(Joyuda, Cabo Rojo)- La seguridad y bienestar de la comunidad y la naturaleza de Joyuda están en vilo ante el aumento de construcciones de muelles, extensiones de restaurantes, casas y vagones para vacacionar, piscinas y relleno de costas dentro de los límites de la zona marítimo terrestre y que las personas vecinas han denunciado como “ilegales” por años, sin que el municipio y las agencias estatales y federales tomen acción. 

La figura retórica que titula está investigación más que un recurso literario es la realidad de las personas y la naturaleza de Joyuda, quienes han visto por décadas cómo proliferan las construcciones, particularmente luego del paso del Huracán María, apropiándose de bienes de dominio público en la zona marítimo terrestre (ZMT) y acaparando los accesos al mar y la vivienda para usos vacacionales y comerciales. 

Construcciones ilegales en Joyuda | Video suministrado

“Desde hace varios años se ha denunciado, tanto en el Municipio Autónomo de Cabo Rojo, en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe), la destrucción de la zona marítimo-terrestre en nuestra comunidad. Los medios de comunicación no solo se han hecho eco de las denuncias, sino que han documentado la afectación, la apropiación, el cierre y la destrucción de la zona marítimo-terrestre en Joyuda. Sin embargo, la dejadez y la indiferencia de parte de las autoridades pertinentes nos preocupa. El problema de la falta de fiscalización de los desarrollos desmedidos en la zona marítimo-terrestre es multi agencial, pero apunta principalmente al vacío en hacer cumplir con las leyes y su ejecución, creado en los últimos años por la falta de recursos humanos en las agencias llamadas a hacer cumplir la ley, las cuales en última instancia no cumplen con su obligación legal”, lee una carta entregada al alcalde Jorge Morales Wiscovitch durante el mes de marzo tras una reunión con personas vecinas de la comunidad, y de la cual Marea Ecologista obtuvo una copia. 

De otra parte, los ecosistemas de Joyuda reciben el impacto súbito de más actividades antropogénicas (de parte de los humanos) mediante construcciones sin permisos, que afectan la hidrología (el intercambio y flujo que debe haber de agua dulce y salada) de la Reserva Natural Laguna de Joyuda y su capacidad de absorción de escorrentías durante eventos climáticos extremos. Los cambios en la hidrología de la Laguna, a su vez, afectan a los árboles de mangle, hábitat y criadero de cientos de especies.  

Mientras que en las pocas playas que quedan, “hoy día, las tortugas marinas no pueden anidar en muchos lugares por falta de acceso a la arena suelta en las playas, o mueren más de las que sobreviven por causa de las actividades antropogénicas. Las construcciones en la zona marítimo terrestre, los gaviones, los muros de protección, las verjas y las fuentes de iluminación artificial amenazan a miles de tortugas cuando intentan anidar o a las crías cuando tratan de llegar al mar”, según advierten los científicos Carlos E. Diez González y Michelle T. Schärer-Umpierre

Los ecosistemas de Joyuda, ricos en biodiversidad terrestre y marina, con sus bosques de mangle, praderas de yerbas marinas y arrecifes de coral, dependen de su interconexión para garantizar su continuidad y salvaguardar el bienestar de las especies que los habitan y las comunidades humanas que ayudan a proteger.  

Una de las preocupaciones principales de las personas vecinas de Joyuda – quienes se han comunicado con Marea Ecologista bajo condición de anonimato- es que los ecosistemas y especies estén ante tal presión antropogénica que se repitan escenas como esta en Playa La Mela, en la cual una tortuga carey busca un lugar dónde anidar, desorientada ante los muros, gaviones y verjas que dificultan su proceso natural, según documenta este video suministrado a este portal noticioso.  

Video suministrado

Durante el pasado año, en Cabo Rojo anidaron más de 95 careyes (según cifras del censo de nidos del 2023), siendo el quinto municipio del archipiélago en el que más anidó esta especie en peligro de extinción y especialmente protegida por leyes de Puerto Rico y Estados Unidos. 

Cuatro casos representativos 

Las personas de la comunidad que se comunicaron con Marea Ecologista identificaron cuatro casos, como los más representativos de esta tendencia: se emprenden construcciones sin los debidos permisos que terminan en apropiación de bienes de dominio público y cierres del acceso al mar. Todos son en la carretera PR-102. 

El primer caso es una propiedad cuyo número de catastro es 308-031-316-19, ubicada el kilómetro 14.3 de la carretera PR 102, y que según las personas denunciantes se trata de una “construcción y apropiación de la zona marítimo terrestre”. 

Según la documentación fotográfica y digital de este caso, con la que ya cuenta el Municipio de Cabo Rojo, y analizada por Marea Ecologista se documenta que para el 4 de febrero del 2021 al 22 de septiembre del 2022 no había nada construido en el  predio y se removieron unos escombros que había.

 

El área de playa aún existe. Sin embargo, una serie de fotografías posteriores documenta cómo a partir del 11 de enero del 2024 se rellenó la playa con roca ígnea, en preparativo para construir una terraza de madera con vistas al mar, como complemento de un vagón que podría funcionar como una propiedad de alquiler a corto plazo (ACP). Esta construcción impide el acceso libre al mar.  

En la misma playa obstruida, justo al lado del vagón de alquiler a corto plazo, se construyó un muelle en una propiedad con número de catastro 308-031-316-18.   

