(San Juan)- El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) emitió una orden de cese y desista contra cuatro personas identificadas como las responsables de la instalación y construcción de dos vagones y un balcón en un predio de la playa rellenado con roca ígnea y que forma parte de una serie de denuncias de construcciones en la zona marítimo terrestre que la comunidad denuncia como “ilegales”.
El documento de cese y desista (#24-102-zmt) valida las denuncias de la comunidad, aparándose en la Ley #23 y el Reglamento 4860, en uno de los cuatro casos reseñados por Marea Ecologista, y que hoy sabemos que fue diligenciado precisamente anteayer durante el día, mientras que el reportaje publicó ese martes en la noche.
Según la orden del DRNA, Luz Vicenty Ramos Samuel Figueroa Vicenty, José Rubio Santana y Trinidad Ríos Gutiérrez “tiraron piedras en el agua para hacer un rompeolas sin el correspondiente permiso o autorización del DRNA y las agencias pertinentes, estatales y federales”.
El 11 de enero del 2024, la comunidad documentó la construcción ilegal reseñada en el reportaje de Marea Ecologista. Dos días más tarde -13 de enero- los vigilantes del DRNA llegaron al área y sorprendieron a las personas en sus actividades ilegales a la altura del kilómetro 14.3 de la carretera PR-102, según la relación de hechos del documento.
“Durante el 13 de enero de 2024, personal del Cuerpo de Vigilantes intervino con los señores Jorge Rubio Santana y Trinidad Ríos Gutiérrez, quienes se encontraban realizando trabajos de instalación de dos (2) “trailers” con balcón en la zona marítimo terrestre, en adición tiraron piedras en el agua para hacer un rompeolas sin el correspondiente permiso o autorización del DRNA y las agencias pertinentes, estatales y federales. Se le entregó una Orden de Paralización”, dice el documento.
Ese mismo día, Luz Vicenty Ramos se comunicó con el Vigilante Roberto Avilés Vélez, y le dijo que no tenía los permisos para realizar los trabajos. Sin embargo, los responsables de las construcciones ilegales y relleno de playa continuaron con sus actividades hasta que los vigilantes del DRNA los sorprendieron otra vez, con las manos en la obra.
“Durante el 21 de marzo de 2024, personal del Cuerpo de Vigilantes intervino en ese momento con el Sr. Samuel Figueroa Vicenty, dueño de las obras […] quien se encontraba realizando trabajos de construcción, haciendo caso omiso a la Orden de Paralización emitida el 13 de enero de 2024. Se le entregó una Orden de Paralización”, dice el documento firmado por la secretaria del DRNA, licenciada Anaís Rodríguez Vega.
La orden exige el “cese y desistimiento inmediato de toda actividad, reparación, construcción, reconstrucción, uso o aprovechamiento”.
Solicita, además, “la remoción total de las estructuras, vertidos y la restauración del área a su estado natural a satisfacción del DRNA. El pago de una multa administrativa de hasta cinco mil dólares ($5,000.00) por la construcción en bienes de dominio público marítimo terrestre sin concesión del departamento por cada acto ilegal u ocurrencia. El pago de una multa administrativa de hasta cinco mil dólares ($5,000.00) por el vertido de piedras en bienes de dominio público marítimo terrestre sin autorización del departamento por cada acto ilegal u ocurrencia”.
Asimismo, el documento advierte que “en caso de infracciones subsiguientes, el secretario podrá imponer una multa adicional de hasta un máximo de diez mil dólares ($10,000.00) por cada acto ilegal. Cada infracción diaria se considerará como una violación separada y estará sujeta a la multa adicional antes indicada”.
El DRNA citó a las partes querelladas a una conferencia entre las partes el día 31 de mayo, a las 10:00 am, en el piso 5, oficina de asuntos legales; y a una vista administrativa el 11 de junio, a las 9:30 am, en el salón de vistas ubicado, en el piso 8 de las oficinas centrales del departamento, sector El Cinco, carretera #8838, Km 6.3, Río Piedras.
Periodismo de resultados
Este es el segundo caso en el que logramos periodismo de resultados tras la publicación de nuestros reportajes investigativos. Hace dos años, y mientras colaboraba con los colegas de EyBoricua! investigamos y reportamos cómo el señor Moisés Sánchez Loperena, expresidente de Junta de Subastas de la Autoridad de Carreteras (ACT) se intentó apropiar de 30 pies de playa en la comunidad de Joyuda, mediante una concesión de uso fatula y disparatada que le otorgó el exsecretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), licenciado Rafael Machargo.