La Alianza Mujeres Viequenses informa que su demanda por los daños en Vieques, fue admitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso denuncia la contaminación ambiental provocada por las prácticas militares de la Marina de Guerra de Estados Unidos en la isla de Vieques y la falta de respuestas adecuadas para atender la complicada situación de desplazamiento y daños a la salud que viven sus residentes.
El Caso Zaida Torres y otros Vs. Estados Unidos, es un caso internacional que la Alianza de Mujeres Viequenses presentó en el año 2013, junto a 10 residentes de Vieques, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión es un órgano internacional, con sede en Washington D.C., que puede declarar la responsabilidad de Estados Unidos por la violación de derechos humanos en Puerto Rico.
En su demanda, la Alianza alega que la Marina de Guerra de Estados Unidos violó los derechos humanos de los Viequenses al realizar maniobras militares en Vieques durante más de 60 años, y que el Gobierno de Estados Unidos tenía pleno conocimiento del daño que estaba provocando a la vida y salud de los Viequenses, y a la naturaleza. La Alianza reclama también, que las violaciones de derechos humanos no han cesado, sino que continúan agravándose. En lugar de atender estas violaciones, el gobierno federal y el gobierno local han decidido adelantar políticas que generan desplazamiento, falta de acceso a servicios de salud, y menoscabo de los derechos al trabajo, a la alimentación y a la vivienda, entre otros.
A finales de septiembre, la Comisión notificó que el caso fue admitido e invitó a las partes a entrar en un proceso de solución amistosa. La Alianza Mujeres Viequenses informó hoy a la Comisión que está dispuesta a entrar en una negociación, siempre que Estados Unidos acepte su responsabilidad estatal por las violaciones de derechos humanos en Vieques y esté dispuesto a hacer todas las reparaciones necesarias para detener la contaminación, frenar el desplazamiento y atender de forma integral los daños inter-generacionales provocados en Vieques.
“Al cumplirse 10 años de haber presentado la demanda, nos han notificado que el caso fue admitido. Estamos contentas porque es un paso más cerca de lograr una decisión internacional reconociendo los daños que hemos sufrido y las crasas violaciones de derechos humanos que seguimos enfrentando los Viequenses. Hemos perdido mucha gente, ya sea por cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias, o por falta de servicios y oportunidades. Llevamos décadas luchando contra un gobierno que insiste en matarnos o dejarnos morir. Estamos viviendo un genocidio.” Señaló Zaida Torres, demandante en el pleito.
“Este caso es un reclamo histórico y colectivo, por el reconocimiento de nuestro derecho a vivir de forma digna en nuestra tierra. Los residentes de Vieques, y en especial las mujeres viequenses continuamos sufriendo los efectos de la contaminación ambiental provocada por las operaciones militares realizadas en Vieques por décadas. Muchas familias se han tenido que mudar de Vieques, debido a la falta de atención médica y de transporte efectivo que permita que puedan atender condiciones de cáncer o de enfermedades crónicas relacionadas a los desperdicios químicos lanzados y abandonados por la Marina de Guerra de Estados Unidos.” Añadió Zaida Torres.
Wanda Bermúdez, otra de las demandantes en el caso expresó: “Este caso es la última oportunidad disponible a los viequenses en los esfuerzos para que el gobierno, tanto federal como estatal, reconozcan el daño que han causado a nuestra gente por la actividad militar y otras decisiones gubernamentales, y tomen acción por compensar, mejorar la situación actual y evitar que estas violaciones se repitan.”
La etapa de admisibilidad es una primera etapa de litigio en un caso internacional. Una vez el caso es admitido, pasa a una segunda etapa (Méritos) donde la Comisión Interamericana identifica las violaciones de derechos humanos causadas por Estados Unidos, y determina el tipo de reparaciones que deben otorgarse. El proceso de solución amistosa, es una etapa intermedia donde las partes pueden negociar llegar a un acuerdo que atienda las violaciones de derechos humanos.
Este caso es representado por la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, y la Lcda. Annette Martínez Orabona, quien es la abogada encargada del litigio. Las Clínicas de la Escuela de Derecho de la Universidad de Pittsburgh y de la Escuela de Derecho de Western New England, proveen apoyo al caso.