Este reportaje investigativo es el primero de una serie de tres que analizarán toda la trama tras la vistas públicas celebradas en Cabo Rojo
El ambicioso megaproyecto turístico-residencial que se hace llamar “Esencia”, y que promete inversiones millonarias y empleos, se enfrenta a un muro de contención de cuestionamientos científicos, legales y comunitarios en Cabo Rojo.
El recién publicado Informe de Vista Pública sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto, revela una batalla entre, por un lado el combo desarrollador, Cabo Rojo Land Acquisition LLC y Three Rules Capital, y en el costado opuesto las agencias y comunidades científicas y ecologistas de Puerto Rico.
El informe de vista pública no es una aprobación o un permiso. Es una compilación de ponencias, objeciones y respuestas. La Junta de Planificación (JP), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) deberán ahora evaluar toda esta nueva información para emitir una determinación final sobre la Recomendación Ambiental del proyecto.
“Se devuelve el caso a la División de Cumplimiento Ambiental (DECA) para que esta considere el informe sometido y los documentos habidos en el expediente. […] La DECA deberá tener en consideración los cambios que ha sufrido el proyecto, según mencionados por el proponente. La mayor parte de estos cambios se realizaron posterior a la celebración de las vistas públicas. Le corresponde a la DECA determinar cómo los cambios expresados afectan la viabilidad del proyecto y solicitarle al proponente cualquier otro documento que entiendan necesario para garantizar el cumplimiento ambiental requerido”, lee el documento firmado por los oficiales examinadores, Licenciada Viviana Pereira Santiago y Miguel Mihaljevich.
Un proyecto colosal en un ecosistema crítico
El proyecto, propuesto para 1,549 cuerdas en el barrio Boquerón, incluiría 530 unidades de hotel, 1,132 residencias turísticas, dos campos de golf, plantas de tratamiento de agua y aguas residuales; e Infraestructura vial y energética privada.
Los proponentes alegan que sólo el 21% sería destinado a construcción, mientras el resto se categoriza como “áreas abiertas”, incluyendo campos de golf y paisajismo —cuestionados como medidas de mitigación real por el DRNA y decenas de personas expertas que testificaron durante las vistas públicas.
El DRNA se expresó contundente: “Las medidas de mitigación propuestas no son aceptables (…) deben delimitarse áreas continuas sin impacto o fragmentación”. Por su parte, el desarrollador insiste en que los corredores ecológicos, los campos de golf y la compra de terrenos para conservación compensarán los daños.
Vamos a dejarlo claro. No existe tal cosa como un campo de golf ecológico. Son áreas que requieren de mantenimiento, poda, uso de insecticidas y descomunales cantidades de agua. Los campos de golf no son ecológicos, punto.
Asimismo, la ubicación del desarrollo está en una área sumamente sensitiva: colinda con el Refugio de Vida Silvestre de Boquerón, el Bosque Estatal de Boquerón y el Caño Boquerón, ecosistemas de humedales de alto valor ecológico, que podrían quedar más fragmentados si se desarrollara el megaproyecto.
Oposición científica y ecologista
El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) emitió un contundente y técnicamente detallado dictamen dentro del informe, cuestionando casi todos los renglones de la evaluación ambiental presentada por el desarrollador.
El DRNA señaló la presencia confirmada de especies de fauna en peligro de extinción crítico, como el guabairo (Antrostomus noctitherus) y la mariquita (Agelaius xanthomus), así como y la Chiriría Antillana (Dendrocygna arborea), cuyos hábitats de forrajeo y corredores ecológicos serían severamente fragmentados por el desarrollo.
El documento oficial afirma que las medidas de mitigación propuestas —como corredores ecológicos y la compra de terrenos para compensación— “no son aceptables” porque no evitan el impacto, solo intentan mitigarlo luego.
La agencia también destacó la presencia de flora endémica y en peligro como la Cobana Negra (Libidibia monosperma). Asimismo, criticó que el plano del proyecto no delimita claramente estas zonas para evitarle daños durante la etapa de construcción.
El informe señala que el terreno está designado como “Hábitat Natural Crítico” para la mariquita, lo que, según su reglamentación, exigiría una compensación de terrenos de igual o mayor valor en una proporción de 3:1, algo que el desarrollador disputa vehementemente.
La voz de la comunidad y los pescadores
La oposición comunitaria, ampliamente documentada por MareaEcologista.com y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), encuentra eco en el informe.
