“El suelo no es mercancía. Es vida, es memoria, es futuro. Pero para el Reglamento Conjunto 2023, el suelo es un bien disponible para quien pueda pagar por su transformación.”
Mientras Puerto Rico enfrenta múltiples crisis ambientales —erosión costera, pérdida de suelos agrícolas, inseguridad alimentaria, colapso hídrico— la Junta de Planificación y el aparato técnico del Estado insisten en normalizar un reglamento que facilita, legaliza y legitima el despojo ambiental en nombre del “progreso”.
Por los próximos meses, en el marco de las vistas públicas sobre el Reglamento Conjunto 2023, desde ¡Planifiquemos! presentamos una ponencia que articula una denuncia clara: se está cocinando una gentrificación rural y ecológica bajo el lenguaje técnico de la zonificación.
Mediante cambios a definiciones, flexibilización de calificaciones de suelos y mecanismos como la autoverificación profesional, el Reglamento ha convertido terrenos agrícolas, áreas de valor ecológico y espacios comunitarios en “zonas de sacrificio” al servicio de intereses energéticos e industriales.
¿Resultado? Suelos fértiles convertidos en desiertos de concreto para megaproyectos solares que no alimentan ni a la red ni al pueblo. Corredores ecológicos invadidos por usos incompatibles. Comunidades rurales desplazadas por modelos extractivos que prometen empleo, pero cosechan precariedad.
Este reglamento ha dejado de ser una herramienta de planificación y se ha transformado en una receta para el colapso ambiental planificado. En lugar de proteger el territorio como bien común, lo trata como una “zona de oportunidad” para quienes ya acumulan poder.
Desde ¡Planifiquemos! reiteramos que el derecho al ambiente sano no se defiende solo con protestas, sino también con ponencias, guías comunitarias y participación estratégica en cada proceso público.
La planificación debe volver a sus raíces: defender la tierra, cuidar el agua, sostener la vida.