No crecí en Cabo Rojo; crecí en el centro de la isla, entre montañas. Cada verano, sin embargo, ese pueblo costero se volvía un segundo hogar. El viaje hacia el suroeste era un ritual: bajar por la carretera, sentir cómo el aire cambiaba, cómo el olor a salitre se colaba por las ventanas mucho antes de ver el mar. El litoral no era destino ni producto. Era un espacio abierto que se vivía en familia. Caminábamos hacia la playa cargando toallas, neveritas, sillas. Nadie imaginaba que un día habría que defender el derecho a llegar al agua. Combate, Boquerón, Playa Sucia: cada playa era una forma distinta de relacionarse con el mar. El cuerpo se mezclaba con la arena. El territorio se volvía cuerpo, aunque uno viniera de lejos.
La palabra esencia siempre me pareció simple: lo que queda cuando todo lo demás se cae. Con los años entendí —leyendo a Enrique Dussel— que la esencia no es estructura fija ni individualidad, sino vínculo: comunidad, tierra, historia compartida. Eso era lo que sentía en aquellos veranos. Un litoral abierto que recibía sin pedir nada. Un territorio vivido en familia. Un mar que era de todos. Sorprende —o ya no— que hoy esa misma palabra se use para nombrar un proyecto que busca convertir ese litoral en mercancía. Entre la esencia que conocí de niño y la Esencia que se propone ahora se abre una distancia que no es conceptual: es política, territorial, histórica.
Esa distancia no es solo puertorriqueña. En Hawái, comunidades nativas ocuparon terrenos para detener proyectos turísticos como Honokea West Surf Village. “Desarrollo cultural”, decían; destrucción de yacimientos, consumo de agua incompatible con la fragilidad del lugar, denunciaban los líderes. Cabo Rojo puede mirarse en ese espejo. En Kauaʻi, familias recibieron avisos de desalojo tras la compra de un complejo de vivienda para convertirlo en “proyecto exclusivo para nativos hawaianos”. Exclusivo para unos, expulsión para otros. Jamaica ofrece otro reflejo incómodo: mega‑resorts, playas privatizadas, comunidades desplazadas. El lenguaje del desarrollo funciona como cortina: promete revitalización mientras reorganiza quién puede —y quién no puede— quedarse en su propio país.
El nombre Esencia no es inocente. Antes de tocar un manglar, el proyecto desvirtuó una palabra. La vació. La reescribió. La convirtió en mercancía. Juan Camacho lo dijo en Rumbo Alterno: “llamar ‘Esencia’ a un proyecto que destrozaría toda la costa de la región oeste es un acto de deshonestidad moral y lingüística”. Lo que debería ser vínculo, territorio, comunidad, para el desarrollador es marca, promesa y fantasía digital. La violencia simbólica empieza así: capturando el lenguaje para que el despojo parezca desarrollo. Nietzsche hablaba de la transformación de los valores. Aquí ocurre al revés: lo que era vínculo, territorio y comunidad se convierte en cemento, varillas y promesas escondidas tras el impacto ambiental. La naturaleza, los acuíferos vivos, la biodiversidad: todo se vuelve mercancía. Marx llamó alienación a la separación del trabajador de su producto; aquí, el proyecto Esencia busca separar a la comunidad de su territorio, de su memoria y de su historia.
Si el nombre fue el primer engaño, la administración pública fue el segundo. Antes de que una máquina tocara la arena, el Estado ya había hecho su parte: convertir el litoral en expediente. En Puerto Rico, la violencia no siempre llega con diggers; llega con sellos, con vistas públicas anunciadas a última hora y con permisos aprobados cuando nadie mira. El CPI documentó cómo los permisos se otorgaron con contradicciones internas, evaluaciones incompletas y un uso creativo de la Ley 60 para justificar incentivos que nada tienen que ver con el bienestar colectivo. La administración pública, en vez de freno, terminó siendo cómplice.
Esa complicidad aparece en otros archipiélagos. En Oʻahu, el megaproyecto del tren urbano amenaza con desplazar comunidades trabajadoras como Kalihi. En el North Shore, protestas contra zip lines, góndolas y complejos turísticos buscan frenar la transformación de tierras agrícolas y espacios sagrados en atracciones para visitantes. La burocracia, allá como aquí, legitima la transformación del territorio sin la participación de quienes lo habitan.
¿De dónde salen estas decisiones? No salen de la nada. Cada permiso, cada vista pública mal anunciada, forma parte de una larga historia de cómo el Estado organiza el territorio y decide quién tiene derecho a él. Marx lo dijo sin tapujos: “el Estado es el comité que administra los negocios comunes de la burguesía”. En Cabo Rojo, ese comité tiene nombre y firma. La violencia administrativa opera así: no destruye directamente, pero crea las condiciones para que otros destruyan. No corta un árbol, pero autoriza que lo corten. No toca el litoral, pero lo declara “desarrollable”. Cada permiso aprobado es una decisión política. Cada vista pública mal anunciada es exclusión. Cada incentivo otorgado es subsidio al despojo.
