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(San Juan)- La secretaria del Departamento de Recursos Naturales (DRNA), Anaís Rodríguez, determinó que no procede la solicitud presentada por el abogado de los suegros de la candidata a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jennifer González, en la que solicitaba la inhibición de la oficial examinadora del caso administrativo que revisa unas supuestas construcciones ilegales y tala de mangle en La Parguera, Lajas. 

El abogado del matrimonio de los señores José del Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera, licenciado Miguel Torres Torres le imputaba prejuicio a la oficial examinadora, licenciada María Ortega Ramírez, quien a su vez solicitó a la secretaria del DRNA que contemplara retirarla ante las insistentes y mendaces prácticas dilatorias de Torres Torres.  

La licenciada Vargas Ramírez -una abogada con más de tres décadas de servicio en el DRNA – rindió un informe del caso y la solicitud de inhibición en la que estipula que Torres Torres “falta a la verdad y tergiversa los hechos y escritos que obran” [en el expediente]. 

El documento Resolución Interlocutoria, estipula que: “Se Declara NO HA LUGAR la inhibición solicitada por la Oficial Examinadora, en el caso de epígrafe y se le instruye a continuar atendiendo el mismo”, firma la licenciada Rodríguez Vega. 

El licenciado Torres Torres insiste desde agosto del 2023 -cuando el DRNA recibió una querella por supuestas violaciones a varias leyes ambientales de Puerto Rico y Estados Unidos- que el equipo legal de la agencia es selectivo con el manejo de este caso y actúa con prejuicio, acusaciones que rechaza la oficial examinadora Ortega Ramírez.  

“En mis más de 27 años actuando como Oficial Examinadora, 30 como funcionaria pública, hasta las imputaciones y acusaciones recibidas en este caso, no había sido tan atacada en mi gestión profesional como lo he sido en el caso de epígrafe, de parte del abogado de los querellados. Debe de haber un límite razonable y ético a la hora de representar los intereses de un cliente y no se puede bajo la alegación de ‘debido procedimiento de ley’ tratar de controlar un caso y esperar o exigir que se acepten todas sus solicitudes a conveniencia y por los fundamentos que él entienda pertinentes”, dice Ortega Ramírez en la Resolución.  

De otra parte, la abogada amonestó a la parte querellada Vargas Cortés y Llavona Rivera y su abogado, cuando señala que “la conducta procesal reiterada de la parte querellada de no cumplir con lo ordenado en el curso del caso de autos está plasmada en todo el expediente”, explica la oficial examinadora sobre unos hechos que ocurrieron durante el pasado mes de abril.  

Puedes descargar la Resolución  

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Por Marcos Pérez Ramírez

Periodista y editor fundador