(Noticias ONU) – Nueve relatores especiales y un grupo de trabajo de derechos humanos de la ONU advirtieron este miércoles que el Tren Maya podría poner en peligro los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades a la tierra y los recursos naturales, los derechos culturales y el derecho a un medio ambiente sano y sostenible.
El Tren Maya es un megaproyecto del gobierno mexicano con participación del sector privado que contempla 1,500 kilómetros de vías férreas tendidas a través de península de Yucatán y los dos estados del istmo de Tehuantepec, en el sureste del país, y que busca reducir los tiempos y costos del transporte de mercancías y pasajeros para impulsar el desarrollo y potenciar la industria turística.
Proyecto de seguridad nacional
En un comunicado conjunto, los expertos destacaron que, dado que el gobierno ha elevado al Tren Maya a la categoría de proyecto de seguridad nacional, puede derogar la aplicación de las salvaguardias ambientales y sociales, y afirmaron que esta clasificación no permite que México eluda sus obligaciones internacionales de respeto de los derechos humanos de las personas afectadas y de protección al medio ambiente.
“Esta decisión no sólo tiene el potencial de permitir que los abusos de los derechos humanos sigan sin ser abordados, sino que además socava el propósito del proyecto de llevar un desarrollo social y económico inclusivo y sostenible a los cinco estados mexicanos involucrados”, dijo Fernanda Hopenhaym, presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.
Hopenhaym añadió que la creciente participación del ejército en la construcción y gestión del proyecto también “suscita gran preocupación”.
Los relatores plantearon que los defensores de los derechos humanos que han señalado los impactos negativos del proyecto, enfrentan amenazas y ataques, y subrayaron que su acceso a un tribunal independiente e imparcial es limitado.
Participación indígena
“Como proyecto dirigido por el Estado, el gobierno mexicano debería tomar medidas adicionales para garantizar el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente”, recalcaron.
En este sentido, pidieron al gobierno garantizar la participación sustantiva de las comunidades afectadas y llamaron a la transparencia en las evaluaciones de los derechos humanos y el impacto ambiental antes de tomar cualquier decisión futura relacionada con el Tren Maya, con la intención de prevenir cualquier otro efecto negativo.
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