Por Jennifer Wiscovitch y Omaya Sosa | Centro de Periodismo Investigativo (CPI)
Una pequeña compañía de tecnología llamada SupportPR, de un donante y colaborador del gobernador Pedro Pierluisi, ha dominado y establecido pautas de contratación en los trabajos de tecnología en el Departamento de Salud (DS) desde la pandemia y que superan los $144 millones.
Por lo menos, la mitad de esos pagos han ido a parar a compañías vinculadas a donantes del Gobernador y de otros políticos del Partido Nuevo Progresista (PNP), según surge del registro de donantes de la Oficina del Contralor Electoral (OCE).
Los contratos de SupportPR forman parte de un costoso patrón en las contrataciones de servicios de tecnología en Salud que poco han mejorado el rendimiento o datos disponibles, reveló una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), que encontró además, posibles cobros inflados, duplicidad de servicios y contrataciones innecesarias. Mientras tanto, el área de Planificación, Evaluación y Estadística de Salud, a la que pertenece la división interna de tecnología de la agencia que agoniza, tiene un presupuesto anual de apenas $4.4 millones.
SupportPR también está al centro de una investigación que realizan la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud Federal (HHS-OIG en inglés) y la Fiscalía Federal sobre posible malversación de fondos federales por parte de esta y al menos otras seis compañías, revelaron al CPI fuentes allegadas a la pesquisa. El Negociado Federal de Investigaciones (FBI en inglés) también ha tomado interés en el caso por un posible cruce con el caso de corrupción de los primos Pierluisi, según supo el CPI. Las tres agencias dijeron que no pueden confirmar ni negar la existencia de investigaciones en torno al asunto.
La investigación de HHS-OIG incluye los contratos de Orsys Consulting, Nagnoi, Intervoice Communication of Puerto Rico, Health Gorilla, NTT Data EAS y Digheontech. Estas empresas, junto a SupportPR, han sumado casi $70 millones en contratos desde el 2020.
El gerente general de SupportPR, Rubén Vázquez Nieves, ni su directora ejecutiva, Yadira Galarza Berríos, estuvieron disponibles para entrevista, expresó la abogada de la compañía, María Domínguez Victoriano.
Digheontech y Health Gorilla fueron las únicas dos compañías que estuvieron disponibles para entrevista. El vicepresidente de Digheontech, Peter Díaz, reconoció que la HHS-OIG les ha solicitado información y aseguró que están colaborando. No obstante, afirmó que si los investigadores hacen su trabajo correctamente, “no vamos a ser tarjeta [objeto de la investigación] porque nosotros no hemos hecho nada ilegal”. Digheontech fue una de las principales empresas que trabajó con el monitoreo y publicación diaria de los datos de COVID-19 durante el pico de la pandemia, así como en el desarrollo y manejo del sistema de control de entrada de visitantes infectados por los aeropuertos del País.
Por su parte, Javier Jiménez Jirau, vicepresidente de Health Gorilla para América Latina y Asuntos de Gobierno, dijo que la compañía no está siendo investigada por las autoridades federales y que tampoco les han requerido información, ni ningún empleado ha sido entrevistado.
El vicepresidente de Digheontech — que realizaba trabajos de tecnología para el DS desde 2009 por medio de su empresa predecesora UAI Caribbean — sostuvo que Vázquez Nieves intentó imponerle a su empresa que subcontratara a compañías particulares. Díaz dijo que lo usual en la industria es que cada compañía escoge sus propios técnicos de acuerdo a las cotizaciones de tarifas que les presentan.
“Rubén [Vázquez Nieves] llevaba un tiempo en la agencia. Cuando llega [el Secretario] Carlos Mellado [Lopez], él se quedó en la agencia. Pero en ese momento, él [Vázquez Nieves] comienza a tomar control de todas las iniciativas tecnológicas de Salud, que no solo incluían la pandemia, sino también otras áreas como Medicaid, Medicare y otras secciones”, dijo Díaz.
“Lo que no nos parecía agradable, ni nos parecía moral, ni nos parecía legal, era que un asesor estuviera diciendo en específico qué compañías debían hacer qué y que a su vez esas compañías tuvieran algún vínculo o sociedad con él”, dijo Díaz, e indicó que Salud terminó por cancelarle el contrato a Digheontech, a su juicio, por no prestarse para estas movidas. La versión del principal oficial administrativo del DS, Esdras Vélez Rodríguez, y de su ex jefe de informática Rafael Gralau, es que le cancelaron el contrato porque ya no era necesario.
Apuntan a reuniones con Andrés Guillemard
Asimismo, el vicepresidente de Digheontech dijo que, aunque personalmente no ha participado de reuniones con el cuñado del gobernador Pedro Pierluisi, Andrés Guillemard Noble, conoce a contratistas que sí han participado y que aseguran que el abogado es la fuerza detrás de Vázquez Nieves y de la repartición de las contrataciones de tecnología en la agencia. Esta información fue confirmada al CPI por seis fuentes en entrevistas por separado. Guillemard Noble y Mellado López son vecinos y amigos.
“Me ha llegado prueba de referencia, definitivamente, de que él [Guillemard Noble] tiene un gran control sobre este grupo de compañías que entraron a Salud. Inclusive nos llegaron a recomendar que fuéramos a través de él [para conseguir contrataciones posteriores]. La compañía decidió no aceptar ese tipo de recomendación porque no me pareció algo propio, algo moral”, dijo.
Cuatro fuentes que hablaron con el CPI ubican a Guillemard Noble en reuniones sobre asuntos de tecnología y las pugnas en el DS con Vázquez Nieves y otros contratistas, tanto en sus oficinas de Miramar como en el hotel Vanderbilt en Condado. En una de esas reuniones presuntamente estuvo presente también Walter Pierluisi, primo del Gobernador acusado por las autoridades federales, quien ayudaba a agilizar pagos en Salud, según las fuentes.
Guillemard Noble declinó contestar las preguntas del CPI sobre este tema. Vázquez Nieves tampoco contestó si se había reunido con Guillemard Noble.
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