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Arte aprobar PC474, SurfriderPR

Juan Camacho, líder ambientalista comunitario, Toabajeños en Defensa del Ambiente

(Toa Baja) – Contrario a lo que algunos políticos entienden, las organizaciones ambientales-comunitarias no nos organizamos para pelear contra el gobierno. Nos organizamos para promover y adelantar proyectos beneficiosos para la comunidad y para educar y orientar sobre los usos, defensa y conservación de los recursos naturales.  Esa es y ha sido nuestra propuesta. 

Sin embargo, la realidad que nos imponen algunas empresas y/o agencias hace que tengamos que dedicar el tiempo destinado a esos proyectos, a la lucha, a veces por años, de proyectos contrarios al medioambiente y a la calidad de vida de nuestras comunidades. De eso tenemos ejemplos en todo el país. 

En el caso nuestro, tuvimos que dedicar tiempo y recursos económicos a la lucha contra la AEE en su intento de construir el gasoducto del norte, por áreas inundables, sujetas a deslizamientos, poniendo en peligro la vida y vivienda de nuestra gente y sin permiso. Todo con el aval y endoso militante de la agencia (DRNA) que tiene el deber ministerial de defender y conservar el ambiente.  

Ante ese atentado, acudimos al tribunal, pero éste nos cerró el acceso diz que porque no teníamos legitimación activa; que teníamos que haber sufrido un “claro y palpable daño”, el cual no debía ser “abstracto o hipotético…”       

No era posible demostrar los daños de una explosión a personas y estructuras si el proyecto no había sido construido, aunque sí presentamos evidencia de gasoductos que habían explotado y matado personas tan cerca como en los Estados Unidos. 

De manera absurda, se pretendía que presentáramos los muertos motivo de una explosión del gasoducto ante la puerta del tribunal para que se nos reconociera “interés legítimo”.  Contraria a ese actitud cómplice y antidemocrática, demostramos  –en la calle— que sí éramos genuinos representantes de nuestras comunidades. 

En estos días la legislatura aprobó el P. de la C. 474 sobre legitimación activa, que reconoce de manera democrática nuestro derecho a acudir al tribunal a solicitar un remedio en defensa de los recursos naturales y el medio ambiente.  

Exhortamos al gobernador a firmarlo.