(San Juan) – El incremento de los alquileres vacacionales a corto plazo en Puerto Rico ha provocado una crisis de vivienda, caracterizada por una escasez de unidades asequibles, aumento de inquilinos con rentas onerosas y más de 300,000 unidades perjudicadas por tormentas, huracanes y terremotos desde el 2017, según un informe preparado por un grupo de investigadores de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y el Centro para la Nueva Economía (CNE).
En medio de este escenario sombrío de la vivienda, la controversia aún sin resolverse sobre el crecimiento de los alquileres a corto plazo (ACP) en Puerto Rico se ha ido intensificado con el tiempo.
Por un lado, los ACP, las plataformas digitales como Airbnb, son catalogadas como un motor de desarrollo económico local en un archipiélago asediado por una larga crisis económica y fiscal.
Por otro lado, varias comunidades y organizaciones de base comunitaria en Puerto Rico argumentan, usualmente con evidencia concreta, que la expansión rápida de los ACP fomenta la gentrificación y el desplazamiento residencial en sus comunidades.
“Los alquileres a corto plazo claramente tienen un efecto adverso sobre la asequibilidad de la vivienda, además que fomentan la acaparación y especulación de propiedades”, dijo el profesor Raúl Santiago Bartolomei en una conversación con Marea Ecologista.
El informe preparado por los profesores e investigadores Raúl Santigo Bartolomei, de la Escuela Graduada de Planificación de la UPR y Deepak Lamba Nieves, del CNE, junto a los asistentes de investigación, Enrique Figueroa, de la UPR, e Ysatis Santiago, de Boston University, provee un análisis detallado de la actividad de ACP en Puerto Rico y atiende varios de los reclamos hechos por distintos grupos, a través de un análisis que se enfoca en: la efectividad de los ACP en proveer oportunidades económicas para dueños de hogares necesitados; y sus efectos sobre los mercados y la asequibilidad de la vivienda.
“Nuestro estudio subraya lo que numerosas comunidades han reclamado por largo tiempo: el crecimiento desmedido de los alquileres a corto plazo está teniendo efectos adversos sobre el acceso a la vivienda asequible en el área metropolitana de San Juan”, añadió Deepak Lamba Nieves del CNE.
Asimismo, el equipo de investigación hizo una revisión de la literatura sobre posibles regulaciones para los ACP para entender mejor cómo políticas específicas pueden ayudar a atender los impactos a los mercados de vivienda.
“Esta situación amerita atenderse y reglamentarse, según las mejores prácticas observadas en otras ciudades. No obstante, ningún esquema reglamentario de alquileres a corto plazo es sustituto de una política pública de vivienda que asegure vivienda digna y asequible en Puerto Rico”, explicó Santiago Bartolomei.
Los hallazgos del estudio hacen eco de las tendencias evidenciadas alrededor del mundo. El análisis arrojo los siguientes resultados:
- El mercado de los ACP está cada vez más concentrado, profesionalizado y comercializado, con anfitriones que tienen múltiples espacios registrados para este tipo de alquiler, quienes acumulan una cantidad desproporcional de propiedades e ingresos. Esto contrasta con la idea de que los ACP podrían ser una fuente de oportunidades económicas para los dueños de hogares en necesidad, ya que los datos demuestran que los más beneficiados son aquellos anfitriones con portafolios que incluyen varias propiedades.
- El registro de nuevas unidades en las plataformas de ACP responde a las temporadas turísticas de Puerto Rico, pero también a los desastres, dado que el huracán María y la pandemia de COVID-19 causaron aumentos y reducciones súbitas en la creación diaria de unidades listadas. En otras palabras, los diversos desastres han jugado un rol clave en la creación de oportunidades para registrar nuevas propiedades en las plataformas de ACP.
- Los ACP afectan sustancialmente la asequibilidad de la vivienda, lo cual puede llevar a la gentrificación.
- Los ACP cubren una cantidad considerable de las unidades totales de vivienda y las unidades de alquiler a largo plazo en muchos municipios costeros. En San Juan, Carolina, Fajardo, Guánica, Lajas y Fajardo, los ACP registrados representan entre el 3.7% y el 10.1% de las unidades de alquiler a largo plazo de las unidades de alquiler a largo plazo.
En Dorado, Loíza, Luquillo, Río Grande, Fajardo, Humacao y Cabo Rojo esta cifra alcanza entre 10.1% y 35.5%. En Rincón, los ACP registrados representan el 35.5% de las unidades de alquiler de vivienda a largo plazo, mientras que en Vieques este número alcanza el 74,7%. En Culebra, son el 100% de las unidades de alquiler a largo plazo.
Esto no significa que Culebra no cuente con unidades de alquiler a largo plazo, sino que el número de unidades de ACP iguala o supera a las de alquiler a largo plazo.
- Un incremento de 10% en la densidad de ACP (como por ciento del total de las unidades de vivienda) causa un aumento promedio de 7%, 23% y 0.1% en la mediana del alquiler, precio unitario de vivienda y volumen de venta de vivienda, respectivamente.
Los hallazgos muestran que, para atender los efectos de los ACP en la asequibilidad de vivienda, Puerto Rico necesita un marco reglamentario robusto que debe ir más allá de lo que se está implantando hoy.
“Necesitamos desarrollar un marco regulatorio que ayude a aminorar los impactos negativos de esta actividad comercial. Esta no es una tarea fácil pues requiere coordinación a varias escalas gubernamentales y capacidad a todos los niveles. Gracias a las políticas de austeridad que se han implementado por más de una década, los gobiernos especialmente los municipales, carecen de personal y recursos para llevar a cabo estas tareas. Si no atendemos este asunto, la crisis de vivienda que vive el País se recrudecerá para el detrimento de los menos aventajados”, finalizó Lamba Nieves.
Accede al portal del CEN para leer el informe en español e inglés.
Foto: Airbnb en Viejo San Juan, Eric Ardito, Unsplash.