La revolución de la Inteligencia Artificial (IA) avanza a un ritmo vertiginoso en el sector corporativo, pero sus salvaguardas éticas, ambientales y laborales se han quedado dramáticamente rezagadas.
Un nuevo informe publicado en 2026 por la Fundación Thomson Reuters y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), titulado Responsible AI in practice: 2025 global insights from the AI Company Data Initiative, divulga una gran brecha entre el discurso público de las empresas y sus prácticas reales de gobernanza.
Al analizar una base de datos global de casi 3,000 empresas, el estudio revela que el despliegue operativo de la IA supera la implementación de medidas que protegen a la clase trabajadora, a las comunidades y a los ecosistemas.
La adopción tecnológica supera a la gobernanza
Aunque el 43.7% de las compañías encuestadas afirman tener una estrategia o guías generales para el uso de la IA, solo un 13% informa que alinea su estrategia de manera oficial con un marco formal de gobernanza. De este reducido grupo de empresas, el 53% cita la Ley de IA de la Unión Europea (EU AI Act) como su marco de referencia, perfilándose como un estándar global.
Sin embargo, el compromiso suele diluirse en la práctica. La mayoría de las organizaciones describen su gobernanza a un nivel conceptual. Aunque un 40% afirma tener supervisión de la IA a nivel de junta directiva o comités, esto raramente se traduce en controles operativos diarios, asignación de recursos o mecanismos de rendición de cuentas claros cuando los sistemas fallan o cometen errores.
El costo ecológico silenciado
El hallazgo más preocupante de este informe es la marginación del impacto ambiental. El entrenamiento de modelos de IA y el mantenimiento de infraestructuras en la nube requieren cantidades masivas de energía y recursos.
La Agencia Internacional de Energía (IEA) estima que el consumo eléctrico global de los centros de datos alcanzó los 415 TWh en 2024 y proyecta que se duplicará a más de 945 TWh para el 2030, una cifra equivalente al consumo eléctrico anual de Japón.
A pesar de esta monumental huella de carbono, apenas el 11% de las empresas que aseguran realizar evaluaciones de impacto sobre sus sistemas de IA reportan llevar a cabo Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). La crisis climática y la gestión de emisiones están siendo tratadas como consideraciones secundarias por la industria tecnológica.
Trabajadores y derechos humanos en el punto ciego
El panorama no es más alentador para los derechos humanos. A medida que la IA reconfigura los centros de trabajo, posibilitando la vigilancia automatizada y alterando funciones, las protecciones son escasas. Solo el 14% de las empresas evidenciaron tener políticas específicas para mitigar los impactos negativos de la IA sobre sus trabajadores.
Aún más revelador es que el 72% de las compañías no reportan realizar ningún tipo de evaluación de impacto de la IA. Entre las pocas que evalúan sus sistemas, apenas un 7% realiza Evaluaciones de Impacto sobre los Derechos Humanos y un 5% ejecuta Evaluaciones de Impacto Ético.
La gestión de riesgos corporativos se centra desproporcionadamente en la privacidad de los datos y la ciberseguridad, ignorando cómo estas tecnologías pueden exacerbar desigualdades.
La opacidad en los datos de entrenamiento
La raíz de muchos de estos riesgos sociales reside en los datos que alimentan a los modelos. El 76% de las empresas que dicen alinearse con marcos de gobernanza formales no muestran evidencia de tener políticas para evaluar la calidad o equidad de los datos utilizados para entrenar sus sistemas de IA.
Esta situación se agrava en las complejas cadenas de suministro digital. Solo una de cada cinco empresas con estrategias de IA reporta tener políticas para regular el intercambio de datos con proveedores externos.
Sin controles estrictos, los datos mal documentados pueden integrar sesgos discriminatorios y violaciones de privacidad que permanecen invisibles para quienes terminan implementando la tecnología. Además, solo un 16% de las organizaciones permite a los usuarios solicitar la eliminación de su información para que no sea procesada por una IA.
Ante este panorama de negligencia documentada, resulta evidente que la autorregulación corporativa es una fantasía. Se necesitan leyes y reglamentos compulsorios y fiscalización pública que exija transparencia, protegiendo tanto los derechos fundamentales como la salud de nuestro planeta frente a la voracidad algorítmica.
