(Arecibo, 13 de septiembre del 2022)- La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) confirmó a Marea Ecologistaque investiga bajo el Clean Water Act la operación de una cantera ilegal que Caribbean Island Construction (CIC) estableció en la zona protegida del karso, en lugar de dragar el embalse de la Planta Los Filtros Doctor Antonio Santiago Vázquez (Superacueducto), como había pactado con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
El oficial de información de EPA, Región2, Stephen McBay, confirmó la etapa en la que se encuentra la pesquisa federal mediante un correo electrónico dirigido a este reportero.
“La EPA tiene una investigación en curso sobre este caso bajo la Ley federal de Agua Limpia (CWA, por sus siglas en inglés) y, de acuerdo con las prácticas de la agencia, no podemos proporcionar información sobre la investigación en este momento”, dice el correo electrónico firmado por el señor McBay.
Screenshot del email del señor McBay enviado a este reportero.
La nueva información surge luego que Marea Ecologista le pidiera una reacción oficial a la agencia federal, tras esta pesquisa periodística revelar la semana pasada mediante prueba de video y fuentes anónimas que CIC sigue operando su negocio de cantera ilegal, burlando la orden de cese y desista que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) implementó desde el 29 de junio, así como la orden de paralización de trabajos de la AAA del mismo mes.
Ambas agencias se supone que elaboraran un protocolo para el manejo de los trabajos del dragado -que nunca se han llevado a cabo- para la protección de aves acuáticas nativas y migratorias, algunas de ellas en peligro de extinción, como la chiriría, por ejemplo, que han regresado al embalse.
El pasado 27 de junio EPA informó que comenzó a investigar la operación industrial de cantera ilegal que CIC estableció en la zona protegida del karso.
“La EPA se enteró recientemente de este caso y actualmente está bajo investigación. La EPA también tiene que coordinar la investigación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. (USACE) bajo la Ley de Ríos y Puertos y la Ley de Agua Limpia. Se requieren permisos de la Sección 10 de la Ley de Ríos y Puertos y/o la Sección 404 de la Ley de Agua Limpia para la construcción de estructuras o se necesita relleno para realizar el trabajo dentro de las Aguas de los Estados Unidos”, dijo entonces Carmen Guerrero, Directora de la División de Protección Ambiental del Caribe, EPA Región 2, en una comunicación oficial enviada a EyBoricua.com y Bonita Radio.
Un mes más tarde -el 26 de julio- esta pesquisa periodística se enteró que el caso de la cantera ilegal de CIC, en Arecibo, estaba entre el tope de prioridades de la agencia federal.
EPA cuenta con recursos especializados liderando la pesquisa, con conocimiento técnico y peritaje en las áreas de ingeniería ambiental, permisos, jurisprudencia relacionada al Clean Water Act, así como a un especialista en ríos que viajó desde Estados Unidos para trabajar en el caso.
Asimismo, el 20 de julio la agencia federal inspeccionó las inmediaciones de la Planta de Filtros Doctor Antonio Santiago Vázquez junto a personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USCAE, por sus siglas en inglés) y la AAA.
La inspección del 20 de julio fue confirmada por dos fuentes de Marea Ecologista y fue parte de las argumentaciones que hicieron las partes durante la vista administrativa del viernes 22 de julio, en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), en la que se discutió la orden de cese y desista que la secretaria interina, licenciada Anaís Rodríguez, emitió contra las operaciones de CIC.
REPRESENTANTE NOGALES BUSCA RESPUESTAS
Por su parte, la representante Mariana Nogales Molinelli se presentó la pasada semana a las inmediaciones de la operación de la cantera de CIC tras ser advertida por personas y fuentes cercanas a la zona sobre la presencia de automóviles de funcionarios del DRNA y la AAA que estaban en el lugar.
Nogales acudió al predio para cumplir con sus funciones legislativas y en respaldo a la Resolución de la Cámara 785 del 29 de junio del 2022 que “ordena a la Comisión de Recursos Naturales/Asuntos Ambientales y Reciclaje de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que realice una investigación exhaustiva sobre el contrato otorgado por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a la empresa Caribbean Island Construction (CIC) para el Dragado del Embalse de Agua Cruda y Toma de Agua de la Planta de Filtros Dr. Antonio Santiago Vázquez ubicada en Arecibo; la operación de extracción y venta de material de corteza terrestre que se está llevando a cabo allí; y los hallazgos de la investigación realizada por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) sobre violaciones a legislación protectora del ambiente en ese lugar”.
“El 19 de mayo de 2022 presentamos una querella en el Sistema Único de Permiso ante alegaciones de una cantera ilegal y la destrucción de un mogote bajo el pretexto y un permiso de dragado con la AAA. El 29 de junio de 2022 presentamos la Resolución de la Cámara 785 para investigar esta situación. De igual manera en la misma fecha cursamos cartas a las secretarias del DRNA y de la Autoridad de Carreteras solicitando el estatus de la orden de diligenciamiento de la orden de cese y desista contra CIC a la primera y copia del expediente de subasta a la AAA. El 7 de septiembre acudimos al lugar para investigar la situación sin éxito. Como resultado de dichos trámites hemos podido lograr que la comisión de recursos naturales de la cámara comience a hacer trámites conducentes a la investigación”, dijo la representante Nogales en una declaración escrita enviada a la redacción de Marea Ecologista.
En este video -obtenido la pasada semana- se puede apreciar el impacto actual del negocio de cantera a escala industrial que CIC mantiene en la zona protegida del karso, para el cual se extrajo material del mogote aledaño, se han alterado unas 15 cuerdas de terreno, construido charcas de retención y utilización de franquicia de aguas del pueblo de Puerto Rico sin que medie una dispensa y autorización del DRNA, que en su lugar le permitiría a la agencia cobrar por su uso y explotación.
“Esperamos pronto poder investigar a profundidad lo que a todas luces parece ser otro crimen ambiental contra el erario”, finalizó la representante Nogales en su declaración escrita.