El tráfico ilícito de bienes culturales mueve cifras millonarias y alimenta redes criminales globales. Mientras la UNESCO y otras divisiones de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) refuerzan su lucha, el saqueo de yacimientos y la venta ilegal de objetos sagrados continúan, a menudo con la complicidad de la desregulación y el silencio.
El negocio de la memoria
El patrimonio cultural no es una mercancía. Sin embargo, para las redes criminales internacionales se ha convertido en uno de los comercios ilícitos más rentables del planeta, junto al tráfico de armas y de drogas.
Según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), se trata de una de las formas de actividad criminal más antiguas del mundo.
Su particularidad es perversa: a diferencia de otras drogas o armas, el comercio de bienes culturales no está prohibido de manera absoluta, lo que, unido a una regulación débil y una alta demanda, genera un mercado de bajo riesgo y altamente lucrativo.
Los datos son escalofriantes. Solo el año pasado, más de 37,000 objetos culturales —desde artefactos arqueológicos y obras de arte hasta monedas e instrumentos musicales— fueron incautados durante la operación internacional Pandora IX.
Participaron Europol, Interpol y la Organización Mundial de Aduanas, junto con autoridades de 23 países. El botín incautado es solo la punta del iceberg de un expolio que se intensifica en tiempos de crisis y conflicto, cuando las redes criminales organizadas explotan el caos y la desprotección.
América Latina y el Caribe: el expolio silencioso de un patrimonio milenario
En América Latina y el Caribe la usurpación adquiere dimensiones de epidemia silenciosa. La región, por su riqueza y diversidad cultural, es una de las más vulnerables del planeta.
El tráfico ilícito de bienes culturales precolombinos, religiosos y coloniales, así como la comercialización ilegal de patrimonio subacuático extraído de naufragios, son el pan de cada día.
Países como México, Guatemala, Honduras, Perú y Colombia figuran entre los que más expolios sufren cada año. La gran extensión de los yacimientos arqueológicos, muchos de ellos en zonas de difícil acceso, convierte la vigilancia en una misión casi imposible.
En Puerto Rico, un trío de compinches, liderados por un ex director de finanzas del municipio de San Sebastián, fueron sentenciados a probatoria por la jueza Aixa Rosado Pietri -8 el junio de 2008- tras resultar convictos por intentar saquear un yacimiento arqueológico, determinación que el arqueólogo y antropólogo José Ortiz Aguilú catalogó entonces como “una invitación al saqueo del patrimonio nacional”.
A diario, importantes bienes culturales desaparecen sin que nadie de cuenta. No es casualidad que la UNESCO haya puesto el foco en la región: en mayo de 2025, el III Foro Cusco reunió en Perú a autoridades de 15 países de América Latina y el Caribe para fortalecer la cooperación contra este delito.
Allí participaron, además de los ministros de Cultura, expertos de Interpol, la UNODC, el Buró Federal de Investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) y los Carabinieri italianos (policía técnica judicial de Italia). El mensaje fue claro: proteger el patrimonio no es solo una cuestión de museos, sino de memoria e identidad de los pueblos.
En el Caribe, la amenaza es apremiante. La UNESCO ha organizado seminarios y cursos de capacitación para el personal de museos de más de veinte países y territorios, desde Cuba hasta Trinidad y Tobago, con el fin de mejorar la gestión de colecciones y la respuesta ante el expolio.
El tráfico ilícito de bienes culturales ha crecido hasta alcanzar proporciones epidémicas, comparables ya a las del narcotráfico. Y, sin embargo, la impunidad sigue siendo la norma.
Cacería en Cáceres y el tumbe europeo
Asimismo, en Europa los ejemplos recientes dibujan un mapa del despojo sistemático. En España, hay un caso indignante: un grupo criminal fue desarticulado por saquear yacimientos arqueológicos en la provincia de Cáceres.
Utilizaban detectores de metales para extraer miles de monedas romanas, que luego vendían a través de redes sociales como si se tratara de chatarra. No es un hecho aislado. En Grecia, tres personas fueron arrestadas por intentar vender cinco iconos bizantinos por 70,000 euros.
Las autoridades aduaneras ucranianas, por su parte, incautaron 87 objetos de valor histórico, incluyendo iconos de San Serafín de Sarov y monedas antiguas que contrabandistas intentan exportar a Polonia, Moldavia y Rumania.
Herramientas contra el expolio: la apuesta por la ley
En este contexto, la UNESCO ha publicado en 2026 un recurso práctico titulado Safeguarding Heritage through Law Enforcement: Good Practices in Combating Illicit Trafficking of Cultural Property.
El documento, desarrollado en el marco de la asistencia técnica para la policía del patrimonio de Mongolia, no es un simple manual.
Refleja la responsabilidad compartida de salvaguardar el patrimonio y refuerza la importancia de la acción coordinada entre policías, aduanas, instituciones culturales y comunidades.
La publicación estructura sus buenas prácticas en cinco ejes clave: el uso de tecnología y herramientas digitales; la cooperación y coordinación internacional e intersectorial; la educación y capacitación para las fuerzas del orden; la participación comunitaria y las campañas de concienciación pública; y el desarrollo institucional y la innovación política.
Incluye además una lista de verificación para la autoevaluación de capacidades. Es, en definitiva, un reconocimiento de que la protección del patrimonio no es solo cuestión de museos, sino de justicia y soberanía cultural.
Un día para recordar lo que no se vende
El 14 de noviembre, fecha establecida por la UNESCO para conmemorar la Convención de 1970, se celebra el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Una jornada que, como recuerda la ONU, sirve para subrayar que el patrimonio cultural no es una mercancía, sino parte de la historia compartida de la humanidad.
Sin embargo, mientras persistan la demanda, la desregulación y la impunidad, el pasado seguirá siendo robado. La lucha, como bien apuntan desde Naciones Unidas, no es solo de los gobiernos o de Interpol; es una batalla por la memoria colectiva que pertenece a todas las personas que habitan el Planeta.