La violencia material deja cicatriz: tierra removida, manglar talado y acuífero amenazado. Es la continuidad de un patrón histórico que comenzó hace siglos: salinas explotadas, monocultivos que gastaron el suelo y haciendas que cercaron lo común. Marx llamó acumulación originaria al proceso mediante el cual se expropian bienes comunes para convertirlos en propiedad privada. En Cabo Rojo, esa acumulación no es pasado: es presente. El litoral, espacio de paso libre, pesca artesanal, recreación comunitaria y lo quieren convertir en enclave turístico pensado para otros. La playa deja de ser playa y se vuelve un accesorio de lujo.
Donde hay poder, hay resistencia. En Hawái, redes como ʻĀina Organizations trabajan desde el cuidado del territorio. En Jamaica, colectivos comunitarios denuncian la privatización de playas y proponen turismo comunitario. En Puerto Rico, el Comité por la Verdadera Esencia de Cabo Rojo documenta remociones ilegales, presenta querellas, denuncia la privatización encubierta del litoral. Luchas separadas por océanos, unidas por una intuición: defender el litoral es defender la vida.
Esa vida es lo que Esencia convierte en propaganda. El proyecto toma un espacio de vida colectiva y lo transforma para consumo privado. No es solo construcción: es reorganización del territorio. Desplazamiento silencioso. La caminata familiar hacia la playa, el pescador que conoce las mareas, el niño que descubre la arena: todo queda fuera del diseño. El enclave no necesita comunidad; necesita clientes.
La violencia material también se manifiesta en la fragilidad ecológica del lugar. Lagunas, manglares, dunas, acuíferos, vida costera: un ecosistema complejo. Cada intervención altera un equilibrio que tomó siglos. Pero en el lenguaje del desarrollador —y del Estado— la naturaleza se reduce a “mitigar”. Como si la vida pudiera compensarse con un informe o una siembra simbólica de árboles. La acumulación originaria del siglo XXI no solo expropia tierra: expropia futuro.
¿Qué queda frente a tanta violencia? La memoria. No la nostálgica, sino la territorial: la que vive en los cuerpos, en las caminatas familiares, en el olor a mangle y en la certeza de que el litoral siempre fue comunitario. Guarionex Padilla lo resume: “la tierra guarda memoria de lo que el poder intenta borrar”. Esa memoria es archivo colectivo. Por eso la defensa del litoral no es solo ambiental: es histórica, cultural y humana. Cuando una comunidad protege un manglar, defiende una forma de vida. Cuando exige vistas públicas reales, reclama su derecho a decidir sobre el territorio que habita. Cuando denuncia la privatización disfrazada de desarrollo, afirma que el futuro no puede construirse a espaldas de quienes han cuidado ese espacio por generaciones.
La dignidad no es exclusiva de Puerto Rico. Está en las ocupaciones hawaianas que defienden el ʻāina y en las comunidades jamaiquinas que impiden que su mar sea convertido en privilegio. En cada lucha hay una certeza: el territorio no es mercancía.
El litoral de Cabo Rojo no necesita otro nombre. No necesita ser rebautizado ni vendido como experiencia de lujo. Su esencia —la verdadera— está en la gente que lo camina, lo pesca, lo cuida. En los cuerpos que aprendieron a leer el horizonte antes que cualquier mapa. En las familias que cargaron neveritas sin imaginar que un día tendrían que defender el derecho a llegar al agua. Frente a proyectos como Esencia, la comunidad responde con algo que no aparece en los informes: dignidad. Una dignidad que ha frenado proyectos antes y que seguirá defendiendo el litoral ahora.
Defender el litoral es defender la posibilidad de un país donde la vida no esté subordinada al capital. No es gesto de moda ni capricho ambientalista: es acto político. La lucha por el territorio es lucha por la memoria, por la dignidad, por el derecho a existir sin ser desplazados. La tierra no es vacío esperando inversión: es tejido vivo de historias, afectos y relaciones que no caben en un permiso ni en una maqueta digital.
La resistencia en Cabo Rojo se enlaza con las luchas hawaianas y jamaiquinas. Archipiélagos distintos pero la misma realidad: la vida primero antes que la mercancía.
La memoria insiste, como las olas. Tal vez ahí esté la clave: entender que defender el litoral no es acto aislado, sino una forma de imaginar el país. Un país donde el horizonte siga siendo derecho. Donde la tierra se cuide. Donde la comunidad sea centro. Donde la esencia no sea nombre vacío, sino vida.
