(San Juan) – Un análisis de los donativos a las campañas políticas en los primeros siete meses de este año reveló que los inversionistas beneficiados por las exenciones contributivas de la Ley 22 favorecieron con más de 62,400 dólares a tres de los principales candidatos de las elecciones del próximo 5 de noviembre.
La candidata a la gobernación Jenniffer González Colón; el alcalde de San Juan, Miguel Romero, y el alcalde de Dorado, Carlos López Rivera, fueron los más beneficiados por donativos de Ley 22 en los meses de enero a julio de este año de elecciones generales, según los datos más recientes de la oficina del Contralor Electoral y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) que fueron analizados por una coalición de organizaciones comunitarias.
Los donativos de 2024, sumados a los que personas beneficiarias de la Ley 22 han hecho desde el inicio del programa hace más de una década, totalizan al menos un millón 220 mil dólares en aportaciones electorales en Puerto Rico.
“Es muy probable que las cifras reales sean más altas ya que algunos donativos aún no están disponibles en la base de datos de la Oficina del Contralor Electoral, las identidades de algunos beneficiarios no se han podido corroborar y no incluimos candidatos que perdieron en primarias. Lo verdaderamente alarmante es que en nuestro primer informe incluimos 20 candidatos, los cuales totalizaron alrededor de $900,000 en 10 años. Sin embargo, este segundo informe contempla menos (11) candidatos, los cuales totalizan sobre $200,000 en solo 7 meses”, explicó el Lcdo. Julio López Varona, director de campañas de la organización Democracia Popular.
“Este informe no es más que un retrato de los candidatos y gobernantes que no han atendido los reclamos de las organizaciones y comunidades con respecto a la Ley 22 y ya sabemos por qué. Este aumento sustancial en los donativos confirma la pertinencia de nuestro reclamo de transparencia por parte del gobierno, a la vez que demuestra cómo estos beneficiarios influencian nuestros políticos para que continúen defendiendo sus intereses”, agregó López Varona.
El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, también recibieron cuantiosas donaciones de dichos inversionistas durante los primeros meses de 2024, pero tras perder las primarias de sus partidos en junio fueron excluidos de este análisis.
Otros candidatos beneficiados, aunque con cantidades menores, fueron el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Jesus Manuel Ortiz, los candidatos a comisaría residente por el PPD y el PNP, Pablo José Hernández y William Villafañe, los representantes José Pérez Cordero y Jorge Navarro Suárez, y el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, quien aspiró en primarias por la candidatura del PPD a la gobernación.
López Varona advirtió que “estas cifras representan un estimado conservador del total de donaciones, ya que solo se incluyeron las personas beneficiarias de la ley 22 cuya información es verificable. Además, los datos puntuales sobre las donaciones de 2024 no siempre figuraban en la base de datos de la Oficina del Contralor Electoral”.
Acceda al informe completo aquí. Para más información visite prnosevende.com o textea “Ley22” al 25463.
La coalición de Puerto Rico No Se Vende, Hedge Clippers y Democracia Popular habían publicado en mayo pasado un informe sobre el enorme acceso e influencia que los beneficiarios de la Ley 22 tienen sobre los cargos electivos en Puerto Rico. Entre 2013 y 2023, los beneficiarios de Ley 22 donaron a candidatos para 21 cargos públicos electos, además de donaciones directas al PPD y PNP.
En el informe anterior se descubrió que más de 20 políticos recibieron 902,044 dólares de parte de donantes de ley 22, mientras que los comités del PNP y PPD recibieron 121,547 dólares en conjunto.
En total, los beneficiarios de ley 22 han donado más de 1,220,000 dólares a campañas políticas de Puerto Rico entre 2013 y 2024.
De enero a julio de 2024, las nuevas divulgaciones electorales revelan que las personas beneficiarias de la Ley 22 han donado más de $210,000 a figuras políticas de Puerto Rico.
| Figura política | Mandato | # de donaciones de la Ley 22 (2024) | Monto en dólares de las donaciones de la Ley 22 (2024) |
| *Pedro Pierluisi | Gobernador (el mandato termina en enero de 2025) | 33 | $90,440 |
| Jenniffer González Colón | Comisionada residente de Puerto Rico (actual candidata a la gobernación) | 13 | $33,900 |
| Miguel Romero | Alcalde (San Juan) | 5 | $10,400 |
| Carlos López Rivera | Alcalde (Dorado) | 6 | $18,100 |
| *Rafael “Tatito” Hernández Montañez | Cámara de Representantes | 13 | $37,300 |
| Jesús Manuel Ortiz González | Cámara de Representantes; (actual candidata a la gobernación) | 3 | $7,700 |
| William Villafañe Ramos | Senado; candidato, Comisionada residente de PR | 2 | $2,000 |
| Pablo Jose Hernandez Rivera | Candidato, Comisionada residente de PR | 1 | $3,300 |
| José Pérez Cordero | Cámara de Representantes | 2 | $3,600 |
| Luis Javier Hernández Ortiz | Alcalde (Villalba) | 1 | $3,100 |
| Jorge Navarro Suárez | Cámara de Representantes | 1 | $1,000 |
| Subtotal | 80 | $210,840 |
*No es candidato en las elecciones generales del 5 de noviembre de 2024.
