Consulta ubicacion charter

El juez del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de San Juan, Alfonso Martínez Piovanetti, ordenó este jueves 24 de agosto el cierre permanente de la escuela chárter, Paradiso College Preparatory, en Río Piedras, luego de que el Municipio de San Juan (MSJ) y la empresa llegaran a un acuerdo en el cual la empresa acepta que no tienen permisos y se le obliga a no operar bajo ninguna circunstancia, hasta tanto pasen por el debido procedimiento de Consulta de Ubicación ante la Oficina de Permisos del Municipio.

La determinación del TPI fue dada a conocer por la Federación de Maestras y Maestros (FMPR), UNETE y el Junte Multisectorial en Defensa de la Educación Pública (MDEP) quienes celebraron la sentencia y emplazaron a la secretaria de Educación, Yanira Raíces para que no otorgue la Carta Constitutiva y se posicione a favor del sistema de educación pública y revoque de inmediato cualquier autorización entregada por el DE a Paradiso College Preparatory y a la Corporación para el Desarrollo de las Escuelas Pública Alianzas de Puerto Rico, LLC como Entidad Educativa Certificada. Las organizaciones reclaman acción inmediata ante esta situación, en la cual -atribuyeron- se evidencia nuevamente que la privatización, es cuna de la corrupción y que las escuelas chárter tienen efectos detrimentales en nuestros estudiantes. Las organizaciones reiteraron que PC estaba operando de manera ilegal por no contar con los permisos requeridos por ley, en violación al Reglamento Núm. 9155 del DE.

El licenciado Alonso Ortiz Menchaca, director ejecutivo de El Otro Puerto Rico, organización que lucha contra la Ley 22 y el desplazamiento, señaló que “la comunidad riopedrense llevaba cinco meses luchando contra la empresa fraudulenta del beneficiario de la Ley 22 Robert Acosta y Kira Golden. Durante el verano las 10 comunidades y sectores de Río Piedras fueron consultadas por la Junta Comunitaria sobre esta empresa. Nueve votaron en contra y solo una quedó empate. A pesar de esto, este invasor destruyó una estructura histórica para hacer su escuela sin permisos de construcción, anunció una escuela chárter para la que no tenía permiso otorgado por el Departamento de Educación y engañó al Municipio de San Juan diciéndoles que operaría oficinas administrativas para obtener un permiso de uso fraudulento. En cada reunión fuimos claros en que nuestra comunidad no los quería y que los íbamos a sacar. Hoy nos hemos acercado a ese logro”.

En tanto el licenciado Adrián González Costas, asesor legislativo de la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado, María de Lourdes Santiago, apuntó, “lo que está ocurriendo con esta escuela demuestra fundamentalmente tres cosas: en primer lugar, que la privatización del sistema de enseñanza convierte la educación de nuestra niñez en un mero negocio que se aleja de lo que es garantizar el derecho a la educación de las niñas y niños del país; en segundo lugar, lo fallida de la legislación que abrió la puerta a la privatización de las escuelas a través del concepto “escuela alianza” y por último, cómo se unen todas estas malas decisiones del gobierno con las malas intenciones de especuladores de la Ley 22 para multiplicar sus riquezas a costas del bolsillo de las puertorriqueñas, pues las escuelas alianza reciben millones de dólares en fondos públicos’’.

Por su parte el senador del Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe Riefkohl, recalcó que los fondos públicos deben usarse para subvencionar las escuelas públicas y no para privatizar los servicios que el Estado le debe al país. “Pensamos que los fondos públicos deben usarse para mejorar los servicios públicos que el pueblo necesita. No deben desviarse a bolsillos privados. En salud estamos viviendo el colapso provocado por la privatización. ¿Por qué insisten en llevar esa política a la educación, a través de las chárter? Tenemos que transformar la educación, claro que sí, pero la solución no es la privatización, sino la democratización, bajo el mando de las comunidades escolares y una administración central transparente. Ni burocracia ni privatización, sino democracia y participación”.

Foto: Tatiana Díaz / Centro Periodismo Investigativo