(San Juan) – La alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) reiteró su compromiso a devolverle a Puerto Rico el control de uno de los activos y servicios más esenciales del país: la energía eléctrica.
“Esta abarcadora reforma, que se fundamenta en los principios de un futuro energético sostenible, eficiente y, sobre todo, público, busca, no solo corregir los errores del pasado, sino también establecer un nuevo modelo que garantice la gobernanza autónoma, profesional, despolitizada y democrática del sistema eléctrico de la isla”, enfatizó el candidato a la gobernación de Puerto Rico por el PIP y la Alianza de País, el licenciado Juan Dalmau.
Desde el primer día de su gobernación, Dalmau puntualizó que emitirá una orden ejecutiva que establecerá la política pública del gobierno de Puerto Rico para la salida de las compañías privatizadoras LUMA Energy y Genera PR. Esta política estará basada en tres principios fundamentales:
1. Fiscalización inmediata: La Autoridad de las Alianzas Público-Privadas (AAPP) designará un equipo de expertos que documentará y notificará a las privatizadoras sus incumplimientos desde el inicio de sus operaciones, activando las cláusulas contractuales que permiten su salida por razón de las múltiples violaciones contractuales. Esto permitirá que se pueda decretar eventualmente la cancelación de los contratos.
2. Negociación para una transición ordenada: Se convocará a los directivos de LUMA y Genera PR para negociar una salida ordenada en un plazo no mayor a seis meses. Si no se llega a un acuerdo, una vez se cumplan los términos establecidos en los contratos, el gobierno procederá con la cancelación con causa de los contratos por incumplimiento, conforme a los términos legales vigentes. Simultáneamente, se presentará una acción judicial de nulidad de contrato para que se determine que los contratos son contrarios al orden público y por tanto, nulos.
3. Nombramiento de una nueva gerencia pública: Se establecerá un equipo de gestión transicional compuesto por personal capacitado de la AEE y la gerencia de LUMA para activar el proceso de transición que establece el contrato para devolver las operaciones a la AEE. Esto, asegurando la continuidad del servicio mientras se restablece mediante acción legislativa un modelo público con mejor gobernanza.
“El compromiso de la Alianza es claro: poner fin a los desastres de las privatizaciones en el sector eléctrico. Bajo un modelo público reformado, la nueva AEE será una entidad autónoma, profesional y despolitizada, con una Junta de Gobierno formada por expertos de diversos sectores, seleccionados por su competencia y no por sus afiliaciones políticas. Este proceso incluirá la enmienda a la Ley 83 para asegurar que la AEE sea una entidad verdaderamente democrática y al servicio de los intereses del pueblo”, explicó el exsenador pipiolo.
Inmediatamente en enero 2025, Dalmau nombrará únicamente a un miembro en la Junta de Gobierno, respetando la independencia de la entidad. Además, aprobará una ley que prohíba expresamente las actividades de recaudación y proselitismo político dentro de la AEE.
Con respecto al manejo de la deuda de la AEE, Dalmau subrayó que ha sido uno de los principales errores de la Junta de Control Fiscal y ha ignorado las prioridades establecidas en el acuerdo de fideicomiso (Trust Agreement) de la AEE.
Indicó que su administración garantizará que el plan de ajuste de la deuda respete el orden de prioridades, comenzando por asegurar el pago de las operaciones de la AEE, las pensiones de los retirados y las obligaciones laborales, de mantenimiento y de reconstrucción.
“Solo después de cubrir esas necesidades esenciales se pagará a los bonistas y, si no existen fondos sobrantes, no se realizarán pagos adicionales a los acreedores. Este enfoque, basado en la justicia y la racionalidad financiera bajo el derecho de quiebras, es la única forma de equilibrar las responsabilidades fiscales de la AEE con las necesidades críticas de su operación”, subrayó.
Dalmau propone, además, la adopción de la propuesta de la organización “Queremos Sol” para encaminar el desarrollo planificado, sostenible y racional del futuro energético del país, basado en las aportaciones científicas y técnicas de la comunidad de expertos y expertas que han colaborado durante años con esa organización. Con esta propuesta, la alianza PIP-MVC le presenta al pueblo de Puerto Rico un camino claro hacia la independencia energética, bajo un modelo público que funcione para el bienestar de todos.
