Aquí te presentamos tres instancias claras de incumplimiento por parte del gobierno colonial de Puerto Rico sobre las recomendaciones del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC), establecido por la Ley 33-2019.
1. Falta del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático
La Ley 33-2019 exigía que el CEACC preparara y presentara un Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático en un plazo de un año desde su aprobación (2019). Sin embargo, después de más de cinco años, el plan aún no existe. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) incumplió con esta obligación legal fundamental, lo que ha llevado a organizaciones ambientales como Amigos del Río Guaynabo y El Puente a presentar demandas judiciales (incluyendo una petición de mandamus) para exigir el cumplimiento de la Ley.
Este plan es el documento rector que debería establecer la hoja de ruta para toda la política climática de Puerto Rico. Sin el Plan, el archipiélago carece de una estrategia estructurada para enfrentar huracanes, aumento del nivel del mar y otros fenómenos climáticos extremos.
2. Incumplimiento de las metas de energía renovable
La Ley 33-2019 estableció metas progresivas para la transición energética: 20% de energía renovable para 2022, 40% para 2025, 60% para 2040 y 100% para 2050. Sin embargo, hoy apenas un 3% de la energía eléctrica en Puerto Rico es generada con fuentes renovables, una cifra dramáticamente inferior a la meta del 20% que ya debía haberse alcanzado.
Además, la ley exige la erradicación de la energía a base de carbón y la transición hacia un modelo independiente de combustibles fósiles. El CEACC ha estado monitoreando este incumplimiento, pero el gobierno no ha implementado las políticas necesarias para acelerar esta transición, dejando a Puerto Rico dependiente de fuentes de energía contaminantes y vulnerables ante desastres naturales.
3. Incumplimiento en la flota vehicular del gobierno
La Ley 33-2019 estableció que, a partir de enero de 2020, el gobierno no podía comprar vehículos que funcionen con combustible fósil, y que para 2028 toda la flota pública debe ser de vehículos eléctricos o híbridos. A pesar de que el CEACC ha estado trabajando con la Administración de Servicios Generales para facilitar el cumplimiento, el gobierno continuó adquiriendo vehículos convencionales y no ha logrado la transición obligatoria.
Esta falla no solo incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también contradice el mandato legal de reducir la dependencia de combustibles fósiles en el sector transporte.
Más contexto
El CEACC ha emitido múltiples recomendaciones específicas que tampoco han sido implementadas, como:
• Reducir las pérdidas de agua de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) del 60% al 17%
• Reutilizar el 100% de aguas residuales tratadas
• Prohibir plásticos y poliestireno de un solo uso en 3 años
• Sembrar 500,000 árboles nativos en 5 años (con una meta de 100,000 árboles anuales).
El incumplimiento sistemático ha sido tan grave que el propio CEACC, en su facultad legal, puede imponer multas a agencias gubernamentales que incumplan reiteradamente, aunque esto requiere un reglamento aprobado por la Comisión Conjunta de la Legislatura que aún no se ha gestionado.