El escenario ambiental en Puerto Rico requiere una fiscalización rigurosa fundamentada en el análisis de datos, expedientes y fuentes comunitarias fidedignas. Las dinámicas de desarrollo desregulado, la falta de cumplimiento legal y reglamentario, sumado a la concesión de exenciones contributivas sinuosas, dan como resultado una crisis sistémica.
Aquí documentamos los cinco conflictos ambientales principales que captan la atención investigativa y ciudadana en el archipiélago de Puerto Rico.
Te ofrecemos un repaso a la contaminación industrial -desatendida por décadas- de los emporios multinacionales farmacéuticos; la privatización y usurpación de bienes de dominio público en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), por personas relacionadas al gobierno colonial de Puerto Rico, para el establecimiento de empresas de alquileres vacacionales a corto plazo (AirBNB); un vistazo a un proyecto en Cabo Rojo que sirve como muestra de los megaproyectos turísticos de ultralujo que afectan la frágil biodiversidad del territorio, la conectividad entre ecosistemas y amenazan con drenar los recursos del suelo y agua para unos pocos, mientras acelera el desplazamiento comunitario en todo el archipiélago; el limbo y la inacción administrativa que caracteriza el manejo de las cuevas y cavernas; y el bochornoso y cruel manejo del Centro de Manejo de Especies Exóticas del DRNA, en el Bosque Estatal de Cambalache, en Arecibo, retrato del colapso institucional de la agencia gubernamental.
1. Contaminación industrial: el récord de las farmacéuticas
Más allá del discurso oficial sobre el desarrollo económico, la manufactura industrial evidencia graves deficiencias de cumplimiento ambiental. Una investigación a cargo de una ONG que investiga la intersección entre la deuda de los países y los derechos humanos (Hedge Papers) publicada en Marea Ecologista, y que no fue reseñada en ningún otro medio, reveló que una de cada tres empresas farmacéuticas que opera en Puerto Rico fue emplazada por la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA) por crímenes ambientales en un periodo de tres años.
Estos hallazgos evidencian una degradación constante de los ecosistemas -sobre todo los acuíferos subterráneos- y levantan cuestionamientos serios sobre la voluntad de las agencias estatales y federales para exigir mitigación y supervisión estricta a un sector con un impacto profundo en los ecosistemas de Puerto Rico y sus comunidades.
2. Privatización costera y alquileres a corto plazo
El escrutinio sobre el uso de la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT) deja al descubierto la proliferación de infraestructuras irregulares. Un caso representativo documentado e investigado en exclusiva por nuestra redacción involucra propiedades de alquiler a corto plazo vinculadas a Anthony Pierluisi Rojo, hijo del entonces gobernador Pedro Pierluisi.
A través de la empresa Silver Beach LLC, propiedades como “Tu Casa at Mary Lee ‘s by the Sea” en Guánica operan muelles que, según confirmó el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. (USACE, por sus siglas en inglés), carecen de los permisos requeridos bajo las leyes federales de Agua Limpia y de Ríos y Muelles.
Aunque las propiedades cambiaron de anfitrión en plataformas como Airbnb, la titularidad y las usurpaciones en bienes de dominio público persisten.
3. El megaproyecto Esencia en Cabo Rojo
En el suroeste de Puerto Rico, el megaproyecto turístico-residencial Esencia propone construir hoteles, cientos de residencias de lujo, una escuela, centro artístico, al menos dos campos de golf y un aeropuerto privado en el sector Los Pozos, entre los barrios El Combate y Boquerón.
El choque entre la protección vital de la biodiversidad endémica y la agenda de incentivos gubernamentales de manejos dudosos hace del megaproyecto Esencia una controversia crítica en relación a los usos del territorio y los bienes naturales, como el suelo y las aguas.
4. Inacción administrativa y el vacío regulatorio de las cuevas y cavernas
La vulnerabilidad de los ecosistemas subterráneos ejemplifica la histórica inacción gubernamental. El Parque de las Cavernas del Río Camuy y diversos sistemas de cuevas, como la Reserva Natural Marina y Arqueológica Cueva del Indio, operan en un limbo administrativo.
El DRNA lleva casi cuatro décadas sin aprobar el reglamento requerido por la Ley 111 de 1985 (Ley para la Protección y Conservación de Cuevas, Cavernas o Sumideros de Puerto Rico). Esta omisión regulatoria impide la protección ideal y formal del drenaje natural, los ecosistemas kársticos y los invaluables yacimientos arqueológicos frente a las presiones urbanísticas y la especulación inmobiliaria.
5. Retrato del desmantelamiento vergonzoso: el Centro de Especies Exóticas
La precarización del DRNA se refleja con claridad en la gestión operativa de sus propias instalaciones. El Centro de Detención de Especies Exóticas en el Bosque Estatal de Cambalache, Arecibo, por ejemplo, opera bajo condiciones documentadas como insalubres.
Las investigaciones de Marea Ecologista revelan espacios en ruinas y hacinamiento de reptiles. Tan reciente como en julio de 2026, nuevas denuncias ciudadanas reiteraron la falta de supervisión de agencias de federales y estatales seguridad ocupacional y del liderato del DRNA, confirmando un patrón de negligencia que compromete tanto el bienestar animal como las condiciones laborales del personal de la agencia.
La fiscalización del bienestar de los ecosistemas del archipiélago de Puerto Rico exige rigor documental y pensamiento crítico, lejos de la retórica inconsecuente y la militancia convertida en espectáculo, para acumular likes, seguidores y “monetizar”, mientras se desinforma con harto histrionismo.
Informar con hechos precisos y ejercer el pensamiento crírtico es nuestra mejor arma. Nuestra marca y compromiso.
Referencias de investigaciones publicadas en Marea Ecologista
5. Centro de Detención de Especies Exóticas DRNA: un lugar cruel entre ruinas y cachivaches (Febrero 2023); Denuncia ciudadana expone condiciones asquerosas e insalubres en el Centro de Detención de Especies Exóticas del DRNA en Arecibo (Julio 2026).
