Casa Pueblo de Adjuntas se sumó a la pluralidad de voces que han alertado sobre la grave crisis hídrica que surgiría en el suroeste de Puerto Rico si el megaproyecto Esencia llega a construirse.
Esta ciudad privada de lujo no solo provocaría daño ambiental irreversible en suelos del más alto valor ecológico, así como el desplazamiento de las comunidades locales, sino que sería una sentencia permanente de racionamiento de agua para Cabo Rojo y el suroeste del país.
“La seguridad hídrica de nuestra gente y Esencia no son compatibles”, afirmó el director ejecutivo de Casa Pueblo, Arturo Massol Deyá. “Y sin agua no hay vida, así de sencilla y dramática es la amenaza que enfrenta la región ante este proyecto”.
A pesar de que la propia Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ha admitido que no hay agua para un complejo residencial y turístico de esta escala, el actual gobierno se ha empecinado en hacer todo lo que está a su alcance para viabilizar de forma expedita la construcción de este proyecto extractivista. Esto incluye enmendar leyes y crear órdenes ejecutivas a la medida de los intereses de los saqueadores.
En una acción repugnante, el gobierno de Puerto Rico les dio otro espaldarazo a los proponentes de Esencia al eliminar, mediante orden ejecutiva y en secreto, el requisito de celebrar vistas públicas para que se puedan evaluar en profundidad y con participación ciudadana las consultas de ubicación de proyectos clasificados como estratégicos.
De este modo, en un periodo de 16 días, el secretario auxiliar interino de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), Miguel Manzano Rivera, firmó la orden ejecutiva que contiene esta enmienda acomodaticia, los proponentes de Esencia presentaron la consulta de ubicación y la agencia la aprobó sin escuchar a la gente de la comunidad, a diversidad de personas expertas en distintos campos y a grupos de interés que han reunido información que rebate las promesas engañosas de los desarrolladores. Este proceder es obsceno y corrupto.
Cabe recordar que, previamente este año, la mayoría legislativa allanó el tracto procesal de Esencia al aprobar la Ley 82 que permite construir en suelos rústicos protegidos de alto valor ecológico, lo cual era impensable bajo el Plan de Uso de Terrenos del País.
La zona suroeste es naturalmente seca, por lo que sus residentes, comerciantes y agricultores han experimentado dificultades históricas con el acceso al agua. Es por ello que la supuesta autosuficiencia de agua que tendría Esencia no es más que una manipulación técnica para proyectar que sí contarían con el recurso, pero nadie les cree.
Ignorando esa realidad, el gobierno está empujando la construcción de Esencia, que de llegar a aprobarse sentaría un peligroso precedente para el resto del archipiélago.
“La zona metropolitana y el este del país sufren actualmente las consecuencias de la sequía, ya sea por racionamientos programados o porque les dejan a secas de manera constante sin previo aviso. Insistir en Esencia cuando una parte de la población ya enfrenta inseguridad hídrica, y conociendo que la situación solo empeorará, es inexcusable y criminal”, aseveró Massol Deyá.
El director ejecutivo de Casa Pueblo indicó que, ante este panorama, corresponde ejercer la defensa del territorio de la desregulación ambiental que abre la puerta al desmantelamiento de nuestras áreas naturales, amenaza la sostenibilidad y la vida misma.
“El momento de detener a Esencia es ahora, mediante la organización social y la acción comunitaria, porque el proyecto todavía no tiene permiso de construcción. Igualmente, hay que prestar atención a otros proyectos nefastos que terminarían de robarnos las costas”, señaló Massol Deyá.
“Por eso desde Casa Pueblo, que tiene una larga historia de lucha e importantes victorias en la protección de los recursos naturales y la gente, reiteramos nuestra oposición al megaproyecto Esencia y manifestamos nuestra entera solidaridad con la coalición Defiende a Cabo Rojo que lidera la resistencia. Daremos el acompañamiento y tomaremos las acciones que requiera esta lucha”, agregó el también microbiólogo y profesor universitario retirado.
Casa Pueblo es una organización de autogestión comunitaria fundada en 1980 para combatir la propuesta de explotación minera en la cordillera central, una lucha que ganó en 1995. Posteriormente, del 2010 al 2012, lideró la oposición al gasoducto del norte, en la cual también salió airosa.
Su manejo comunitario del Bosque del Pueblo y el Bosque Escuela La Olimpia, sus propuestas educativas y culturales, su proyecto de autosuficiencia económica Café Madre Isla, y su abogacía por una transición energética justa conforman un modelo alternativo de país que pone al centro las necesidades de la gente respetando el entorno natural.
