(San Juan) – El viernes 13 de septiembre, dos individuos fueron condenados por la destrucción, remoción y relleno de humedales protegidos en Puerto Rico en violación de la Ley de Aguas Limpias de Estados Unidos, informó la Fiscalía Federal de Estados Unidos en Puerto Rico.
La juez Gina R. Méndez-Miró, del Tribunal de Federal del Distrito de Puerto Rico, condenó a Rafael Carballo-Díaz, de 51 años, a 12 meses de prisión, un año de libertad supervisada y una multa de 4,000 dólares.
Según los documentos judiciales, a partir de julio de 2020, Carballo-Díaz destruyó, removió y rellenó zonas de humedales de manglares en la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de la Bahía de Jobos (JBNERR) en Las Mareas, Puerto Rico.
A pesar de carecer de permiso, rellenó la zona con material de cantera, la cercó, colocó al menos seis viviendas móviles en la propiedad y añadió una piscina. Luego, bautizó la propiedad con el nombre de “Cacique Resort” y alquiló las unidades por Internet como propiedades vacacionales de corta duración.
Nathaniel Hernández-Claudio, administrador de la propiedad de Carballo-Díaz, Cacique Resort, fue condenado por el juez Méndez-Miró a 12 meses de libertad condicional por su papel en el rellenado de la propiedad. Tanto Carballo-Díaz como Hernández-Claudio fueron acusados en diciembre de 2023 y se declararon culpables en julio.
Los manglares, como los destruidos por los acusados, son fundamentales para las infraestructuras, economías y ecosistemas locales porque pueden limitar los daños de inundaciones y tormentas, reducir la contaminación y proporcionar hábitat a numerosas especies marinas y en peligro de extinción.
El JBNERR fue designado reserva en 1981 para proteger los humedales y estudiar la situación biológica y sociales del hábitat estuarino, así como ofrecer oportunidades recreativas y educativas a las comunidades locales. La reserva alberga al pelícano pardo, el halcón peregrino, la tortuga carey y el manatí antillano, especies en peligro de extinción.
El Congreso promulgó la Ley de Aguas Limpias en 1972 para proteger y mantener la integridad de las aguas de Estados Unidos. Prohíbe el vertido de cualquier contaminante y material de relleno en las aguas de Estados Unidos, salvo que se obtenga un permiso del gobierno de Estados Unidos.
Este caso forma parte de una investigación en curso sobre la destrucción de humedales en Puerto Rico. Entre las personas acusadas anteriormente se encuentran Luis Enrique Rodríguez-Sánchez, condenado en junio; Awildo Jiménez-Mercado, condenado el 11 de septiembre; y Pedro Luis Bones-Torres, cuya condena está prevista para el 7 de noviembre.
El fiscal general Adjunto Todd Kim, de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Departamento de Justicia, y el Fiscal Federal W. Stephen Muldrow, del Distrito de Puerto Rico, hicieron el anuncio.
La División de Investigación Criminal de la Agencia de Protección del Medio Ambiente y el FBI investigaron el caso, con el apoyo del Grupo Especial de Delitos contra el Medio Ambiente de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE.UU.
El fiscal Patrick M. Duggan, de la Sección de Delitos Medioambientales del Departamento de Justicia, y el ayudante del fiscal Seth A. Erbe, del distrito de Puerto Rico, llevan el caso.