Construcciones ilegales Islote Arecibo

La organización Defendiendo la Cueva del Indio-681 (DCI-681) denunció un esquema de múltiples construcciones ilegales, cuestionables procesos de compra y ventas en estructuras y propiedades y la usurpación de la zona marítimo terrestre (ZMT) y la zona costanera (ZC) en el sector Boán del Barrio Islote en Arecibo por la familia Abreu Valentín, principalmente la figura de Irma Valentín Serrano. 

“Personas de la comunidad de Islote, incluyendo miembros de DCI-681, han radicado más de seis querellas al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) contra la familia Abreu Valentín por descargas de aguas sanitarias al mar, construcciones y rellenos en la ZMT y la compra y venta clandestina de propiedades. No obstante, el Cuerpo de Vigilantes y la agencia en sí han ignorado nuestros reclamos”, explicó Lauce Colón Pérez, activista, organizador comunitario y portavoz de DCI-681. 

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) publicó un reportaje exponiendo detalladamente los crímenes ambientales y los patrones de abusos a personas envejecientes y vulnerable de la comunidad de Islote por los Abreu Valentín, quienes administran negocios de comida, bebida y de alquileres a corto plazo en Islote. 

Este reportaje expuso cinco alquileres de corto plazo encontrados en la ZMT y la ZC en el barrio, en su mayoría remodeladas y reconstruidas sin permisos y en violación al reglamento 4860 del DRNA. 

Al menos cuatro de estas estructuras están en la ZMT: Ventana al Atlántico Boutique Hotel at Arecibo 681 Ocean Drive; Casita del Mar Oceanfront Romantic Retreat; Toque al Atlántico; Casita Familiar con Vista al Mar y Piscina; y Discovery Inn & Suites at 681 Ocean Drive. 

Construcciones ilegales en Islote Arecibo
Construcciones ilegales en Islote, Arecibo | Suministrada DCI-681

Colón Pérez le indicó al CPI que “no todas estas propiedades cuentan con un sistema de pozo muro o pozo séptico y tiran el agua [residual] al mar”.

 Además, el CPI reportó que “comentarios en la plataforma https://buff.ly/3Qpimey, utilizada para promocionar alquileres a corto plazo, en los que algunos huéspedes relataron que dos de estas estructuras descargan sus aguas residuales a la playa. El CPI no encontró titularidad para la mayoría ni en el Registro Inmobiliario Digital de Puerto Rico ni en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM)”. 

“Esto ha sido denunciada a saciedad por isloteños durante los pasados años. Hoy, se expone este atroz crimen ambiental. DCI-681 fiscalizará y reclamará para que esta usurpación, destrucción y saqueo por la familia Abreu Valentín cese y para que el Estado y las agencias pertinentes respondan y hagan valer las leyes y reglamentos”, expresó Colón Pérez. 

Puntualmente, DCI-681 hace reclamos para que se cumpla la orden de demolición de la terraza de cemento del negocio El Alcázar de Colón emitida por el DRNA en septiembre de 2022, pero que hasta el sol de hoy no ha sido cumplida. 

“Transcurrido un año de la orden para demoler la estructura, Irma Valentín todavía no ha cumplido ni la agencia la ha hecho cumplir. El DRNA impuso también una multa de $10,000, que los imputados no han pagado, confirmó la agencia. 

Tampoco se ha cumplido con la orden de restaurar el área afectada por la construcción ilegal, reportó el CPI. 

Anaís Rodríguez Vega, secretaria del DRNA, respondió al CPI alegando que las querellas presentadas al Cuerpo de Vigilantes por los vecinos de Islote contra la familia Abreu Valentín no contaban con la evidencia y la información suficiente para ser tramitadas administrativamente. 

“Este caso muestra claramente la ineficiencia del DRNA: emiten órdenes, aprueban reglamentos e implementan procesos administrativos, pero todo es letra muerta. Exigimos que, para comenzar la restauración de nuestro sector Boán, se cumpla con esta orden de demolición y se le obligue a pagar la multa pendiente a la familia Abreu Valentín”, finalizó Lauce Colón Pérez. 

En 2007, Irma Valentín Serrano y sus hijos, Ángel y Carlos Abreu Valentín, fueron acusados por conspiración para cometer fraude al quedarse con fondos del Departamento de Educación federal que debieron ser devuelto al estudiantado que se dio de baja del Instituto Irma Valentín y el Mary Lao Institute, organizaciones educativa de las que eran dueños.

Irma Valentín Serrano | Suministrada DCI-681