“Se trata de reconstruir nuestro sistema eléctrico de una manera que sirva al interés público, promueva la energía renovable y asegure que nunca más un servicio esencial esté a merced de intereses privados. Esta propuesta traza el camino para un futuro energético que le devuelva a Puerto Rico lo que nunca debió perder: el control de su propia energía”, añadió.
Asimismo, expuso en darle un mandato a la corporación pública, la AEE con una nueva misión: re electrificar el archipiélago, con justicia energética, usando tecnología sostenible y resiliente que utilice al máximo los recursos energéticos endógenos.
“Nuestra corporación pública, la AEE, no puede estar intervenida por los partidos políticos. Necesita una Junta de Gobierno donde el Gobernador no pueda hacer y deshacer. La transformación de un sistema eléctrico que comenzó su deterioro a principios de la década de 1990, es decir, al menos 30 años de deterioro, no se logra en meses, ni en 2 años. Este es el primer gran reto de cualquier propuesta de reforma. No se trata de un acto de magia, sino de un proceso que exige gran responsabilidad”, advirtió Dalmau.
Dalmau expuso que la estructura de gobernanza es de gran importancia y, además, el pueblo demanda acción. Por lo que proponen un plan de evaluación, estabilización y transición del servicio de electricidad y que los componentes de planificación y de operación necesitan atenderse con urgencia.
“Apoyamos totalmente la propuesta de gobernanza de “Queremos Sol”, la cual constituye el comienzo para depurar el modelo de gobernanza. El componente de operación requiere de una evaluación rigurosa del estado físico del sistema, lo que se traduce en una salida ordenada de LUMA y una transición planificada a trabajo por regiones”, señaló el aspirante a la gobernación.
La propuesta incluye nombrar un(a) director(a) Ejecutivo(a) que, de inmediato, nombre ingenieros/as de distrito, cada uno con, al menos, 2 ayudantes competentes, para evaluar: líneas de distribución (estructuras, conductores, aisladores) y subestaciones, necesidad de poda, estado del sistema de comunicaciones, sistema de protección y transformadores de distribución.
Lo anterior requiere formular planes por distrito. Esto incluye estimados de costo y presupuesto, para decidir dónde gastar el dinero y qué se hace en la corporación pública, dónde pueden dar la mano los alcaldes y qué tareas habría que contratar para la estabilización y restauración del sistema. Esa misma visión, con los mismos objetivos, hay que ejecutarlo en el caso de la generación eléctrica.
“El componente de planificación es muy importante y hay que reconciliarlo con el plan integrado de recursos que existe y con su revisión. El problema de fondo es que el Negociado de Energía, LUMA y Genera PR siguen apostando por contratistas expertos en sistemas de potencia eléctrica del siglo XX. Se niegan a contratar peritos con una visión de un sistema del siglo XXI”, sostuvo Dalmau.
Precisamente, Dalmau reconoció la falta de reentrenar a los profesionales de la ingeniería y a técnicos para que puedan diseñar, construir y operar una nueva red eléctrica. “Urge planificar una nueva red eléctrica, reforzando la distribución, para que podamos tener vehículos eléctricos, microrredes, plantas virtuales y todas las demás tecnologías que deseamos tener en este siglo”, dijo.
La planificación debe tener como prioridad la generación renovable distribuida (techos y estacionamientos para el sol) y el almacenamiento distribuido y diseñar programas para incentivar el uso del almacenamiento distribuido en los hogares.
El secretario general del PIP explicó, también, que se requiere almacenamiento distribuido en la red de distribución (en las subestaciones) y en manos del operador de red, es decir, de la AEE.
“Urge cerrar el debate de la generación descentralizada, estableciendo la masificación de sistemas solares fotovoltaicos en los techos como el eje central de la transición energética boricua hacia una energía resiliente y limpia. Sin esta visión, no es posible hacerle justicia a cientos de miles de familias que estuvieron muchos meses sin servicio de electricidad de la red”, finalizó el candidato.