(Cabo Rojo)- Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) hicieron una investigación de campo ayer relacionada a una querella comunitaria radicada sobre remoción de corteza terrestre y cierre de acceso a la playa La Mela, en Cabo Rojo, mientras los dueños de Villa La Mela, La Mela Corp, se comunicaron con la mesa editorial de este portal y rechazan ser los responsables de la controversia que reportó Marea Ecologista.
El pasado lunes publicamos un reportaje sobre las denuncias de personas vecinas de playa La Mela, quienes alegaron que los dueños del complejo vacacional Villa La Mela removieron terreno y material vegetativo y bloquearon el acceso a la playa, sin los debidos permisos en ley.
Sobre esta controversia hay una querella (#QPM-101-2024) radicada en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) por remoción de terreno y material vegetativo y cierre del acceso a la playa, en la que se alega que dichas actividades se hicieron sin los debidos permisos de ley. Los vigilantes Vargas y Silva de la Unidad Marítima del Cuerpo de Vigilantes del DRNA, en Boquerón, atendieron la querella.
Por su parte, los dueños de Villa La Mela respondieron a una solicitud de información de Marea Ecologista sobre su versión de la controversia reportada. Compartimos su comunicación vía correo electrónico.
“En días recientes la plataforma de Marea Ecologista ha estado difundiendo una noticia relacionada a nuestra corporación La Mela Corp. Es nuestro deber y responsabilidad, informarles, que La Mela Corp. NO ha estado, ni está realizando actos o gestiones que en modo alguno puedan interferir con la designada zona marítima en nuestra área. Cualquier rumor o noticia difundida en torno a éste asunto, es incorrecta y falsa. Nuestra trayectoria comercial evidencia un comportamiento estricto con las leyes ambientales.
Le exhortamos a realizar las averiguaciones pertinentes de a quién realmente le pertenecen los terrenos en los que se están llevando a cabo los hechos denunciados por su mesa editorial.
En adición, muy respetuosamente, le solicitamos que publiquen una nota aclaratoria, donde se le indique al público que consume sus noticias que nuestra corporación no tiene nada que ver con las denuncias expuestas y que fue un error de Marea Ecologista”, lee íntegro el comunicado recibido vía correo electrónico.
De otra parte, el acceso a la playa La Mela sigue sin resolución y resucita una controversia pasada sobre la entrada que usaba la comunidad para acceder a este ecosistema.
“El acceso a la playa sigue pendiente de resolución. Este acceso fue objeto de un pleito judicial hace años, en el cual nuestra comunidad prevaleció. Próximamente daremos seguimiento a este asunto para reclamar lo que legítimamente y en derecho obtuvimos en un tribunal”, dice uno de los mensajes de texto enviados entre personas de la comunidad y analizados por este portal digital, sobre la controversia reportada.
Además de la pugna por el acceso humano a la playa, las obstrucciones y construcciones en la zona marítimo terrestre que hay en el complejo vacacional impiden el libre anidamiento de careyes – especie de tortuga marina en peligro de extinción, protegidas por leyes de Puerto Rico y Estados Unidos- según un video que publicamos el mes pasado.
Especulación y construcciones en zona marítimo terrestre
Este es el segundo caso que reporta Marea Ecologista sobre cómo la seguridad y bienestar de las comunidades y la naturaleza de Cabo Rojo están bajo acecho ante el aumento de construcciones de muelles, extensiones de restaurantes, casas y vagones para vacacionar, piscinas y relleno de costas dentro de los límites de la zona marítimo terrestre y que las personas vecinas han denunciado como “ilegales” por años, sin que el municipio y las agencias estatales y federales tomen acción.
Uno de los cuatro casos de construcciones y actividades “ilegales” que reseñamos en la comunidad de Joyuda, recibió en una orden de cese y desista del DRNA “contra cuatro personas identificadas como las responsables de la instalación y construcción de dos vagones y un balcón en un predio de la playa rellenado con roca ígnea”.
De otra parte, la semana pasada reseñamos cómo otros ecosistemas están bajo acecho en Cabo Rojo, esta vez debido al megaproyecto de ultra lujo Esencia, que se propone construir en suelo Rústico Especialmente Protegido Escénico/Agrícola/Ecológico, colindante el Refugio de Vida Silvestre de Boquerón, que incluye lagunas, mangles y salitrales.
Cabo Rojo: epicentro de múltiples denuncias
El Municipio de Cabo Rojo es el epicentro de 11 denuncias ambientales en la región suroeste de Puerto Rico, según los datos obtenidos por la herramienta digital e iniciativa Mapa de Costas, lanzada el pasado año por la organización Amigxs del MAR.
La herramienta digital e iniciativa invita a la ciudadanía a denunciar mediante la documentación fotográfica geolocalizada y un pequeño informe escrito, situaciones irregulares, o violaciones ambientales en las costas de Puerto Rico, como construcciones sin permisos, remoción de terrenos o capa vegetal, cierre de acceso a la costa, entre otros.
La herramienta digital ubica en Joyuda dos denuncias: una de construcción en la costa y otra de remoción de terreno o corteza terrestre. En Playa La Mela, precisamente, se registró una denuncia de remoción de terreno con características similares a este caso que reseñamos, mientras que en Buyé hay una de construcción en la costa y otra de bloqueo de acceso a la playa.
El Combate es el sector que más denunciaron en el Mapa de Costas, con dos de remoción de capa vegetal o terreno; una de cierre de acceso a la playa y otra de venta del lote en las laderas del barrio playero y el Caño Boquerón.
Asimismo, hace dos años, y mientras colaborabamos con los colegas de EyBoricua! investigamos y reportamos cómo el señor Moisés Sánchez Loperena, expresidente de Junta de Subastas de la Autoridad de Carreteras (ACT) se intentó apropiar de 30 pies de playa en la comunidad de Joyuda, mediante una concesión de uso fatula y disparatada que le otorgó el exsecretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), licenciado Rafael Machargo.
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