La Junta de Directores de la Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR), presidida por el Dr. Héctor S. Tavárez Vargas, emitió formalmente la Resolución 2026-02 para exigir la cancelación inmediata de todos los permisos otorgados al megaproyecto turístico Esencia en Cabo Rojo.
Tras una evaluación rigurosa y unánime, el gremio profesional concluyó que la propuesta no representa una verdadera creación de riqueza neta ni desarrollo sostenible para el país, sino un esquema de despojo territorial que exacerba la desigualdad y vulnera los ecosistemas del suroeste.
El mito de los empleos precarios y la economía de enclave
La resolución desmitifica las promesas laborales de la desarrolladora. La mayoría de las plazas anunciadas corresponden a puestos de baja remuneración en hostelería y mantenimiento, cercanos al salario mínimo y carentes de estabilidad o beneficios marginales.
Además, citando datos de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), la AEPR enfatiza que el sector ya enfrenta miles de vacantes no cubiertas (el 77.7% de los comercios encuestados reportó plazas sin llenar).
En lugar de generar empleo neto, el proyecto simplemente canibalizará la fuerza laboral de comercios locales existentes. A esto se suma que los incentivos y exenciones contributivas concedidas a capitales extranjeros propician la fuga de ganancias fuera del archipiélago, mientras el pueblo asume el costo de la infraestructura, seguridad, manejo de desperdicios y mantenimiento vial.
Alerta por saqueo de agua y riesgo de intrusión salina
En el plano socioecológico, el informe económico valida las advertencias de la comunidad y del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Ante la incapacidad de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para suplir la demanda del complejo de lujo, los desarrolladores pretenden extraer hasta 1.5 millones de galones diarios de agua subterránea.
Esta extracción masiva en una zona propensa a sequías amenaza con acelerar la intrusión salina y degradar de forma irreversible el acuífero del suroeste. Según la AEPR, el tratamiento mediante ósmosis inversa no corrige el impacto del bombeo excesivo, imponiendo un riesgo inaceptable sobre el capital natural y la seguridad hídrica de Cabo Rojo.
Exigencia de revocación total de permisos
Por último, los economistas denuncian que la orientación al mercado de ultralujo encarecerá el suelo, agravando la crisis de acceso a la vivienda y acelerando el desplazamiento de las comunidades locales.
Al contabilizar los costos ambientales, la presión sobre los servicios públicos y los riesgos climáticos, la AEPR concluye que los supuestos beneficios no justifican el daño social. Por ello, la organización exhorta a las agencias gubernamentales a frenar cualquier autorización adicional y revocar las licencias ya concedidas a este desarrollo extractivo.
