Gabriela Carrasquillo
“Los norteamericanos entraron a Puerto Rico por esta bahía de la costa sur. Guánica era entonces apenas un poblado, barrio lentamente construido en torno al puerto. […] Como todos los años que hemos cruzado la bahía de Guánica, lo más difícil es la espera bajo el sol, ese lento pasar de las horas en esta confusión de fiestas patronales”. Esto pasaba cada 25 de julio. Así lo narra el escritor Edgardo Rodríguez Juliá en su crónica El cruce de la Bahía de Guánica, y describe que cada año, ese litoral se abarrotaba de gente, de kioscos con frituras y familias buscando la sombra al borde del agua. Esto fue así, al menos hasta los años ochenta.
En el litoral de la Bahía de Guánica se establecieron un puñado de fábricas durante el siglo pasado que, tras décadas de operar cuando no existían regulaciones ambientales, dejaron tras de sí un complejo escenario de contaminación ambiental que, más de medio siglo después, apenas se comienza a esclarecer.
La Agencia de Protección Ambiental (EPA en inglés) inició este año una investigación en la zona este de la bahía, donde hay una gran concentración de bifenilos policlorados (PCBs), que es un potencial carcinógeno, con el propósito de prevenir el riesgo de exposición al contaminante. Para febrero de este año ya se habían removido cerca de 8,600 toneladas de tierra contaminada del área residencial de la Barriada Esperanza.
Aunque aún se desconoce la concentración de estas sustancias químicas tóxicas en la bahía, el Municipio de Guánica propone la reconstrucción del malecón que bordea la bahía; y la Autoridad de Puertos, que es una de las agencias potencialmente responsables de esta contaminación, analiza la reapertura de su muelle para uso comercial en esta zona industrial abandonada. La Cámara de Representantes también evalúa, mediante la R. de la C. 261, las posibilidades de desarrollo del área.
Por ahora, la reconstrucción del malecón está en pausa porque los diseños que ha propuesto el Municipio no han conseguido la aprobación de la EPA, lo que preocupa al alcalde Ismael Rodríguez Ramos porque los fondos federales aprobados para esa obra vencen en 2027. La Cámara de Representantes condujo una vista ocular a finales de agosto como parte del interés de la legisladora del distrito, Omayra Martínez Vázquez, de desarrollar comercialmente el área, y Puertos ha dicho que tiene $5.8 millones disponibles para invertir en su rehabilitación.
Con la remoción de terreno contaminado, de las primeras medidas de protección a la salud pública que se han tomado, se eliminaron los riesgos a la salud dentro de la Barriada Esperanza, asegura la EPA. Además, la instalación de advertencias de pesca por parte del personal del Bosque Estatal de Guánica ha causado que menos pescadores de orilla visiten el lugar, según datos documentados por biólogos desde el 2020, lo que reduciría la exposición a los tóxicos por medio de la cadena alimentaria.
Para proteger la salud pública, la EPA aún espera por una evaluación que gestiona la Agencia de Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades (ATSDR) desde hace dos años para conocer cómo las personas se exponen a este contaminante y cómo protegerlas. La ATSDR dijo al CPI que, al momento, no todas las vías de exposición han sido investigadas.
Mientras todo esto pasa, residentes del casco urbano y de esta barriada gestionan un comité que integre a todos los sectores involucrados en la descontaminación, frente a los más de 25 años que podría tomar la limpieza de su comunidad, que es el tiempo promedio que le ha tomado a la EPA completar cada fase de limpieza en lugares Superfondo activos en Puerto Rico, según analizó el CPI.
La documentación histórica del sitio dice que posiblemente se trata de un depósito de contenedores (drones) de los cuales se dispuso ilegalmente en el lugar. Aunque los drones ya no están, al día de hoy se desconoce quién fue el responsable. Esto ocurrió durante las investigaciones de la Junta de Calidad Ambiental que comenzaron a principios de la década de los 90.
La EPA supo sobre esta contaminación en Guánica por primera vez en 1994, pero comenzó a investigarla oficialmente en 2018, luego de que la contaminación fuera identificada entre el 2009 y el 2014 por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Universidad de Miami en la bahía.
Sigue leyendo la investigación en el portal del CPI