El Sierra Club de Puerto Rico expone fallas e incongruencias en el gasoducto propuesto para San Juan y se expresa a favor de la transición energética basada en sistemas distribuidos de paneles solares en techos con capacidad de almacenaje. Según las portavoces del Sierra Club, la expansión de gas metano es contraria a la política pública, no promueve la seguridad. energética, y sigue imponiendo cargas ambientales y riesgos de seguridad a las comunidades aledañas. También denunciaron la falta de transparencia de estos procesos con las comunidades y la inexistencia de evaluaciones ambientales de rigor.  

“Entendemos que esta solicitud de carácter expedito y bajo el subterfugio de una respuesta de emergencia, se hace para obviar las evaluaciones ambientales, de riesgo y de cumplir con otros requisitos imprescindibles. No olvidemos que desde el 2019 New Fortress está operando unas instalaciones en Guaynabo que se construyeron al margen de la ley. Esta compañía construyó un terminal de gas metano en la Bahía de San Juan sin contar con los permisos y, hasta el dia de hoy, ha mantenido a la comunidad a ciegas respecto a la seguridad de sus operaciones”, puntualizó Maritza Maymí, Coordinadora Legislativa de Sierra Club.  

El 18 de julio, Genera PR y New Fortress actuando a nombre del Gobierno de Puerto Rico y de la Autoridad de Energía Eléctrica, solicitaron a la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC, en inglés) la instalación de 220 pies de tubería de 10 pulgadas de diámetro entre sus facilidades y un generador de emergencia instalado por el USACE (United States Army Corps of Engineer) en Palo Seco. Según las compañías proponentes, el gasoducto alimentaría un sistema de generadores temporeros que proveerá el Cuerpo de Ingenieros. La solicitud de generadores temporeros exceden los 5 mil millones de dólares en fondos federales.  

De acuerdo con Maymí, “aquí hay varias preguntas que deben hacerse: ¿cuántos millones de los fondos de recuperación de Fiona quiere gastar New Fortress y Genera en un proyecto que tan siquiera cumple con la política energética de Puerto Rico, ni con la de la administración del Presidente Biden?; ¿por qué botar millones de dólares en crear una infraestructura para unos generadores temporeros?; ¿cuáles son los riesgos de seguridad y medioambientales de ese gasoducto?”  

El Sierra Club también abundó en el aparente conflicto de interés del gasoducto. “Aquí se legisló para desmantelar y privatizar el sistema eléctrico bajo el supuesto de que había un monopolio público de energía. Sin embargo, el traspaso de la operaciones del sistema de generación a una sola compañía (Genera PR) creó un monopolio privado, lo que es contrario a la Ley. Genera PR es una subsidiaria de la compañía New Fortress Energy, quien vende gas metano a varias generatrices que, hasta junio, estaban en manos de la AEE. Vemos cómo una misma compañía, ahora con dos caras, está tomando decisiones sobre la infraestructura eléctrica del país. Este esquema les permite lucrarse de la transferencia de fondos federales y estatales mientras el pueblo sufre contínuos aumentos en la factura de luz”, subrayó Maymí.  

Por su parte, Adriana González, Organizadora de Base de Sierra Club en Puerto Rico, añadió “no olvidemos que New Fortress Energy está bajo investigación sobre la deuda ascendente a $34.6 millones que mantiene la empresa con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Ahora pretenden seguir dando contratos y subsidios a una compañia que nos tiene amarrados a los combustibles fósiles y que nos aleja cada día más del futuro energético solar.”  

González insistió en que la política pública de Puerto Rico, el plan integrado de recursos del Negociado de Energía y hasta la orden ejecutiva del presidente Biden establecen como política pública la creación de infraestructura de energía solar. Acotó que “es una injusticia que mientras sufrimos apagones busquen utilizar fondos públicos para expandir un sistema retrógrado, contaminante, costoso y que depende de la compra de combustible. Tampoco vemos que el gasoducto tenga un plan para salvaguardar la seguridad de las comunidades en caso de un escape de gas o explosión. No incluyen costos de operar y mantener el gasoducto. No hay necesidad de gastar dinero en nuevas plantas de combustibles fósiles o expansiones de gas metano”.  

González insistió en la necesidad de impulsar la transición energética del país y sostuvo que “es necesario utilizar los fondos públicos para tener seguridad y accesibilidad energética. La solución son placas solares en los techos de los hogares. Puerto Rico podría alcanzar el 75% de energía renovable en 15 años y reducir costos de combustible a $430 millones (los costos de combustible superan los $1.4 mil millones en 2019 y 2020). Se puede proveer 100% de resiliencia a los hogares al 2035 con sistemas fotovoltaicos de 2.7kW en techos y baterías de 12.6 kWh e instalaciones en comercios. Esto reduce vulnerabilidades de hogares y comunidades”