Desde antes de que iniciara el contrato de LUMA, advertimos que esta privatizadora no estaba capacitada para operar el sistema eléctrico de Puerto Rico. El tiempo nos dio la razón. LUMA le ha fallado al pueblo desde el día uno, ya que nunca han cumplido con los requerimientos más básicos del contrato que incluyen proveer un servicio confiable y mejorar la calidad del servicio. Lamentablemente, el gobierno ha sido cómplice de este desastre energético y administrativo. Durante la administración de Pedro Pierluisi, desde CAMBIO señalamos la falta de fiscalización por parte de la Autoridad para Alianzas Público Privadas (AAPP), quienes insistían que LUMA no estaba en incumplimiento de contrato cuando todos sufríamos más apagones, LUMA se excedía en sus presupuestos y la factura de luz seguía subiendo. La realidad es que lo que no había era fiscalización del contrato.
En su campaña electoral, la gobernadora Jenniffer González prometió que cancelaría el contrato de LUMA. La cancelación del contrato todavía está por verse. Aunque se puede interpretar esta comunicación como un primer paso, también puede ser solo una manera para tratar de calmar los ánimos del pueblo y dar paso a una negociación que ajuste términos del contrato. El gobierno tiene que hablar claro de lo que persigue con esta comunicación, que esperamos sea la cancelación del contrato de LUMA.
Pero es importante saber también qué modelo sustituirá este fracaso privatizador en el que nos embrollaron los gobiernos y la Junta de Control Fiscal. El próximo paso en nuestro sistema eléctrico tiene que ser bajo un modelo de nueva gobernanza pública que priorice una transformación basada en la energía renovable distribuida y el almacenamiento. Este nuevo modelo público debe asegurar mejoras en el servicio, garantizando costo efectividad y prudencia en el uso de fondos, despolitización, participación y transparencia, según hemos propuesto en Queremos Sol. Es hora de hacerle justicia energética al pueblo de Puerto Rico.