El Río Piedras

(SAN JUAN) – Grupos ambientales y organizaciones de base comunitaria alrededor de Puerto Rico han levantado su oposición sobre las prácticas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés) en el diseño e implementación de proyectos recientemente aprobados.

En reuniones celebradas en las pasadas semanas, grupos de Aguadilla, Aguada, Arecibo, Mayagüez, Rincón y San Juan, compartieron sus preocupaciones y coincidieron en que el trato de la agencia se ha caracterizado por la falta de participación pública y de análisis ambientales adecuados que incluyan las alternativas de adaptación presentadas por los residentes de las áreas a impactar. Los reclamos se extienden a la privación del derecho al acceso a la información, exclusión de las comunidades en el proceso de diseño, justificar los proyectos a base de necesidades no identificadas por las comunidades y utilizar los proyectos para promover campañas políticas e intereses privados. Entre los proyectos anunciados se encuentran canalizaciones de ríos, proyectos militares, barreras costeras y la expansión del Dragado de la Bahía de San Juan, entre otros.

“Estamos cansados de que los gobiernos federales y estatales hagan planes sin contar con el apoyo de las comunidades y en claro deterioro de nuestro ambiente. Muchos de estos proyectos están motivados por criterios electoreros y no en respuesta a lo que nuestras comunidades necesitan para realmente adaptarse al cambio climático. Para colmo, la portavoz de USACE confesó recientemente que no existen los fondos para finalizar las obras que quieren comenzar con tanta urgencia durante este año electoral”, denunció Federico Cintrón Moscoso, director y portavoz de la organización de justicia climática El Puente ELAC, quien recordó que desde el huracán María hasta la actualidad lo que se ha visto son “falsas soluciones, endulzadas con promesas de fondos que no se acaban de utilizar, mientras los problemas persisten”.

Cynthia Manfred, portavoz de la organización Guarda Río, coincidió con Moscoso Cintrón, toda vez que señaló que prácticamente ninguno de los proyectos de USACE —incluyendo la canalización del Río Piedras— han contado con un estudio riguroso que exponga los daños que provocaría al medioambiente.

“La inflada cantidad de beneficios que alega el USACE para el Proyecto de Control de Inundaciones del Río Puerto Nuevo nunca ha incluido en el cálculo de costo-beneficio los gravísimos daños ambientales y sociales a corto y largo plazo. De así hacerlo, el balance fuera tan negativo que el proyecto no sería viable. Aunque enorme y costoso (1.5 billones) la intención es sencilla: deshacerse rápidamente del agua hacia el mar. Qué importa impactar algún acuífero, destruir la ribera y matar el río (el único de San Juan), en tiempos en que los peligros de calor y sequías se acrecientan. Es como si el sentido común se perdiera entre tantos contratos, cemento y varilla augurando resultados nefastos y contraproducentes”, señaló Manfred, quien cuestionó por qué no se implementan soluciones basadas en la naturaleza, como las que se aplican con éxito en diversas partes del mundo.

El río Piedras y algunas de sus quebradas tributarias | Moebiusuibeom-en / Wikimedia.org

La lideresa comunitaria del Barrio Espinar en Aguada, Olga Vega Pérez, levantó bandera sobre la vigencia de los proyectos propuestos por el Cuerpo de Ingenieros, específicamente el de mitigación de inundaciones con diques para el Río Culebrinas que se le presentó el año pasado a las comunidades de Espinar, Victoria y Tablonal, y que fue diseñado hace más de 30 años. “Hemos informado con evidencia científica que el proyecto es obsoleto y que atenta contra la vida y seguridad de los residentes y, aun así, USACE ignora nuestros reclamos. Queremos el uso de infraestructura verde, técnicas que ellos mismos han utilizado en otros lugares, y que se cumpla con la Política de Justicia Ambiental del propio gobierno federal”, expresó Vega Pérez.

Julia Mignucci, del grupo Mayagüezanos Por la Salud y el Ambiente, en tanto, destacó que existe mucha desconfianza de parte de las comunidades ante el modo de operar del Cuerpo de Ingenieros. Dijo que la agencia federal ha llevado a cabo procesos sin la celebración de vistas públicas, como es el proyecto de la canalización del Río Guanajibo en Mayagüez, que se ha planificado a espaldas de la comunidad.

“La percepción es que no quieren que los ciudadanos conozcan los detalles de sus proyectos; nosotros tenemos que forzar a que se celebren vistas públicas. Sin embargo, en las que han celebrado se proyectan como ‘pro forma’ al presentar su proyecto ya definido. Lo que hacen es que lo informan como que ese es el proyecto que va y resisten tomar en cuenta los planteamientos de las comunidades”, denunció. Mignucci agregó que a esto se suma que los proyectos propuestos por el Cuerpo de Ingenieros —específicamente las canalizaciones— se están haciendo con datos que no son vigentes.

La portavoz del grupo mayagüezano dijo que tanto ellos como otras comunidades y organizaciones están listos para llevar sus reclamos a donde sea necesario y que no

se detendrán hasta no lograr proyectos de justicia climática y de justicia social para todos y todas. “Que sepan que las comunidades y organizaciones que llevamos años defendiendo los recursos naturales, estamos pendientes, estamos organizadas y no vamos a permitir la destrucción del país”, puntualizó.

El gerente de Programas de Surfrider Foundation en Puerto Rico, Héctor Varela, se solidarizó con las comunidades y sus reclamos e invitó al Cuerpo de Ingenieros a “evaluar las alternativas de soluciones basadas en la naturaleza para los problemas de erosión y de otras índoles ambientales que nos aquejan en el archipiélago”.

Las organizaciones y grupos mencionados se preparan para una jornada de acciones durante el mes de marzo para continuar denunciando estas prácticas abusivas de parte de la agencia y el menosprecio a los residentes de Puerto Rico y su medio ambiente. La jornada incluirá el envío de una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, solicitando reconsidere el dragado de la Bahía de San Juan hasta no hacerse una declaración de impacto ambiental.