En Puerto Rico, cada ley, reglamento y licencia profesional debería tener un mismo fin: proteger el interés público. En planificación y ambiente, esto significa salvaguardar nuestras costas, ríos, humedales y montañas frente a un desarrollo que, si no se maneja con cuidado, puede hipotecar el futuro del país. Sin embargo, la reciente Ley 102-2025, que permite el reconocimiento automático de licencias profesionales emitidas en los Estados Unidos, amenaza con vaciar de contenido nuestro sistema ambiental, sumándose a una tendencia preocupante de flexibilización que ya se ve en el Reglamento Conjunto 2023 propuesto.
Esta ley se presenta como una fórmula para la movilidad laboral y el desarrollo económico. Pero bajo esa narrativa se esconde un riesgo enorme: profesionales que desconocen nuestras leyes, reglamentos y realidades ambientales ahora podrán ejercer sin restricciones. Un ingeniero o planificador de Texas podría firmar un proyecto en la zona marítimo-terrestre de Rincón sin entender cómo operan las marejadas del Caribe, la Ley de Costas de Puerto Rico o la protección de los hábitats de tinglar.
Cuando se combinan esta apertura con el Reglamento Conjunto 2023, la situación se vuelve una tormenta perfecta:
- Menos requisitos de permisos y consultas ambientales.
- Menos participación ciudadana y fiscalización.
- Profesionales sin arraigo ni comprensión del territorio.
El resultado es claro: un país donde los desarrollos avanzan con “vía rápida” mientras la planificación, la ética profesional y la protección ambiental quedan rezagadas. Y lo peor es que esto sucede con aplausos institucionales, como si estuviéramos en aquella escena de Star Wars, donde las decisiones más riesgosas se reciben con “thunderous applause”, sin medir su impacto real.
El andamiaje ambiental de Puerto Rico se ha construido a fuerza de experiencia y dolor: de inundaciones que arrasan comunidades, de deslizamientos en zonas mal urbanizadas, de playas que desaparecen por proyectos que nunca debieron aprobarse. Cada requisito técnico —desde las Declaraciones de Impacto Ambiental hasta las consultas de ubicación— existe para evitar que repitamos los mismos errores. Pero si tratamos las licencias como simples papeles transferibles y convertimos el Reglamento Conjunto en un catálogo de atajos, estamos desmantelando la protección que nos queda.
Más grave aún es el impacto sobre la justicia ambiental. Las comunidades más vulnerables —barrios costeros, zonas rurales y residenciales históricamente marginados— ya cargan con la mayor exposición a riesgos: erosión, contaminación y falta de infraestructura adecuada. Las flexibilizaciones no las protegen; al contrario, abren la puerta para que se concentren más riesgos en quienes menos voz tienen. Dicho en lenguaje popular: “Al pobre, hasta la brisa le tumba el rancho.”
También hay una dimensión colonial que no podemos ignorar. Al aceptar licencias foráneas sin exigir integración local, enviamos un mensaje: nuestros estándares son secundarios. Es como si dijéramos que lo que importa es lo aprobado en Florida o Nueva York, aunque ignore nuestras leyes de política pública ambiental, el Plan de Uso de Terrenos o la fragilidad de nuestras cuencas hidrográficas.
Puerto Rico necesita movilidad profesional y desarrollo económico, sí, pero no a costa de entregar nuestra soberanía ambiental y vaciar de sentido nuestras protecciones. Si vamos a abrir la puerta a talento externo, debemos exigir tres cosas básicas:
- Registro local obligatorio en su junta o colegio profesional.
- Educación continua sobre leyes y reglamentos ambientales de Puerto Rico antes de ejercer.
- Mecanismos de fiscalización y transparencia para garantizar que el talento externo fortalezca, y no debilite, nuestro andamiaje ambiental.
En planificación, la sostenibilidad no se logra con atajos. Abrir paso a licencias foráneas sin salvaguardas, sumado a reglamentos que facilitan el desarrollo sin rigor, nos deja en un escenario donde el interés económico inmediato pesa más que la resiliencia a largo plazo. Como dice la sabiduría popular: “Pan para hoy, hambre para mañana.”
Si queremos un futuro viable para Puerto Rico, necesitamos políticas públicas que equilibren desarrollo y protección ambiental, fortaleciendo nuestro sistema de planificación en lugar de desmantelarlo. La verdadera modernización no se celebra con aplausos atronadores, sino con decisiones valientes que pongan primero el bienestar colectivo y la integridad de nuestro territorio.