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(San Juan) – La Unión de Cinematografía en Puerto Rico, IATSE, Local 494 presentó cargos federales por prácticas ilícitas cometidas por el productor de la película Un día de mayo. La Unión investiga las denuncias de sus miembros sobre las campañas antisindicales de las compañías de producción, las cuales incluyen amenazas de cancelación de los proyectos si los empleados ejercen sus derechos federales a la organización sindical y a la negociación colectiva, derechos que en el caso de Puerto Rico están también garantizados constitucionalmente.  

Neftalí Nieves, portavoz de la Unión indicó que “en el caso de Un día de mayo, la Unión le exigió el reconocimiento a la empresa luego de obtener el apoyo mayoritario de los empleados y empleadas del proyecto. Según la doctrina federal, el patrono tenía dos opciones, reconocer a la Unión o presentar una petición de elección ante la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo (NLRB por sus siglas en inglés). Sin embargo, el patrono incumplió con la ley y detuvo la filmación en evidentes represalias contra los miembros de IATSE, Local 494”.  

La investigación realizada por la Unión descubrió que sus miembros trabajaban en el proyecto bajo la constante amenaza de que “si la Unión entraba no iban a poder completar el proyecto, un verdadero chantaje antisindical y una violación a la ley federal y a los derechos constitucionales de nuestros miembros”, añadió Nieves, quien colabora activamente con la agencia federal que investiga los cargos.  

La alegación de la Unión incluye discrimen por actividad sindical, amenazas contra los unionados por ejercer sus derechos bajo la ley y coacción. Investigan además otros proyectos por posibles violaciones y por clasificar intencionalmente a empleados y empleadas como contratistas independientes, por no pagar seguro social y por condiciones inseguras e insalubres en los “sets” de filmación.  

Un día de mayo es uno de los proyectos financiados con fondos del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés) administrados por el Programa para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica (PDIC) del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (DDEC).  

El objetivo de estos incentivos a la industria de cine en Puerto Rico es que se desarrollen proyectos que redunden en crecimiento económico en este sector. El portavoz de la Unión señaló que “el crecimiento económico del sector de cine tiene que necesariamente incluir el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los empleados y empleadas de esta industria en el país”.   

Según Manuel Cidre, secretario del DDEC, el PDIC eligió proyectos cinematográficos que demostraron su viabilidad y creatividad, los que se supone provocarían la activación de esta importante industria para que le brindara nuevas oportunidades a técnicos especializados, la mayoría de los cuales son miembros de la IATSE, Local 494 en el país.

La industria de cine cuenta con una de las mayores densidades sindicales en los Estados Unidos, en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes. Sin embargo, según Nieves, “lejos de brindar nuevas oportunidades a los técnicos especializados y buenos términos y condiciones de empleo, muchos de los proyectos cinematográficos seleccionados han optado por desarrollar sus proyectos sin reconocer el derecho de los trabajadores y las trabajadoras de estar representados por su sindicato”.   

Los fondos ARPA asignados por el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi ascienden a $74 millones. Según la información publicada por el DDEC son cerca de 30 producciones las que se estarían realizando en Puerto Rico.  

“Detrás de cada uno de esos proyectos hay todo un equipo de puertorriqueños y puertorriqueñas, altamente cualificados, que desea trabajar bajo condiciones adecuadas. Es injusto que estas empresas estén discriminando contra los miembros de nuestra Unión y opten por contratar, en algunos casos, a personas que no cuentan con la preparación ni la experiencia necesarias para producir cine de calidad”, sostuvo Nieves.

“Los cargos contra Un día de mayo son los primeros presentados de un grupo de proyectos financiados con los fondos ARPA que enfrentarán la misma suerte si insisten en violar la ley” concluyó el portavoz.

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