Tres principales candidatos beneficiados en detalle
Jenniffer González, candidata a la gobernación por el PNP
De las figuras políticas actualmente en las papeletas del 5 de noviembre, la principal en recibir donaciones adicionales de Ley 22 en este año fue la Comisionada Residente de Puerto Rico en Washington y candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), con 33,900 dólares. Esta cifra sumada a los 84,900 dólares en donativos que recibió entre 2013 y 2023, totaliza 118,800 dólares para González.
Entre las mayores donaciones a González fueron de Charles “Charlie” y Kathleen “Kate” Hamilton, quienes fundaron y forman parte de Caprock Partners, Los Hamilton recibieron la exención contributiva bajo la Ley 22 en 2014. Charlie Hamilton, también socio gerente de dos empresas de desarrollo de terrenos residenciales en Texas, en 2021 recibió del Gobierno de Puerto Rico la transferencia de los muelles de Bahía Urbana en el Viejo San Juan al consorcio privado mediante un contrato de arrendamiento que podría extenderse hasta 80 años. CapRock Partners, fondo de la familia Hamilton, fue parte de este negocio.
Varios grupos comunitarios y ambientales han expresado su profunda preocupación por este megaproyecto turístico por el impacto de las islas flotantes en la vida marina y los ecosistemas de la bahía. A residentes y pequeños negociantes del Viejo San Juan les preocupa que el proyecto acelere la gentrificación y anteponga los intereses de los negocios extranjeros a los de la comunidad empresarial puertorriqueña.
La familia Hamilton (Charles, Kathleen y sus dos jóvenes hijos Conrad y Carson) donaron en conjunto a las mismas figuras políticas. El 23 de mayo de 2024, tres de ellos donaron la cantidad máxima a González.
El récord de González respecto a la Ley 22/60, de beneficios contributivos a inversionistas, ha sido de evasivas al tema. El año pasado, El Nuevo Día citó a González opinando que la Ley 22 (parte de la Ley 60) “ya cumplió su propósito y es hora de derogarla o modificarla considerablemente”. Sin embargo, desde entonces, González no ha hecho un compromiso público a tales efectos.
Cuando se aprobó la Ley 22 en el 2012 González presidía la Cámara de Representantes. En 2023, cuando grupos comunitarios, incluidos los de la coalición Puerto Rico No Se Vende, se reunieron con su equipo de trabajo en su oficina de Washington, DC, fueron evasivos sobre la posición de la Comisionada sobre la ley. La candidata tampoco fue incluida como firmante en una reciente carta de una docena de congresistas, incluyendo varias congresistas puertorriqueñas, en la que se pedía una mayor transparencia en la aplicación de la Ley 22 por parte del Servicio de Rentas Internas federal (IRS).
Miguel Romero Lugo, alcalde de la capital y candidato a la reelección por el PNP
Los beneficiarios de la Ley 22 donaron 151,270 dólares entre 2013 y 2023 al alcalde. Este año dieron 10,400, que sumado a lo anterior resulta en un total de 161,670 dólares para Romero Lugo.
Las donaciones destacadas fueron de Brock Pierce, multimillonario de criptomonedas que obtuvo las exenciones de Ley 22 en 2018. La revista Forbes lo ubica entre las personas más ricas en criptomonedas y su capital neto se estima en mil millones de las monedas virtuales. Pierce ha sido objeto frecuente de protestas contra la gentrificación en Puerto Rico. Pagó 18.3 millones por un hotel en Vieques que había permanecido cerrado desde el huracán María y es propietario de un edificio histórico de 5 millones de dólares en el Viejo San Juan, el cual describe como su “casa club”.
La administración del alcalde de San Juan ha enfrentado la presión comunitaria por su inacción en asuntos relacionados con la Ley 22. En 2022, la comunidad de Puerta de Tierra le pidió que atendiera el acelerado desplazamiento de sus barrios a consecuencia de inversiones bajo la Ley 22. Romero supuestamente entabló negociaciones con Logan Paul (youtuber, boxeador y beneficiario de ley 22) para vender un antiguo centro comunitario en el histórico distrito de La Perla sin la consulta ni participación de la comunidad.
Carlos López Rivera, alcalde de Dorado y candidato a la reelección por el PPD
De 2013 a 2023 recibió donaciones de la Ley 22 de 96,100 dólares. Hasta julio de 2014 había recibido 18,100. En total por los 11 años ha recibido 114,200 dólares.
Los principales donantes al alcalde de Dorado son Michael y Suzanne McCloskey, fundadora de Fair Oaks Farms de Indiana, una de las granjas más grandes de Estados Unidos (con 36,000 vacas), además acusada de trato indebido a los animales. Michael, de madre puertorriqueña, al regresar a Puerto Rico recibió las exenciones contributivas de la Ley 22 en 2015 y su esposa recibió el estatus de exenta en 2016. En un momento se rumoró que la administración Trump consideraba a Michael McCloskey para ser secretario de Agricultura.
