El Junte Multisectorial en Defensa de la Educación Pública denuncia complicidad del Senado en incumplimiento del Departamento de Educación y su falta de fiscalización a las escuelas charter, mediante su voto en contra a la RCS 424.
La medida proponía una pausa en la creación de nuevas escuelas charter hasta tanto el Departamento de Educación cumpliera con el Reglamento 9155 y su deber de fiscalizar y entregar informes anuales sobre el desempeño y uso de fondos públicos por parte de las corporaciones privadas que dirigen estas escuelas.
El Junte Multisectorial en Defensa de la Educación Pública catalogó como irresponsable el voto en contra de la medida RCS 424 de 19 senadores, entre ellos, del PNP: Carmelo Ríos, Gregorio Matías, Juan Oscar Morales, Thomas Rivera Schatz, Nitza Morán, Keren Riquelme, Wanda Soto, Marissa Jiménez y William Villafañe. Esto sumado al voto abstenido de Migdalia Padilla. También votaron en contra los senadores del PPD: Migdalia González, Albert Torres, Rosamar Trujillo, Rubén Soto, Ramón Ruiz Nieves, Elizabeth Rosa, Marially González, Héctor Santiago y José Luis Dalmau Santiago. Finalmente, el voto en contra de la senadora de Proyecto Dignidad Joanne Rodríguez Veve.
“Los 19 senadores que votaron en contra de la medida, se han convertido en cómplices de las negligencias del Departamento de Educación y su falta de fiscalización sobre los millones en fondos públicos que se entregan anualmente a estas corporaciones oportunistas que dirigen las escuelas charter. La derrota de la medida nos da aún más fuerza para continuar denunciando la oscuridad en la que operan estos negocios. Nuestro junte continúa creciendo, cada vez somos más voces exigiendo el cumplimiento del Reglamento 9155, en defensa de la educación pública del país, no nos detendrán.” indicó Mercedes Martínez, presidenta de la FMPR.
Los senadores y senadoras del PNP, Proyecto Dignidad y PPD, salvo el senador Javier Aponte Dalmau, han preferido ignorar la petición de más de 3,000 personas que se oponen a la creación de más escuelas chárter y denuncian la falta de fiscalización en los procesos de aprobación y rendición de cuentas de las escuelas charter.
La movilización que se presenció en el Senado, de parte de los ejecutivos de las escuelas chárter, para cabildear en contra de la aprobación de la medida, confirma que estas corporaciones privadas harán cualquier cosa para continuar operando al margen de la ley. Al parecer, prefieren no rendir cuentas sobre cómo gastan los fondos públicos del Departamento de Educación, no informar sobre cómo enseñan y cuál es el desempeño de los estudiantes.
“Dicen legislar para tener un país de ley y orden, pero demostraron su verdadero rostro, son cómplices de aquellas corporaciones que operan al margen de la ley. Votaron en contra de una medida que proponía fiscalizar y estudiar el modelo de escuelas charter antes de continuar aprobando escuelas adicionales”, denunció Emilio Nieves Torres, secretario general del grupo magisterial UNETE.
Liza M. Fournier, presidenta de UNETE añadió, “Estos privatizadores están movidos por el afán del lucro y están dispuestos a desinformar a las comunidades mientras violentan las leyes del país, para quedarse con el dinero público que le pertenece a nuestras escuelas públicas. Discriminan contra los estudiantes de diversidad funcional y menoscaban el derecho a la educación de los hijos e hijas del pueblo.”
“Durante la sesión, algunos senadores insinuaron que las escuelas charter son exitosas y sirven bien a los estudiantes, pero esa no es la realidad”, sentenció Katy Castro, una portavoz del Comité Timón de Madres y Padres de Educación Especial.
“Familias de estudiantes, en particular los participantes del programa de educación especial, han reportado a funcionarios del Deparamento de Educación, situaciones de discriminación y violaciones de ley en algunas de estas escuelas. Estas familias merecen una investigación y una protección real de la legislatura. Además, se ha denunciado el incumplimiento con la carta Circular núm. 021-2022-2023 del propio Departamento de Educación y la Ley 85 de 2018 que establece las Escuelas Públicas Alianza. Es inaceptable que los niños y niñas queden a merced de personas que no saben de educación, que no conocen la ley y que la violan con total impunidad y apoyo del Departamento y la legislatura. ” concluyó Castro quien también es madre de un estudiante que estuvo matriculado en escuela chárter de Arecibo.
El Departamento de Educación de Puerto Rico debe priorizar la asignación de fondos públicos al fortalecimiento de las escuelas públicas para proveer espacios dignos y seguros para el magisterio y el estudiantado.
Continuaremos exigiendo que se frene la desviación de fondos públicos a manos privadas a través de las escuelas chárter y se garantice un mejor sistema educativo público accesible para todos los niños y niñas del país. La lucha no terminará hasta que se haga justicia a la niñez y juventud de nuestro país con el fortalecimiento de la educación pública.
Para más información sobre el Junte Multisectorial e investigaciones sobre los efectos detrimentales de las escuelas charter en Estados Unidos visite https://linktr.ee/defiendelapublica