Urban decay

(San Juan) – A fines de que se documenten posibles irregularidades y se investiguen los procesos privatizados para la disposición de propiedades declaradas estorbos públicos en los municipios, la portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón, anunció la radicación de una resolución investigativa.

La Senadora independentista indicó que en vistas públicas de la Comisión de Hacienda, funcionarios del CRIM expresaron suspicacia ante las facturas sometidas por las compañías privadas a las cuales varios municipios han delegado las facultades relacionadas a la declaración y disposición de estorbos públicos, pues era común ver que reclamaban la misma cantidad en gastos de mantenimiento para propiedades diversas: $10,000.00.

A esto, se suma la preocupación de que las compañías, usando como parte de sus contratos el poder de expropiación del Estado, pudieran estar utilizando criterios ajenos a la ley para escoger con cuáles propiedades intervenir. El Código Municipal establece además que, al momento de ser adquiridas por los Municipios, las propiedades declaradas estorbos públicos son relevadas de las deudas que hayan acumulado con el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM).

Una vez el Municipio recurre a la expropiación, la propiedad así beneficiada puede ser adquirida por cualquier persona o entidad en unas condiciones privilegiadas, gracias a la acción del Estado.

“Es lo que ocurrió hace años en San Mateo de los Cangrejos en Santurce, donde se expropió a bajos precios toda una comunidad para venderla a constructores de edificios de alto valor. El Estado – en esta ocasión los Municipios- opera como agente de bienes raíces de ciertos intereses y no en protección del bien común. Una compañía contratada por un Municipio puede escoger una propiedad para la que puede haber desde antes compradores interesados, la declara estorbo público, factura miles de dólares en alegado mantenimiento, cobra esa factura al Municipio, gestiona la exención del CRIM, pone la propiedad a la venta, y alguien la adquiere para su beneficio personal a un precio que sólo es posible por el esquema de expropiación de estorbos públicos”, declaró la Senadora Santiago.

“Por una determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, esa declaración de utilidad pública que permite que el gobierno expropie se ha extendido de una manera irrazonable permitiendo que el Estado, use su poder para beneficio de particulares. Ese es un asunto que también requiere acción legislativa. Dada la preocupación por la alarmante cantidad de propiedades en abandono en el país, que según el Centro para la Recuperación del Hábitat ronda las 300,000 unidades, es de rigor que el Senado de Puerto Rico investigue este asunto, que además puede implicar una merma en ingresos del CRIM”. subrayó María de Lourdes Santiago.