(San Juan) – El Reglamento Conjunto 2022 (RC2022), creado por la Junta de Planificación (JP), regula el uso de terrenos y el otorgamiento de permisos, entre otros importantes asuntos que inciden sobre la planificación y el uso del territorio de las islas de Puerto Rico.
Para la Naturaleza sometió sus comentarios expresando sus preocupaciones sobre asuntos relacionados al uso del suelo y el debido proceso de ley.
“Entendemos que el documento, tal y como está redactado, contiene elementos que lo hacen nulo por su incumplimiento con las siguientes leyes”:
1. Ley Orgánica de la Junta de Planificación, Ley Núm. 75-1975.
2. Código Municipal de Puerto Rico, Ley Núm. 107-2020.
3. Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico, Ley Núm. 33-2019.
4. Ley para el Plan de Uso de Terrenos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 6-2014.
5. Ley para la Protección y Conservación de la Fisiografía Cársica de Puerto Rico, Ley Núm. 292-1999.
“Llevamos décadas colaborando y participando de todos los procesos que la Junta de Planificación (JP) ha realizado. Particularmente, hemos colaborado en asuntos relacionados al Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico (PUTPR), al Mapa de Calificaciones, Planes Sectoriales y Especiales, Planes Territoriales, y borradores de Reglamentos Conjuntos. Partiendo de esta premisa, es nuestra obligación hacer un análisis mesurado de lo que propone este nuevo borrador del Reglamento Conjunto, publicado en 2022”, comentó el licenciado Fernando Lloveras San Miguel, presidente de Para la Naturaleza.
La Junta de Planificación concedió 30 días para que los ciudadanos comenten el documento que incluye 950 páginas con lenguaje técnico, lo que limita la participación en este proceso. Estos 30 días se cumplieron el martes, 21 de febrero de 2022 a las 12:00 a.m.
Pero más allá del tiempo para comentarios, que fue poco, el problema, según la organización, es que de aprobarse el Reglamento Conjunto 2022, permitiría todo tipo de construcción sin necesidad de consultas y evaluaciones y esto trastorna el proceso en que se conceden permisos para el desarrollo, uso de terrenos y la operación de negocios en Puerto Rico.
“El RC2022 según está redactado, no soluciona los problemas de otorgación de permisos de construcción y desarrollos en zonas de alto valor ecológico, sino que más bien lo empeora. Para la Naturaleza no está en contra de la aprobación de un Reglamento Conjunto; al contrario, un RC es sumamente necesario para la planificación urbana y protección de los ecosistemas, pero la JP debe hacer un ejercicio y proceso serio, que considere todas las designaciones actuales aportando a una solución en pro del desarrollo sostenible y no del desarrollo desmedido de nuestro País, que es lo que terminó siendo este reglamento”, añadió Lloveras San Miguel.
El Tribunal Supremo declaró nulo el Reglamento Conjunto del 2020 y en enero del 2022 reafirmó su derogación. A partir de hoy, la JP debe evaluar y considerar los comentarios sometidos.
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