Varios pescadores de la zona expresaron durante las vistas públicas su preocupación por el potencial daño a la Laguna Rincón, hogar de una de las colonias de ostiones más grandes de Puerto Rico y sustento de muchas familias en esta región desde tiempos precolombinos.
El proyecto, según alegan, podría alterar los flujos de agua dulce y salada, cruciales para los ecosistemas estuarinos.
El desarrollador respondió que no impactará la laguna directamente y que sus sistemas de tratamiento garantizarán la calidad del agua, argumentos que los pescadores y el propio DRNA ponen en duda por la escala del megaproyecto y la fragilidad del entorno.
¿Autosuficiencia o catástrofe hídrica?
El proyecto planea extraer 1.25 millones de galones diarios de agua subterránea mediante pozos privados, en una zona ya afectada por estrés hídrico e intrusión salina. El DRNA advirtió: “Establecer procesos de recolección de agua a gran escala podría reducir la recarga del acuífero (…) y comprometer el suministro existente”.
“La infraestructura hídrica en Cabo Rojo –como la resto del país– no está diseñada para resistir los efectos extremos del cambio climático. La falta de inversión en modernización y mantenimiento ha dejado el sistema de abasto de agua vulnerable”, escribió Guarionex Padilla Marty, caborrojeño y del Comité para la Verdedera Esencia del Suroeste, cuando analizó esta situación en un artículo de opinión publicado por Marea Ecologista.
Dudoso historial de Three Rules Capital
La sombra de los desarrolladores se cierne sobre la polémica en Puerto Rico. Three Rules Capital, un fondo de inversión especializado en grandes desarrollos costeros de lujo, fue investigado por el Centro de Periodismo Investigativo por su trayectoria traquetera en otras jurisdicciones.
En Baja California, México, el fondo impulsó el proyecto “Costa Palmas”, un desarrollo masivo similar que enfrentó acusaciones de acaparamiento de agua, desplazamiento de comunidades locales y afectación a frágiles ecosistemas costeros y desérticos.
En Hawai, también han estado vinculados a desarrollos de alto perfil que han generado conflictos por el acceso a la costa, a recursos naturales y sitios sagrados para la cultura originaria.
La investigación del CPI reveló que “los proyectos [ de los proponentes de Esencia] fueron señalados por la destrucción de áreas naturales, la apropiación de recursos arqueológicos o la obstaculización del acceso público de los residentes a la playa. Los vecinos de varias de las comunidades impactadas denunciaron, además, el desinterés de las compañías en escuchar sus preocupaciones y propuestas para mitigar estos problemas”.
Greenwashing mondo y lirondo
En Puerto Rico quieren repetir la misma receta: grandes inversiones inmobiliarias en zonas de alto valor ecológico, con promesas de “sostenibilidad” y certificaciones verdes como Audubon International y DarkSky, cuyos estándares son criticados por ser insuficientes ante la magnitud del impacto. Greenwashing o ecoimpostura, clarísima.
Según la Universidad del Entorno Construido, con sede en Inglaterra, “el lavado de imagen verde o greenwashing ocurre cuando una organización realiza afirmaciones vagas, engañosas o incluso falsas sobre sus productos u operaciones y su consiguiente impacto ambiental. […] en el contexto del entorno construido, una empresa constructora podría estar equipando sus edificios con paneles solares para intentar desviar la atención sobre el carácter perjudicial para el medio ambiente de su desarrollo”.
Este historial de muecas e imposturas verdes alimenta la desconfianza en Puerto Rico. La promesa de un desarrollo “sostenible” y “autosuficiente” —con energía solar y plantas de tratamiento propias— es recibida con escepticismo por los grupos comunitarios y ecologistas, que señalan una brecha entre la retórica corporativa y los impactos reales sobre el terreno.
Un modelo de desarrollo en entredicho
Esencia no es solo un proyecto inmobiliario más; es un modelo que retrata cómo el capital extranjero —apoyado por marcos regulatorios locales laxos, funcionarios incompetentes y la corrupción gubernamental— avanza sobre territorios frágiles con un discurso de sostenibilidad que no es cónsono con la evidencia real científica y documental.
La bola sigue ahora en la cancha de las agencias locales, que deberán decidir si priorizan el “desarrollo” a corto plazo para unos pocos ultraricos o la protección real de un ecosistema único y las comunidades caborrojeñas que tanto dependen de su bienestar y continuidad.
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Fuentes: Informe de Vista Pública 2024-579429-REA-300560, DRNA, testimonios de vistas públicas, Centro de Periodismo Investigativo, archivos de mareaecologista.com.
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