La Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) aprobó y firmó el 14 de julio la Orden Administrativa 2026-002, mediante la cual el gobierno estableció un “procedimiento expedito” que consolida el poder absoluto de la agencia sobre la evaluación y adjudicación de proyectos de alto impacto. Al día siguiente —el 15 de julio de 2026—, los desarrolladores del megaproyecto Esencia radicaron en esta misma oficina la Consulta de Ubicación para hacer posible su desarrollo.
Esta directriz, de naturaleza voluntaria para los desarrolladores, arrebata la jurisdicción a los municipios autónomos y establece un reloj en contra de la fiscalización ciudadana e institucional. Entidades con peritaje crucial, como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), ahora están sometidas a un término improrrogable de apenas 20 días naturales para emitir sus recomendaciones.
Si el silencio administrativo impera en ese estrecho lapso, la OGPe adjudicará los permisos sin dilación. Este andamiaje burocrático no es producto de la casualidad; responde directamente a la política pública de “agilizar” la construcción de proyectos designados como críticos bajo la ley PROMESA, expansiones de la industria farmacéutica, así como iniciativas turísticas e infraestructura comercial masiva.
El espejismo de la reciprocidad: ecología y arqueología al mejor postor
Uno de los aspectos más alarmantes de la directiva es su llamado mecanismo de “reciprocidad”. La orden exime a los desarrolladores de requerir recomendaciones locales del DRNA si ya cuentan con el visto bueno del US Fish and Wildlife Service. De igual forma, anula la intervención del ICP si la Oficina Estatal de Conservación Histórica (OECH) asume jurisdicción concurrente sobre los recursos patrimoniales.
Orden à la carte para los proyectos de ultralujo
Para contextualizar la gravedad de esta concesión, basta mirar hacia el este y el suroeste del archipiélago de Puerto Rico. Enl municipio de Fajardo, el megaproyecto Moncayo —un desarrollo de lujo que abarca más de 800 cuerdas— ya amenaza con arrasar manglares y alterar la hidrología de la zona.
Las tierras que Moncayo impacta albergan yacimientos arqueológicos milenarios que ahora, bajo las nuevas reglas de la OGPe, evadirían el escrutinio meticuloso del ICP, poniendo en riesgo irreversible nuestro patrimonio histórico.
El panorama de impunidad procesal es idéntico en Cabo Rojo. El megaproyecto Esencia, que busca cimentar un resort-enclave sobre Suelo Rústico Especialmente Protegido (SREP-E) en la Bahía de Boquerón, se beneficia directamente de esta flexibilización.
Tanto es el beneficio, que no parece ser casualidad que la OGPe aprobara esta orden justo un día antes de que los desarrolladores del megaproyecto Esencia radicaran la Consulta de Ubicación para su embeleco para ultrarricos, soslayando más de 500 solicitudes ciudadanas para que se celebraran vistas públicas para discutir esta controversia.
Mientras agencias como la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) han advertido sobre el colapso vial insostenible que provocaría esta construcción, la nueva orden de la OGPe permite que iniciativas de esta escala sean tramitadas adoptando exclusiones categóricas y documentos ambientales federales (NEPA), esquivando el rigor de la Ley 416-2004 local.
Subordinación de los bienes comunes al extractivismo
El nuevo estatuto también crea privilegios para proyectos subvencionados con fondos federales, eximiéndolos de aranceles estatales, y facilita prórrogas automáticas que ignoran las limitaciones establecidas en el Reglamento Conjunto.
Con esta orden administrativa, el Estado perfecciona su infraestructura de control legal para facilitar el flujo de capital mientras invisibiliza la destrucción de nuestras costas y paisajes urbanos. Además, esta orden prevalecerá sobre cualquier normativa municipal incompatible.
El aparato gubernamental sigue mutando para sostener un modelo insostenible, demostrando que, para la OGPe, la evaluación rigurosa dejó de ser una garantía de bienestar social para convertirse en un estorbo burocrático que debe eliminarse a toda costa.
Referencias:
- Oficina de Gerencia de Permisos. (2026, 14 de julio). Orden Administrativa: OGPe 2026-002, Procedimiento Expedito para Tramitar Proyectos Designados. Gobierno de Puerto Rico.
