Un informe técnico revela graves irregularidades y riesgos ambientales en el proyecto Isabela Reefs, una propuesta de desarrollo turístico-residencial de lujo en el barrio Bajuras de Isabela. El análisis, preparado por el planificador profesional certificado David J. Carrasquillo, expone cómo el desarrollo propuesto choca con la normativa territorial y pone en peligro frágiles ecosistemas costeros y vulnera el bienestar y seguridad de las comunidades locales.
Zonificación en disputa y proceso cuestionable
El primer punto de conflicto surge de la zonificación. El desarrollador pretende evaluar el proyecto bajo el distrito RT-I (Residencial Turístico Intermedio), que permitiría mayor densidad. Sin embargo, la calificación oficial de la Junta de Planificación (JP) para el terreno es R-0, equivalente a Residencial de Baja Intensidad (R-B), un distrito mucho más restrictivo.
Esta discrepancia fundamental implica que el proyecto no puede aprobarse de manera ministerial y debe someterse a un proceso discrecional conocido como Consulta de Terrenos y Ubicación (CTU), con amplia participación ciudadana y escrutinio público.
Amenazas inminentes para los ecosistemas
El informe detalla una serie de impactos ambientales críticos que comprometen la viabilidad del proyecto:
Suelos Protegidos y Área Cársica: Parte del predio está designado como Suelo Rústico Especialmente Protegido (SREP) y se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento del Área de Planificación Especial del Carso (APE-RC). Cualquier actividad aquí requiere una autorización previa del DRNA, la cual no ha sido obtenida, representando un riesgo jurídico inmediato.
Foto suministrada por la comunidad
Vulnerabilidad costera: El terreno está parcialmente en una Zona AE de inundación y la JP ha identificado riesgos de erosión costera con horizontes de 30 y 60 años. Construir en esta zona es incompatible con la política de resiliencia climática de Puerto Rico.
Foto suministrada por la comunidad
Accesos sobre dunas: El proyecto contempla accesos exclusivos sobre dunas, lo que requiere una concesión y genera preocupación sobre la restricción del acceso público a las playas, un derecho constitucionalmente protegido.
Falta de infraestructura y riesgo de gentrificación
El análisis también señala la carencia de infraestructura pública esencial. El área no cuenta con alcantarillado, y la solución propuesta es una planta de tratamiento privada con inyección subterránea, lo que conlleva riesgos de contaminación de los acuíferos de la zona.
Socialmente, el proyecto, de perfil turístico-residencial de ultra lujo, no responde a las necesidades de vivienda asequible local. Por el contrario, se identifica como un potencial catalizador de procesos de gentrificación y desplazamiento indirecto para los residentes tradicionales, acentuando la crisis de accesibilidad en la costa.
Irregularidades y llamado a la acción comunitaria
El manejo del caso evidencia una falta de consulta previa a la comunidad, debilitando la legitimidad del proyecto. Dada su naturaleza discrecional, el informe recomienda a la comunidad, representada por la lideresa Lourdes Irizarry, solicitar formalmente vistas públicas a la JP y a la OGPe.
“Nosotros solicitamos vistas públicas al instante que pusieron el rótulo [de anuncio de permiso] el 13 de julio [del 2025]. Y nos otorgaron poder intervenir a por lo menos de 5 a 6 personas. Yo estoy representando a tres colindantes, que son colindantes directos. Y sé de otros dos colindantes que les aprobaron el “a lugar” para intervenir. Pero hemos enviado información, bastante, pero no pasa nada. Todo es de nosotros para allá, pero de ellos para acá, cero”, explicó Lourdes Irizarry, sobre el atropellado proceso que han vivido, el más reciente con una funcionaria de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), quien no les brindó información clara y precisa sobre cómo seguirá el proceso, si habrán vista públicas, y se limitó a informar que las partes interesadas sabrán pronto sobre las nuevas determinaciones.
Las vistas públicas y la participación ciudadana permitiría exponer las numerosas inconsistencias del proyecto con el Plan de Uso de Terrenos, el POT de Isabela y la agenda de resiliencia climática.
“Espero que el proceso de preconsulta no sea un proceso de viabilización del desarrollo, que no se supone que se haga. Igualmente, entiendo que estos son casos que ejemplifican el cómo hay que simplificar el proceso de participación, ya que, todas las enmiendas que se le han hecho al Reglamento Conjunto por los pasados 16 años lo que hace es complicar el entendimiento de qué es lo que se está proponiendo, de qué es lo que se debería proponer, y cómo se deberían aprobar y evaluar estas consultas y proyectos que intentan hacerse”, dijo el planificador David Carrasquillo, en unas declaraciones enviadas a Marea Ecologista.
Isabela Reefs es otro ejemplo de un modelo de desarrollo costero insostenible, que prioriza la ganancia privada sobre la protección de recursos naturales de alto valor ecológico y el bienestar de las comunidades.
La movilización ciudadana informada se erige como la principal herramienta para defender la costa y exigir una planificación territorial verdaderamente justa y sostenible.