El Frente Amplio de Acción Social (FAAS), colectivo multisectorial integrado por personas expertas en la construcción social en Puerto Rico, alertó hoy a la ciudadanía sobre las amenazas y consecuencias para la democracia la postura intransigente asumida por el senador Thomas Rivera Schatz, presidente del Senado, al afirmar que aprobará el proyecto que establecería la ¨Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico¨.
La medida, de la autoría de Rivera Schatz y cuyas coautoras son las senadoras Brenda Pérez Soto (PNP), Karen M. Román Rodríguez (PNP) y Joanne Rodríguez Veve (PD), define como libertad religiosa como ¨la realización o el rechazo a realizar cualquier acto externo que sea motivado por una creencia religiosa sincera, sin importar que el mismo sea o no obligatorio, o medular, o central a un sistema oficial de creencias religiosas¨.
Aunque el FAAS reconoce la importancia de la libertad religiosa como un derecho fundamental, garantizado por la Constitución de EE.UU. y Puerto Rico, que también establece la separación de Iglesia y Estado, la medida no es necesaria por no representar un asunto urgente ni medular.
“Recordemos que en mayo pasado la Legislatura -de mayoría PPD- aprobó por descargue un proyecto similar, por lo que nuestro reclamo incluye al pleno en Senado y Cámara”, explicó la Dra. Migna Rivera García, pasada presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico y directora del Programa Consejería en Sicología en la Universidad Carlos Albizu.
Este proyecto representa un nuevo intento del Estado para establecer como política pública protecciones que no representan un problema para nuestra sociedad. Rivera García destacó que los efectos de esta enmienda al estado de derecho vigente mediante la imposición de criterios enmarcados en interpretaciones sujetas a las creencias de las distintas denominaciones religiosas del País.
“Planteamos que la espiritualidad de las personas es inviolable, y que debe ser un derecho inalienable que cobije a toda la ciudadanía de Puerto Rico. Alertamos sobre los riesgos de imponer un estatuto de esta índole en nuestra sociedad, que lo que anhela es construir y normalizar la paz, solidaridad y desarrollo socioeconómico”, reiteró la Dra. Rivera García.
“Alarma profundamente el trámite legislativo de esta medida radicada por el Presidente del Senado, pues imposibilita que este proyecto sea objeto de un debate amplio, público y democrático entre el pueblo en su diversidad y la Legislatura, en el que se escuchen todas las voces y se tomen en cuenta las diversas perspectivas”, afirmó Rivera García. “Por ello, reclamamos a Rivera Schatz y al Cuerpo Legislativo que desempeñen su rol en cumplimiento del estado de derecho fundamentado en la democracia. El proceso legislativo debe ser inclusivo, en el que participen sectores representativos de quienes defendemos nuestros derechos ya alcanzados”, añadió.
La Dra. Rivera García enfatizó que importantes sectores de nuestra sociedad han expresado su alarma y rechazo a este proyecto. El Colegio de Abogados y Abogadas, su Comisión para Combatir el Discrimen por Orientación Sexual del CAAPR, así como múltiples entidades y organizaciones representativas de sectores muy diversos han alertado sobre los riesgos de aprobar una medida de esta índole. “Enfrentamos una emergencia a causa de la violencia como consecuencia de desatender sus raíces, impulsar medidas que propicien discrepancias abonará a agudizar nuestra crisis. Atender nuestra crisis social merece abordajes humanizados y consensuados, que armonicen nuestra convivencia”, finalizó.