(San Juan, Puerto Rico) – La organización de justicia climática El Puente Puerto Rico radicó hoy una demanda en el Tribunal de San Juan contra la Comisión Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático (Comisión Conjunta). La acción responde al incumplimiento de su deber legal de presentar el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático (PMARCC) al Senado y a la Cámara de Representantes antes del cierre de la sesión del 30 de junio de 2025, como establece la Ley 33-2019.
Previo a esta acción legal, El Puente Puerto Rico envió una carta formal a líderes legislativos miembros de la Comisión Conjunta en la que se les informó sobre su incumplimiento y se exigió la presentación del plan. La comunicación nunca fue respondida, pese a que la Comisión Conjunta tuvo más de un año para actuar desde que recibió el PMARCC en abril de 2024.
“Puerto Rico es uno de los territorios más vulnerables al calentamiento global, y cada día sin un plan aprobado es un día más de riesgo para nuestras comunidades, para nuestra salud, seguridad y bienestar colectivo. No puede haber más excusas ni dilaciones. La ley es clara y no se cumplió”, expresó Federico Cintrón Moscoso, director de El Puente Puerto Rico.
Con esta demanda, la organización de justicia climática busca reafirmar la urgencia de la aplicación de la Ley 33-2019 en el contexto de la emergencia climática que vive el archipiélago y exigir su cumplimiento que requiere la creación de un plan cuya aprobación debió ocurrir hace años.
“Esta demanda es una herramienta de exigencia jurídica ante la inacción de la Comisión. El marco legal es claro: el plan tenía que haberse presentado a los cuerpos antes del cierre de la pasada sesión legislativa que culminó el 30 de junio de 2025. No se hizo. Por eso acudimos al tribunal”, explicó la licenciada Ninoshka G. Picart Pérez, abogada ambiental y de cambio climático, y parte del equipo legal del Programa de Política Pública de El Puente Puerto Rico.
El historial del PMARCC está marcado por atrasos injustificables. La Ley 33-2019 requería la creación del plan en un año. Debido a que esto no sucedió, en mayo de 2022, El Puente Puerto Rico, a través de la representación legal que le proveyó el Resiliency Law Center (RLC), presentó y ganó un mandamus para obligar su creación y entrega a la Comisión Conjunta. No fue hasta el 22 de abril de 2024 que el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC) lo sometió formalmente a la Comisión Conjunta, con la intención de que se aprobará lo antes posible.
Desde entonces, esta comisión no ha priorizado ni presentado el plan ante el pleno legislativo. Cabe destacar que el CEACC, así como otros sectores, también se pronunció sobre la importancia de que el plan se presentara antes del 30 de junio de 2025. En una vista ejecutiva celebrada el pasado 22 de julio de 2025, El Puente Puerto Rico advirtió a la Comisión que estaban violando la Ley 33-2019 al no cumplir con la fecha límite dispuesta en dicho estatuto. Aun así, el plan sigue sin aprobarse, dejando al país sin una estrategia sistémica para enfrentar los efectos crecientes de la crisis climática.
“Es alarmante que, en un contexto donde más del 80% de nuestra población vive en condiciones de alta vulnerabilidad climática, la Comisión continúe actuando como si no existiera emergencia alguna. Las consecuencias están documentadas: calor extremo, erosión costera, una temporada de huracanes más activa, y una infraestructura aún frágil. Cada día sin el PMARCC es un día de riesgo acumulado para nuestras comunidades”, reiteró Mónica Hernández Flores, coordinadora de Campaña del Programa de Política Pública de El Puente Puerto Rico.
La organización recordó que el PMARCC cuenta con respaldo técnico, social y económico. Diversos informes, como el de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) y el CEACC, han destacado tanto la urgencia como los beneficios económicos de aprobar el PMARCC.
Por ejemplo, la OPAL estimó que por cada dólar invertido en resiliencia climática, Puerto Rico podría ahorrar hasta $6 en recuperación posdesastre, lo que equivale a $160 mil millones en beneficios. Por su parte, el CEACC estimó en su informe de 2024 que la inacción podría costarle a Puerto Rico $379 mil millones en pérdidas de Producto Interno Bruto (PIB) al 2050 si la temperatura global aumenta 2°C por encima de los niveles preindustriales. De igual forma, el informe de inventario de gases de efecto invernadero (GEI) de 2021 advirtió que Puerto Rico necesita un plan climático detallado, con medidas específicas y aplicación acelerada, para alcanzar la reducción del 50% de emisiones exigida por ley para este mismo año. Sin embargo, informes recientes estiman que esa meta no se cumplirá, debido a la expansión de contratos e infraestructura de combustibles fósiles y la falta de fiscalización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), que no ha publicado inventarios anuales desde 2021.
“La adaptación climática no puede convertirse en un balón político que se sigue pateando sin atenderse. Como organización, continuaremos fiscalizando y reclamando transparencia, rendición de cuentas y voluntad política para proteger a las generaciones presentes y futuras. Seguiremos luchando hasta alcanzar la justicia climática que merecemos”, concluyó Cintrón Moscoso.