Según la documentación fotográfica satelital suministrada, para el 1 de mayo del 2018 en dicho predio no había construcción ni muelle, e incluso se observan estragos que provocó en el litoral el paso del huracán María un año antes.  

Tres años más tarde, durante el verano del año 2022 se construyó un muelle y se restauró y amplió una vivienda para uso vacacional que fue destruida por el impacto del huracán María.  

“Luego de una búsqueda en el portal de la OGPe se constató que no había ningún permiso para la construcción de ese muelle ni la construcción de esa vivienda que, como puede verse en la imagen satelital del 2018, estaba destruida tras el paso del huracán María. En esa propiedad nunca hubo un muelle”, alegan los residentes de Joyuda sobre este caso, que forma parte del expediente que le entregaron los vecinos al alcalde Morales Wiscovitch cuando se reunieron en la casa alcaldía durante el mes de marzo. 

En la misma PR 102, en dirección a Mayagüez, está el tercer caso que forma parte de la carta enviada al alcalde. Durante el mes de enero del 2024 se construyó una piscina tipo ‘infinity’ bajo los pilotes de una vivienda que ya estaba enclavada en la zona marítimo terrestre en una propiedad con número de catastro 308-031-316-02.  

Esta propiedad es un alquiler a corto plazo que se mercadea en las plataformas más reconocidas de dicha actividad comercial, como lo es, por ejemplo, Join-a-Join.  

Captura de pantalla | Facebook.com/JoinAJoin

Los residentes denuncian que este desarrollo se apropió de bienes de dominio público en la zona marítima terrestre, impide el libre acceso a las playas para actividades humanas y afecta el entorno natural de las especies marinas, como la tortuga carey. Todo, sin los debidos permisos.  

Por último, en la propiedad con número de catastro 308-031-316-04 se construyó un muelle entre los meses de febrero y marzo del 2023 “que obstruye el libre paso por la zona de dominio público”, denuncian los residentes.

Al igual que en los casos arriba reseñados, una imagen previa, esta vez de mayo de 2018 demuestra que no había  un muelle en esa propiedad.  

Cabo Rojo: epicentro de múltiples denuncias  

El Municipio de Cabo Rojo es el epicentro de 11 denuncias ambientales en la región suroeste de Puerto Rico, según los datos obtenidos por la herramienta digital e iniciativa Mapa de Costas, lanzada el pasado año por la organización Amigxs del MAR

La herramienta digital e iniciativa invita a la ciudadanía a denunciar mediante la documentación fotográfica geolocalizada y un pequeño informe escrito, situaciones irregulares, o violaciones ambientales en las costas de Puerto Rico, como construcciones sin permisos, remoción de terrenos o capa vegetal, cierre de acceso a la costa, entre otros. 

La herramienta digital ubica en Joyuda dos denuncias: una de construcción en la costa y otra de remoción de terreno o corteza terrestre. En Playa La Mela se registró una denuncia de remoción de terreno, mientras que en Buyé hay una de construcción en la costa y otra de bloqueo de acceso a la playa.  

El Combate es el sector que más denunciaron en el Mapa de Costas, con dos de remoción de capa vegetal o terreno; una de cierre de acceso a la playa y otra de venta del lote en las laderas del barrio playero y el Caño Boquerón.   

Asimismo, hace dos años, y mientras colaboraba con los colegas de EyBoricua! investigamos y reportamos cómo el señor Moisés Sánchez Loperena, expresidente de Junta de Subastas de la Autoridad de Carreteras (ACT) se intentó apropiar de 30 pies de playa en la comunidad de Joyuda, mediante una concesión de uso fatula y disparatada que le otorgó el exsecretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), licenciado Rafael Machargo.  

“Desde el año 2017, tras el paso del huracán María, han proliferado una serie de nuevas construcciones en la zona marítimo terrestre con la mirada renuente del DRNA y del municipio de Cabo Rojo. Si bien es cierto que el municipio de Cabo Rojo detuvo y ordenó demoler algunas de esas nuevas construcciones, lo cierto es que muchas de estas construcciones y destrucciones en áreas ecológicamente sensitivas han continuado”, dijo Guarionex Padilla Marty, exlegislador municipal del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Municipio de Cabo Rojo.

Hay temor en la comunidad 

La comunidad de Joyuda está preocupada por su seguridad, pues temen que las proliferaciones de las construcciones “ilegales”, particularmente de los muelles, tengan relación con la actividad criminal que se desarrolla en la zona. El contexto de su entorno fortalece esta percepción ciudadana: hace unos meses el Border Patrol de Estados Unidos estableció un muelle base en Boquerón, para el cual sí obtuvieron un permiso.  

También es menester recordar que hace dos años policías federales de migración y aduanas arrestaron en su hogar en Puerto Real al teniente Pedro Rodríguez Garnier, jefe de bomberos de Cabo Rojo, alias Papo Solivan, por trata humana y contrabando de personas.  

“Tanto en Joyuda, Puerto Real o en Combate, el problema que tenemos es uno de fiscalización por parte de las autoridades municipales, estatales y hasta federales, pues el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos también tiene jurisdicción. No nos podemos olvidar que en el 2022, en medio de varias denuncias sobre construcciones en la zona marítimo terrestre, el municipio de Cabo Rojo, que tiene la extensión costera más grande de Puerto Rico, pasó legislación a nivel municipal para apoyar una moratoria en la construcción en la zona marítimo terrestre y apoyar una nueva ley de costas”, añadió Padilla Marty. 

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Por Marcos Pérez Ramírez

Periodista y editor fundador