“Al parecer, la familia McCloskey se pone de acuerdo para hacer las donaciones en conjunto a los mismos políticos, en un mismo día, por el máximo permitido por ley”, opinó López Varona. El 15 de abril de 2024, cinco integrantes de la familia McCloskey donaron $15,000 en conjunto a López Rivera, según los registros públicos de las declaraciones de financiamiento de campaña y las aportaciones políticas de sus familiares Jackeline, Augustus y John Michael McCloskey.
López Rivera es el alcalde del segundo municipio con más residentes beneficiarios de la ley 22. El primero es San Juan. De 2013 a 2023, este alcalde recibió 75 donaciones de ley 22 por un total de 96,100 dólares más otros 18,100 en los primeros seis meses de 2024.
El alcalde de Dorado encargó a una firma de arquitectura el desarrollo de “Dorado Vision 2025”. Sus intentos de atraer inversionistas del extranjero y personas beneficiarias de la ley 22 funcionaron ya que uno de cada 10 beneficiarios vive en Dorado. En 2022, una mansión fue comprada por un multimillonario de las criptomonedas e inversionista por el precio récord de $40 millones. Mientras, los precios de las propiedades se han disparado en Dorado, donde el precio promedio de venta de viviendas de más de un millón de dólares multiplicó hasta alcanzar los $6.2 millones en 2022 a consecuencia de los decretos de exención, según reportes de prensa.
Recomendaciones políticas
“A la luz de todos estos hallazgos, reiteramos la urgente necesidad de rechazar la influencia política de los beneficiarios de la ley 22. Tenemos que reformar este sistema y abolir la legislación vigente”, afirmó el director de proyectos para la Democracia Popular.
“Las personas que aspiren a cualquier puesto electivo en Puerto Rico, sin importar su nivel, deben comprometerse a rechazar cualquier aportación a sus campañas proveniente de beneficiarios de ley 22 debido a la enorme influencia que tienen estos donativos en el sistema electoral puertorriqueño”, dijo.
“Además, cualquier candidato o candidata que haya aceptado donaciones de la ley 22 le pedimos que devuelva los fondos, tal como lo permite la legislación vigente”, manifestó López Varona.
La coalición de organizaciones propone lo siguiente:
● El Gobierno de Puerto Rico debe investigar el impacto de la ley 22 en el costo y accesibilidad de la vivienda, con especial atención a las comunidades marginadas.
● Los departamentos de Desarrollo Económico y Comercio y de Hacienda deben mejorar la supervisión, aplicación y auditoría de los decretos de ley 22 y publicar la información requerida sobre las personas beneficiarias del programa.
● Como las leyes 22/60 no han cumplido su objetivo de mejorar el desarrollo económico de Puerto Rico y por el contrario sus repercusiones en las comunidades puertorriqueñas han sido negativas, la Asamblea Legislativa debe abolir el conjunto de Ley 22/60.
Cuál es el problema de la Ley 22
● Priva a la isla de ingresos fiscales: El informe de gastos tributarios de Puerto Rico para 2023 revela que el Gobierno dejó de percibir aproximadamente 2,220 millones de dólares en ingresos relacionados con la Ley 22 entre 2017 y 2023. Aunque se argumenta que la ley estimulará la economía, se calcula que Puerto Rico perderá 4,400 millones en ingresos entre 2020 y 2026 por este concepto.
● Empeora la crisis de vivienda: Las personas de alto poder adquisitivo que se benefician de las exenciones de la Ley 22 están acaparando propiedades y especulando en el mercado inmobiliario. Su codicia está disparando el costo de la vivienda y desplazando a puertorriqueño de sus hogares. Se está desalojando y excluyendo del mercado a residentes de largo plazo para dar preferencia a las inversiones y alquileres vacacionales a corto plazo.
● Daños al medio ambiente: La llegada de inversionistas también ha tenido graves repercusiones ambientales. Estas personas compran propiedades cerca de la costa y otros entornos naturales donde causan daño a las playas y han deforestado manglares en lugares como Salinas y la cueva Las Golondrinas en Aguadilla.
Métodología del estudio
Los datos sobre el financiamiento de la campaña de 2024 que figuran en este informe se descargaron de la base de datos de donaciones de la Oficina del Contralor Electoral y se analizaron en septiembre de 2024. (https://serviciosenlinea.oce.pr.gov/PublishedDonor/Search) y de la base de datos de la Comisión de Elecciones Federales sobre los cargos federales, como el de la comisionada residente (https://www.fec.gov/data).
Los datos de las personas beneficiarias de la Ley 22/60 se obtuvieron del sitio web del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (https://www.desarrollo.pr.gov/acceso-informacion).
Las declaraciones y los totales de la campaña de 2024 están disponibles en https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i31bF7IWoNQSkZdZCFIvleKxyGpHlOt4kpNQYOPf6-I/edit?gid=162645327#gid=162645327
Para más información sobre los métodos del informe ver el detalle en https://www.populardemocracy.org/news/publications/dolor-y-lucro-la-influencia-de-las-donaciones-bajo-la-ley-22-en-las-elecciones