestiona que incluyan campos de golf y áreas paisajísticas como “mitigación”, argumentando que estas forman parte inherente del impacto del megaproyecto.
La respuesta de Álvarez-Díaz & Villalón es un ejercicio de defensa técnica minuciosa, pero evidencia un diálogo en dos lenguajes distintos. Mientras la firma se apega al greenwashing, con una interpretación creativa —y a veces restrictiva, a conveniencia— de los reglamentos, el DRNA, científicos y comunidades apelan a un principio de precaución: el valor ecológico excepcional del área merece una protección máxima, no negociable.
Esencia no es solo un proyecto inmobiliario más; es un modelo que retrata cómo el capital extranjero —apoyado por marcos regulatorios locales laxos, funcionarios incompetentes y la corrupción gubernamental— avanza sobre territorios frágiles con un discurso de sostenibilidad que no es cónsono con la evidencia real científica y documental.
El futuro del megaproyecto ahora depende de si el DRNA y la OGPe aceptan estos argumentos o si prioriza la preservación de ecosistemas únicos de Cabo Rojo. Lo que está en juego no es solo un proyecto inmobiliario, sino la integridad de un ecosistema irremplazable y el modelo de desarrollo que Puerto Rico quiere legar a las futuras generaciones.