La representante por acumulación Mariana Nogales Molinelli anunció hoy la presentación de un proyecto de ley que enmendaría la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos para, entre otras cosas, eliminar la figura del Profesional Autorizado y volver a adscribir la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) a la Junta de Planificación (JP).
La legisladora explicó que el Proyecto de la Cámara 2113 tiene el objetivo de devolverle a los procesos de permisos la certeza y la confianza que han perdido a raíz de las prácticas corruptas de entes privados a los que se les delegó demasiado poder sin fiscalización alguna.
“Este proyecto de ley es uno de varios que están dirigidos a deshacer el grave daño que le hicieron Luis Fortuño y Ricardo Rosselló a nuestro país. Esa reforma de permisos del 2009 fue nefasta en sí misma. Creó la figura del Profesional Autorizado, que es prácticamente la privatización del proceso de permisos porque le pagas a una persona privada para que te expida permisos. La justificación fue que había que agilizar los permisos porque se estaba afectando el pequeño comercio. Pero a los pequeños y pequeñas comerciantes les va tan mal bajo OGPe como con ARPE. La agilización es solo para los grandes empresarios que pueden pagarle al Profesional Autorizado. El resto sigue en el limbo. En el 2009, también hubo una promesa de un ‘fuerte componente de fiscalización’ que nunca se materializó. La realidad es que los permisos otorgados por Profesionales Autorizados no se están auditando. Entre el 2020 y el 2021, sólo se auditó uno, el de Sol y Playa en Rincón. Y sólo se ha referido a un Profesional Autorizado por violaciones a la ley, el que emitió el permiso que yo impugné en Bahía de Jobos, en Salinas. Después del 2017, vino Rosselló y lo hizo todo peor al seguir delegando poderes y ubicar tanto a la OGPe como a la JP bajo la sombrilla del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC)”, recordó.
La medida presentada por Nogales Molinelli devuelve la OGPe a la JP y, a su vez, le reconoce total autonomía a la JP al separarla del DDEC y fortalecer su situación económica para que pueda cumplir con todas sus responsabilidades. “Esas agencias tienen funciones que pueden entrar en conflicto. La JP es una de las entidades más importantes del País. Tiene el deber de establecer planes para el uso sostenible de nuestro territorio basados en ciencia, en la evaluación de nuestras necesidades, en la protección de nuestros recursos. En el mejor de los casos, el DDEC va a impulsar el desarrollo económico y responder al sector empresarial. Por eso, la OGPe no puede estar bajo el DDEC. Aún en el Ejecutivo tienen que haber pesos y contrapesos. Lamentablemente, la filosofía actual del DDEC es la actividad comercial caótica, así se lleve por el medio al ambiente, a la gente y hasta al mismo gobierno que después tiene que ir a rescatarla. Con más razón, el proceso de permisos no debe estar a merced del DDEC. ”, afirmó.
La representante añadió que el P. de la C. 2113 también introduce enmiendas para exceptuar más áreas sensibles de las elegibles para exclusiones categóricas, establecer términos de vigencia para las consultas de ubicación y devolver las funciones de los Inspectores Autorizados a las agencias concernidas, como el Departamento de Salud y el Cuerpo de Bomberos.
“Estamos atendiendo diversas áreas de la Ley que han estado dando problemas porque implican demasiada flexibilidad y tienen consecuencias sobre el ambiente, la salud y la seguridad. Hemos visto como se han emitido permisos mediante exclusión categórica, o sea, sin estudios de impacto ambiental, en lugares sumamente sensibles como el carso, áreas inundables o donde hay yacimientos arqueológicos, y como se empiezan construcciones basadas en consultas de ubicación y estudios de hace décadas sabiendo que aquí han pasado tantos eventos que han afectado el terreno. En cuanto a los Inspectores Autorizados, aplica lo mismo que a los Profesionales Autorizadas y sabemos que hay personas emitiendo certificaciones que no están cualificadas para ello. Debemos devolver esa responsabilidad exclusivamente al personal de Salud y del Cuerpo de Bomberos, asignándoles también los recursos necesarios para ello”, concluyó Nogales Molinelli.