Más de 70 organizaciones civiles puertorriqueñas llevaron sus denuncias ante el Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): el modelo de desarrollo impuesto al archipiélago no es más que una fachada para el saqueo sistemático de los ecosistemas de Puerto Rico y el desplazamiento de comunidades enteras, con la Junta de Control Fiscal como pieza clave de un engranaje colonial que se intensifica sin freno.
El emblema de esta lógica depredadora es el megaproyecto Esencia, promovido en Cabo Rojo por las firmas extranjeras Reuben Brothers y Three Rules Capital, según las denuncias reseñadas por un reportaje publicado en el portal de Noticias ONU.
La doctora Beatriz Llenín Figueroa, portavoz de la coalición Defiende a Cabo Rojo, lo definió sin ambages como “un asentamiento neocolonial y enclave billonario”.
No es para menos: el gobierno local ya ha otorgado más de 500 millones de dólares en exenciones contributivas para un proyecto que privatizará playas públicas, extraerá agua en plena escasez crónica, fragmentará un bosque seco con especies endémicas, nativas y migratorias en peligro de extinción y profanará sitios arqueológicos.
Colonialismo como estructura de despojo
El doctor Oscar Ocasio, psicólogo con dos décadas de trabajo comunitario, situó estos procesos en su verdadera dimensión: “La privatización se presenta como desarrollo, pero en la práctica significa desplazamiento, pérdida de territorio y expulsión silenciosa de comunidades”.
Ocasio denunció además que, en lugares como La Parguera, reserva natural protegida, “los privilegios del poder político parecen tener más protección que los recursos naturales”. “Puerto Rico no es un experimento imperial. Puerto Rico no es una finca de inversionistas”, sentenció.
Por su parte, Jason Cruz, representante de la diáspora, resumió la situación con certeza: “Puerto Rico está siendo tratado como una mercancía en lugar de como una nación con un pueblo, una cultura y el derecho a determinar su propio futuro”.
Sin tierra no hay soberanía alimentaria
Katherine Martínez Medina, del colectivo agroecológico La Colmena Cimarrona, en Vieques, puso el foco en la dependencia alimentaria: Puerto Rico importa el 85% de los alimentos que consume como resultado de décadas de políticas coloniales.
En Vieques, la ocupación militar estadounidense destruyó la agricultura, la pesca y la ganadería locales, y hoy sus comunidades intentan reconstruirlas en medio del abandono gubernamental y la especulación.
“Sin soberanía alimentaria no hay autodeterminación. Sin acceso a la tierra no hay soberanía alimentaria”, afirmó Martínez Medina, exigiendo la descontaminación y devolución de las tierras agrícolas a las comunidades viequenses.
El Comité de Descolonización aprobó por 44 vez una resolución que reconoce el derecho de Puerto Rico a la libre determinación e independencia, pero los peticionarios denuncian que la Asamblea General de la ONU sigue sin reabrir el caso.
Mientras tanto, el capital extranjero avanza, los ecosistemas sufren, las comunidades pierden tierra y agua y el colonialismo sigue con su refrito maquillado de “progreso”.