La organización de justicia climática El Puente Puerto Rico exigió este martes que se atienda con premura la discusión y aprobación del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático (PMARCC), y se opuso de forma contundente al Proyecto de la Cámara 556, por entender que representa un nuevo intento de frenar deliberadamente un proceso urgente para el bienestar ambiental y social del país.
El Proyecto de la Cámara 556 –el cual fue aprobado en dicho cuerpo– propone derogar los Artículos 15 y 16 de la Ley Núm. 33 de 2019, conocida como la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico. En su forma actual, esta ley establece que, de no ser atendido el Plan por la Asamblea Legislativa en la sesión en que se presenta, se entenderá como aprobado y pasará a la consideración de la gobernadora. La derogación de estos artículos eliminaría las salvaguardas que el mismo cuerpo acordó al aprobar la ley para evitar la continua dilación de un proceso ya considerablemente atrasado.
“La aprobación del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático es indispensable para establecer una hoja de ruta coherente ante la intensificación de los efectos del cambio climático en nuestro archipiélago. Tan reciente como la semana pasada, Puerto Rico vivió lluvias torrenciales e inundaciones catastróficas que evidencian la urgencia de una planificación alineada con nuestra realidad climática. La aprobación de este plan busca iniciar un curso de acción y una política pública alineada con los mejores intereses para el pueblo de Puerto Rico. Si seguimos poniendo el lucro por encima de la vida de la gente, las estampas desastrosas que hemos visto con estas recientes inundaciones serán el pan nuestro de cada día”, denunció Federico Cintrón Moscoso, director de El Puente Puerto Rico.
La organización denunció que no es la primera vez que se enmienda la Ley 33 con el objetivo de retrasar la aprobación del Plan. En 2020, mediante la Ley 147, se había modificado el mismo artículo 15 para aplazar su presentación a la Asamblea Legislativa hasta el 31 de octubre de 2021. En aquel momento, El Puente presentó un recurso de Mandamus contra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para obligar a la agencia a cumplir con la elaboración del plan. Ante esta nueva amenaza, El Puente Puerto Rico, junto a más de un centenar de organizaciones e individuos, solicitó formalmente a la Comisión Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático del Senado que inicie de inmediato la evaluación del plan para que este sea aprobado en esta sesión como ordena la ley.
La organización subrayó que el PMARCC representa una oportunidad para reenfocar las prioridades del país y comenzar a actuar de forma coordinada ante la crisis climática. Por ello, insistió en que no se puede seguir postergando su aprobación ni cediendo ante intentos legislativos que obstaculizan el proceso. “Estamos ante una gran oportunidad para reenfocar nuestras prioridades como país y empezar a prepararnos de forma coherente y coordinada ante la crisis climática que ya nos ha pasado factura y cuyos efectos en Puerto Rico se intensificarán en el futuro”, sostuvo por su parte el licenciado Gabriel Meléndez Cardona, coordinador de política pública de la entidad.
La organización, a través de su director Cintrón Moscoso, indicó que han observado con preocupación un patrón de obstrucción a políticas climáticas. “El gobierno de Jenniffer González ha adoptado una serie de decisiones que evidencian un desdén por atender con urgencia la crisis climática”, dijo Cintrón Moscoso. Entre ellas, mencionó la firma del Proyecto de la Cámara 267, que eliminó los plazos intermedios para alcanzar la transición energética hacia el 2050, ignorando que para este 2025 ya debía haberse alcanzado un 40% de generación con fuentes renovables. La misma medida permitió extender hasta el 2032 la operación de la planta de carbón AES, justo después de que la empresa admitiera que no cumpliría con su cierre para el 2027, como estipulado originalmente.
Además, su administración retiró voluntariamente una demanda contra grandes compañías petroleras por ocultar información sobre el impacto de sus operaciones en la aceleración del cambio climático y optó por no defender $365 millones en fondos federales destinados a instalar sistemas solares en centros de salud y residenciales públicos. En su lugar, ha favorecido la expansión del gas metano, uno de los principales gases responsables del calentamiento global, alineando sus políticas con los intereses de las industrias fósiles.