La relación entre humanos y naturaleza se encuentra en uno de sus momentos más críticos, y el derecho, hasta ahora, ha sido insuficiente para evitar que la actividad humana continue provocando la degradación del medio ambiente.
El derecho ambiental que ha regido en gran parte del planeta, está construido alrededor del humano. Trata a la naturaleza como un bien; que para que exista ante el ordenamiento jurídico tiene que ser propiedad de alguien. Este enfoque ve la naturaleza como un recurso para la explotación que existe primordialmente para que los humanos extraigan riquezas, y se valora en función de su utilidad. Este paradigma incluye prácticas de conservación que muchas veces desplazan y excluyen conocimientos y usos tradicionales y ancestrales.
Esta visión hegemónica ha gobernado la relación entre los humanos y la naturaleza en Puerto Rico y gran parte del mundo occidental. Sin embargo, nuestras historias, mitos y leyendas, así como otras manifestaciones del imaginario colectivo, demuestran que existen formas alternas a esta relación tóxica con el entorno natural. El modelo extractivista es, en gran medida, producto de siglos de colonialismo que han dependido del ejercicio de la violencia tanto contra personas como contra la naturaleza. Por lo tanto, para poder visualizar otra relación con el entorno natural, es necesario un cambio de paradigma.
En respuesta a esta historia de explotación, que se repite por todo el planeta, ha surgido un movimiento que busca transformar nuestra relación con la naturaleza, fundamentándose en la premisa de que esta posee derechos inherentes que deben ser reconocidos y respetados. Impulsado por cosmovisiones de los pueblos indígenas, este movimiento se ha materializado en países como Ecuador, donde en 2008 se reconoció a nivel constitucional.
Destacamos algunos postulados centrales. Primero, que la naturaleza tiene derechos inherentes. Esto implica reconocer que la naturaleza es una persona como tú y yo ante la ley. Segundo, la naturaleza puede defender sus derechos. Esto puede implementarse a través de representación, de manera similar a lo que ocurre con las personas menores de edad. Tercero, si alguien le causa daños, la naturaleza puede exigir reparaciones, sin la necesidad de probar un daño a una persona humana. Fundamentalmente, la naturaleza tiene derecho a existir independiente del valor que le otorgue la humanidad.
Nuestra supervivencia depende de la integridad de los ecosistemas. Alterar significativamente alguno de sus elementos puede desencadenar consecuencias perjudiciales para toda la vida del planeta. El movimiento de derechos de la naturaleza presenta una alternativa para enfrentar esta realidad de manera profunda y sostenida.
¿Podría el Río Piedras defender su cauce ante una canalización destructiva? ¿Podría la playa Los Pozos en Cabo Rojo proteger su integridad frente a un desarrollo que amenaza su existencia?
La urgencia del momento exige que ampliemos nuestro horizonte y busquemos soluciones creativas dentro de instituciones rígidas como el derecho. El reto radica en romper con siglos de un pensamiento centrado en el humano, para adoptar una visión en la que somos una parte más del gran ecosistema planetario.