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(SAN JUAN) –  La organización ambiental El Puente–Enlace Latino de Acción Climática (ELAC), junto a las entidades aliadas Toabajeños en Defensa del Ambiente, Sierra Club Puerto Rico y Amigxs del MAR, impugnaron ante la Junta de Planificación la otorgación del Certificado de Consistencia con el Plan de Manejo de la Zona Costanera de Puerto Rico a la compañía de gas New Fortress Energy (NFE).

La acción, presentada el pasado 17 de mayo, busca que se cancele dicha certificación y se inicie un nuevo proceso, ya que la Junta de Planificación descartó indebidamente los riesgos y peligros que supone la operación del terminal de gas fósil licuado de la compañía, que queda a menos de 450 metros de la comunidad de Sabana en Guaynabo. Las operaciones que se llevan a cabo en dicho terminal consisten de importación, regasificación, almacenamiento, traslado y distribución mediante tubería a la planta ubicada en la costa, lo que pone en riesgo la vida humana y natural de la zona.

“Este gobierno ha demostrado ser el más dañino contra el medio ambiente. Todas las agencias responsables por velar por la protección ambiental están sirviendo de alcahuetes a las compañías extranjeras que se enriquecen de la explotación y contaminación de nuestros recursos y comunidades. En lugar de fiscalizarlas, se hacen de la vista larga ante violaciones de leyes y reglamentos. Y lo hacen además restringiendo nuestros derechos ciudadanos, ignorando nuestras preocupaciones y limitando nuestra participación”, denunció Federico Cintrón Moscoso, director de la organización El Puente ELAC. 

New Fortress Energy es la compañía matriz de Genera Puerto Rico, subsidiaria que se encuentra en el proceso de privatizar la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Esta compañía, que llegó a Puerto Rico luego del huracán María, comenzó sus operaciones en el muelle de San Juan en el 2019 sin consulta de ubicación, sin declaración de impacto ambiental y sin el permiso de la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC, por sus siglas en inglés). La operación actual de la compañía es provisional debido a que está condicionada a la aprobación del permiso federal. De no otorgarse, deberán cesar. 

En este periodo, además, solicitó confidencialidad sobre documentos públicos sometidos ante FERC, los cuales son de vital importancia para las comunidades, como lo son, por ejemplo, los mapas que identifican las zonas de riesgo en caso de explosión y accidentes. La empresa, en tanto, ha incumplido sus obligaciones contractuales con la AEE de suplir el gas natural licuado.

“Con lo afectadas que se han visto nuestras costas y las comunidades que en ellas habitan en los tiempos recientes, no podemos permitir impactos adicionales así de significativos sobre este cuerpo de agua que, actual e históricamente, ha cumplido un rol tan importante para la sociedad puertorriqueña”, destacó el licenciado Gabriel Meléndez Cardona, coordinador de política pública de El Puente.

El pasado mes de enero varias organizaciones ambientales y comunitarias sometieron comentarios con sus preocupaciones sobre la solicitud de Certificación de Consistencia que hizo New Fortress Energy por ser incompatible con el Plan de Manejo de Puerto Rico. A pesar de los múltiples reclamos, la Junta de Planificación le otorgó la certificación haciendo caso omiso a los múltiples riesgos que implica su operación, entre ellas posibles explosiones.

“Los riesgos de explosión de la planta se suman a los otros contaminantes del área, donde también está el muelle de Puma Energy y la planta de energía eléctrica de San Juan 5 y 6. Todo eso está a menos de 450 metros de las comunidades, por lo tanto, es un riesgo real para las comunidades y no son especulaciones. Ya lo vimos con CAPECO en el 2009. El riesgo de explosión a las comunidades es real, así como los efectos a la vida marina y natural”, concluyó Cintrón Moscoso.