Luces

(San Juan)- La organización Sierra Club de Puerto Rico (SCPR) denuncia que el contrato de privatización es innecesario y que se necesita adoptar prácticas energéticas que enfrenten la crisis climática. SCPR exigió que la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) divulgue los detalles relacionados a los procesos para la privatización de las operaciones de generación de energía eléctrica del país. 

Maritza Maymí, Coordinadora Legislativa de SCPR, denunció que existen dos problemas fundamentales con el recién anunciado contrato para las operaciones de las plantas de generación de energía. Un problema es la falta de transparencia y participación ciudadana en los procesos de contratación, y el otro, que el contrato es totalmente innecesario.  

Maymí aseguró “el contrato de operaciones de las plantas generadoras de la AEE es innecesario porque según el Plan Integrado de Recursos (PIR) estas ya deben de estar saliendo del sistema a partir de este año; de hecho, hay plantas que ya debieron haber salido del sistema”. 

Por otro lado, cuestionó cómo era posible que la AAPP, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, la Junta de Directores de la AEE y el Negociado de Energía, volvieran a repetir “las mismas prácticas de negociación en cuartos oscuros como lo ocurrido con el contrato de LUMA”.  

Enfatizó que “cuando se negocia con los bienes del país, el Pueblo tiene derecho a conocer cuál es el trato… la gente tiene derecho a participar de los procesos y para eso se requiere que el gobierno y las agencias públicas ofrezcan información veraz y a tiempo”. 

Subrayó que “en este momento aún no conocemos a ciencia cierta cuál es el expertise, la trayectoria y los términos bajo los cuáles se dará un contrato de operación de unas plantas generatrices que ya se supone que estén en proceso de retiro del sistema energético”. 

“Una vez el Gobernador hizo el anuncio de que la Junta de la AAPP se disponía a aprobar -de forma unánime- el contrato de privatización de la generación de energía, enviamos una  comunicación al Sr. Fermín Fontanés, director de la AAPP, solicitando información sobre el  particular”, explicó Adriana González, organizadora de Base del SCPR. 

La AAPP se negó a divulgar la información al SCPR aduciendo que esta era “confidencial”. 

El licenciado Francisco Vargas, miembro de la Junta Ejecutiva de SCPR, aseveró que “la  determinación de AAFAF de no divulgar los documentos relacionados a la privatización  de la generación de nuestro sistema eléctrico atenta directamente contra el derecho constitucional de acceso a información pública que tiene todo ciudadano y ciudadana en este país”.  

Según el abogado, el pueblo tiene derecho a conocer los pormenores del acuerdo propuesto y la identidad de quien estará manejando nuestras plantas generatrices por la próxima década. También señaló que “la AAFAF se ha caracterizado por negociar contratos leoninos con entidades de dudosa reputación y pericia, de forma atropellada y a espaldas del pueblo”. 

Por otro lado, González advirtió que “ya es hora de que las personas que dirigen al país, adopten soluciones que se atemperen a nuestra realidad climática”. Puntualizó que la propuesta Queremos Sol “provee una ruta clara para crear una red eléctrica distribuida a base de energía solar. Puerto Rico puede alcanzar el 75% de energía renovable en 15 años y reducir costos de combustible a $430 millones”. 

Actualmente, el país tiene costos en combustibles que superan los $1.4 mil millones. 

González hizo un llamado al Gobierno de Puerto Rico para que no siga comprometiendo fondos públicos en la contratación de compañías de combustibles fósiles. 

“Es inconcebible que el gobierno insista en combustibles fósiles que están atados a precios de mercados y dependen de la importación cuando tenemos el recurso solar en la isla”. 

Según explicó González, los estudios de Queremos Sol comprueban que la combinación de energía solar fotovoltaica, adiciones de batería y retiros de generadores fósiles son viables y más costo efectivo para el País. 

Los portavoces de SCPR fueron enérgicos en su rechazo a cualquier tipo de privatización de los activos y bienes del Pueblo de Puerto Rico, así como también de todo proceso que le falte a la transparencia y a la participación ciudadana.  

Emplazaron a la AAPP a que haga pública toda la información relacionada a esta contratación antes que se firme el contrato, y al Gobierno de Puerto Rico a que dé paso a la Propuesta Queremos Sol