(Isabela)- La organización Surfrider publicó en enero su informe anual sobre el estado de las playas en Estados Unidos y sus territorios, en el cual destaca que Puerto Rico cuenta con un manejo “bastante deficiente” de sus costas, donde persiste la minería ilegal de arena en desembocaduras de ríos, playas y dunas, y los permisos concedidos para nuevas construcciones aumentaron de manera rampante en un 239%.
El Informe sobre el Estado de las Playas 2023, publicado por la organización ambientalista Surfrider, sitúa a Puerto Rico entre los estados y territorios con las peores clasificaciones, algunos de ellos archiconocidos por sus pésimas políticas ambientales, favorecedoras de la producción de combustibles fósiles, como los estados del entorno del Golfo de México, o los cercanos a los Grande Lagos, donde hay una gran actividad industrial y agrícola que provoca efectos negativos a los ecosistemas costeros.
Como contraste, el archipiélago de Hawái, que podría ser el territorio más comparable con Puerto Rico, obtuvo una clasificación de ‘B’. Diez estados (de ocho en el pasado informe) subieron su clasificación a ‘B’ o ‘A’, destacándose el estado de Washington que alcanzó la clasificación más alta, gracias a una serie de políticas que han mejorado la manera en la que el gobierno y las comunidades responden y se adaptan al cambio climático.
De los 31 estados y territorios analizados, 21 obtuvieron una clasificación de ‘C’ o menor, grupo en el que está Puerto Rico con su bochornosa ‘D’.
“Al ser la isla un destino muy codiciado, la infraestructura basada en el turismo suele desplazar a las comunidades locales y a la fauna. Actualmente hay múltiples proyectos en desarrollo, incluida la construcción de una urbanización cerca de la Reserva Marina Tres Palmas, que está contaminando humedales costeros”, dice el informe.
“Es imperativo que la isla refuerce su normativa en materia de desarrollo, ya que una vez desaparezcan los recursos naturales, desaparecerá también la industria turística”, advierte el documento de Surfrider.
No deja de ser una ironía el contexto en el que se publica este informe tan adverso para Puerto Rico, justo al filo de que el archipiélago sea anfitrión, del 22 de febrero al 2 de marzo, de la última parada clasificatoria para las Olimpiadas de París 2024, del International Surfing Association (ISA) World Surfing Games.
“Puerto Rico es reconocido como un destino de surf de clase mundial y, a lo largo de los años, ha sido sede de numerosas e importantes competencias internacionales de surf. Nos sentimos honrados de colaborar una vez más con ISA, para apoyar el sistema de clasificación olímpica y, de paso, mostrar los picos menos conocidos de los alrededores de la ciudad de Arecibo, en la costa norte de la isla”, dice el banquero Richard Carrión, director ejecutivo local del evento, en un comunicado oficial de ISA, cuyas instituciones bancarias son las que precisamente financian muchos de los desarrollos, residenciales y turísticos, que tienen consecuencias adversas sobre los ecosistemas costeros.
Incluso, luego del paso del huracán María, en Puerto Rico incrementó la vulnerabilidad de la población e infraestructura ante eventos ciclónicos o de marejadas, según reveló el Proyecto del Estado de las Playas Post María, del Instituto de Investigación y Planificación Costera (CoRePI-PR), adscrito a la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras.
“Los municipios con mayores secciones de migración de línea de costa hacia tierra adentro para este periodo fueron: Vieques, Cabo Rojo, Arecibo (énfasis nuestro), Humacao, Isabela, Vega Baja, Fajardo, Luquillo, Loíza y Hatillo”, explicó entonces la doctora Maritza Barreto Orta, investigadora principal, cuando se presentó el estudio liderado por CoRePI-PR en diciembre del 2022, que le sugería al gobierno que declarara a los ecosistemas marinos como infraestructura crítica para frenar la pérdida de playas.
Otro reclamo ciudadano y científico que ha sido ignorado por las personas que rigen el gobierno de Puerto Rico.
“Puerto Rico aún no cuenta con un plan de manejo de arenas, a pesar de llevar años intentando desarrollarlo. La última reunión regional documentada sobre manejo de arenas se celebró en 2016. Se necesita urgentemente un manejo robusto de sedimentos, ya que la isla lucha contra la extracción ilegal de arena en las desembocaduras de los ríos, las playas y las dunas”, explica en otro apartado el informe de Surfrider.
El documento también señala que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) inició -a partir del 2019- talleres, consultas públicas y anunció que ofrecería financiamiento para infraestructura verde y proyectos de restauración costera. Sin embargo, Puerto Rico no cuenta con estatutos y leyes que restrinjan la construcción o reparación de infraestructura gris en las costas, y que incluso tras el paso del huracán María se dieron permisos de emergencia para reparar estructuras.
“La evaluación es la realidad que vivimos, lamentablemente. En este caso, al compararla con las dinámicas de los estados costeros, que están tomando acción, versus las que no se toman en Puerto Rico. La necesidad de que haya más apoyo y respaldo de parte del gobierno y que sea algo continuo, que no sea de cada cuatro años, que sea un plan de país. Y la unificación de los esfuerzos gubernamentales con los que están realizando organizaciones a nivel de todo el archipiélago. Un plan de estado, concreto”, comenta Héctor ‘Tito’ Varela, gerente de programa de Surfrider Puerto Rico, la institución que precisamente la semana pasada lideró una iniciativa para restaurar dunas costeras en la Reserva Natural Comunitaria Mabodamaca, en Isabela utilizando pinos navideños.
Uno de los apartados del informe de la organización respalda este argumento de Varela, cuando señala que, “aunque los investigadores y científicos locales están trabajando para restaurar las dunas y arena en 21 playas de la zona norte, no se trata de una iniciativa que abarque toda la isla”.
Y sobre el tema de los permisos de construcción en zonas costeras sensitivas, “el sistema como se ha trabajado no está siendo evaluado y eficiente. El mejor ejemplo es Aguadilla, el manejo de la bahía o el desarrollo The Cliff, donde las irregularidades están por todos lados. Sin embargo, esta gente (los desarrolladores) tienen permisos, que, a toda luz, y ante el análisis de científicos expertos que han evaluado aquello indican que hay irregularidades y debe de detenerse”, añade Varela, sobre el desarrollo que aún continúa pese a los esfuerzos comunitarios que incluyen recurrir a los tribunales, e invertir de su dinero y esfuerzo, para buscar un remedio judicial que le cancele todos los permisos a The Cliff.
En el único renglón en el cual Puerto Rico obtiene una evaluación positiva es en la preparación y desarrollo “de una evaluación colaborativa sobre la resiliencia costera, con un análisis bastante sólido sobre la exposición de las comunidades, los peces y la fauna silvestre, y la identificación de ‘núcleos de resiliencia’ a los que dar prioridad para su protección y restauración. El informe incluye una cartografía y evaluación de los riesgos derivados tanto de la subida del nivel del mar como de las inundaciones. El Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico también ha avanzado mucho en la lucha contra el cambio climático, estableciendo grupos de trabajo sobre temas específicos y desarrollando una evaluación de la situación socioeconómica de la isla y una evaluación de las vulnerabilidades socio ecológicas al cambio climático”.
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