(Cabo Rojo | San Juan) – Marea Ecologista, conversa con Jannette Ramos, vecina de la comunidad y Guarionex Padilla Marty, del podcast Plan de Contingencia y también vecino de Joyuda, sobre el aumento de construcciones ilegales en la zona marítimo terrestre (ZMT), que han sido objeto de denuncias de parte de la comunidad de este barrio caborrojeño.
Comenzamos comentando las notas de seguimiento al reportaje principal de Marea Ecologista que recogía las denuncias de la comunidad sobre las construcciones ilegales en la zona marítimo terrestre y que no han recibido la atención debida de parte de las autoridades municipales, estatales, como el Departamento de Recursos Naturales (DRNA), Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), o federales, como el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, (USACE, por sus siglas en inglés).
La primera nota de seguimiento que discutimos es Alcalde de Cabo Rojo no responde a reclamos de comunidad de Joyuda ante aumento de construcciones “ilegales” en la zona marítimo terrestre.
Marea Ecologista emplazó al alcalde Jorge Morales Wiscovitch para que respondiera a las denuncias presentadas por la comunidad, quien decidió no contestar, mientras luego supimos que durante los días en los que publicó el reportaje, Morales estaba en la calle apoyando la campaña de reelección del gobernador Pierluisi.
Todo esto, aunque el Municipio Autónomo de Cabo Rojo tiene dos resoluciones (#24 y #25) que respaldaban una moratoria a las construcciones en la ZMT. Guarionex Padilla Marty explica el proceso político de aprobación de estas resoluciones y su contenido en el contexto de una estrategia a nivel del archipiélago de respaldo a los proyectos del senado (#32 y #43) y la cámara, (#115 y #116) que desde el 2021 plantean declarar una moratoria las construcciones en la ZMT y la creación de una nueva ley de costas.
De otra parte, Jannette Ramos explica cómo se relacionan los ecosistemas costeros y terrestres de Joyuda y Cabo Rojo, que mencionan las resoluciones y analizamos cuál es el impacto de la actividad antropogénica en estos ecosistemas que también son vitales para la continuidad de la llamada economía azul (pesca, del mar, recreación, etc.) de la que se beneficia Cabo Rojo.
Jannette y Guarionex también reflexionan sobre cómo la actividad antropogénica reciente, particularmente el relleno y tala de bosque de mangle para nuevas construcciones inciden en el comportamiento de las aguas de escorrentías e inundaciones, con especial atención a la experiencia vivida por la comunidad tras el paso del huracán Fiona por el archipiélago de Puerto Rico hace dos años.
Discutimos la orden de cese y desista emitida por el DRNA contra dos vagones y relleno de playa con rocas en la PR-102, los otros tres casos reseñados en el reportaje principal, con énfasis en el caso aún bajo investigación del desarrollo de una piscina ‘infinity’ y la remodelación de una residencia que se alquila en las principales plataformas de alquileres a corto plazo (ACP). Repasamos las querellas radicadas y aun bajo investigación.
Emplazamos al Cuerpo de Ingenieros a que fiscalice la construcción de muelles ilegales y que utilice la misma energía en esta labor a la que le otorga a su locuaz insistencia en canalizar los ríos y quebradas de Puerto Rico, con soluciones retrógradas y obsoletas, en lugar de emplear soluciones basadas en la naturaleza como sí hacen en otras jurisdicciones en Estados Unidos.
También rememoramos, cómo hace dos años, y mientras colaboraba con los colegas de EyBoricua! investigamos y reportamos cómo el señor Moisés Sánchez Loperena, expresidente de Junta de Subastas de la Autoridad de Carreteras (ACT) se intentó apropiar de 30 pies de playa en la comunidad de Joyuda, mediante una concesión de uso fatula y disparatada que le otorgó el exsecretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), licenciado Rafael Machargo.
Finalmente, discutimos otras denuncias ambientales ubicadas en el Municipio de Cabo Rojo y que están plasmadas en el Mapa de Costas de la organización Amigxs del M.A.R.